La gran trampa de la reforma laboral: los expertos alertan de que maquillará el dato de paro en 700.000 personas
Los expertos consideran que se han realizado cambios cosméticos, no una derogación de la norma anterior, y temen por los cambios en su tramitación parlamentaria
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha conseguido un pacto con los agentes sociales que, según los expertos consultados por THE OBJECTIVE, se traducirá en un maquillaje de cifras. Al cambiar el nombre al contrato temporal y ligarse la formación a los periodos de inactividad, habrá unas 700.000 personas que serán parados o temporales sin figurar como tales, sino como demandantes de empleo en formación o fijos discontinuos, explica a este diario el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle, a partir de cálculos de su propia confección.
De este modo, considera Lacalle que el aval de CEOE ha brindado a Díaz «el subterfugio de lucir menos temporalidad y menos desempleados». No solo eso: destaca Lacalle que además el pretendido consenso para la reforma laboral demandada por Bruselas no es tan global como sería deseable. A su juicio, el acuerdo cerrado con CEOE y los sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- solo representa al 11% de las empresas. Una línea en la que coincide el catedrático Benito Arruñada, quien opina que se ha alcanzado una suerte de consenso antisocial que no representa a la mayoría de los trabajadores. Arruñada muestra especial preocupación por la posterior tramitación parlamentaria de la reforma y el juego político que pueda alterarla e incluso tener implicaciones en la solidez del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.
Por otra parte, los expertos detectan que en las modificaciones de última hora se han practicado retoques pro-patronal. Ello pese a que según trasladan a THE OBJECTIVE fuentes del empresariado no sería monolítico, ya que la patronal no ha sido unánime en el aval a la reforma de Díaz y algunas de sus organizaciones aún mantienen su descontento en torno a las modificaciones.
En este sentido el economista Javier Santacruz destaca que de fondo gravita el hecho de que no se han minorado ni los costes de contratación ni los de despido, como refrenda Lacalle, quien también echa de menos una reducción de la burocracia que no se ha producido. Prueba de ello es el periodo de tres meses que se abre para que las empresas adapten los contratos temporales a la nueva norma, único punto que no entra en vigor este miércoles. También destaca Santacruz que, se llame de una manera u otra, los contratos fijos a tiempo parcial serán un medidor de la temporalidad oculta bajo las cifras oficiales, ya que «la temporalidad no desaparece: se oculta». Y refrenda Santacruz que el maquillaje de los datos de paro y temporalidad se encontrará en la horquilla de las 700.000 personas. Algo que no impedirá que en los parámetros internacionales la tasa de paro española siga figurando en los altos niveles que acostumbra, explica el profesor del CEF Juan Fernando Robles, ya que el maquillaje al que alude Lacalle es en paro registrado y no en la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El profesor de la Universidad de Alcalá Juan de Lucio celebra, no obstante, que el proyecto de modificación legal de Díaz no haya constituido una derogación de la reforma de 2012, bajo el Gobierno del Partido Popular, lo cual, a su juicio, habría sido «gravísimo» y saluda que se pueda ya ahuyentar el eslogan de derogación total, que ya no podrá ser blandido por el ala del Gobierno más contraria a la normativa laboral activada por la exministra Fátima Báñez. De hecho, fuentes internas de la negociación reconocen a THE OBJECTIVE que el 95% de la reforma del PP se mantiene intacto. Destaca De Lucio también que el cambio en la prevalencia de los convenios puede deparar efectos inflacionistas en un momento muy poco conveniente, cuando el IPC marca máximos de tres décadas.
En cualquier caso, Lacalle piensa que lo que se ha hecho es cambiar de nombres a algunos contratos sin modificar el sustrato. Y Arruñada destaca, en esta misma línea, que se han tomado medidas para modificar síntomas que aquejan al mercado laboral español, pero no su causa. Lacalle recalca que España, junto con Grecia y Portugal, mantiene uno de los mercados laborales más rígidos, según estadísticas del Banco Mundial, y que estos cambios de nomenclatura no arreglan realmente los problemas del marco de relaciones laborales español, que seguirá tirando de contratos temporales aunque su denominación no sea esa.
Una oportunidad perdida
Por otro lado, preguntado por el encaje sobre la reforma laboral y la de pensiones, Lacalle descarta que la norma acordada por Díaz con los sindicatos opere reequilibrio alguno de las cuentas de la Seguridad Social para mejorar la fortaleza del sistema a la hora de afrontar las futuras jubilaciones de la generación del baby-boom.
Los expertos lamentan que se haya clausurado una oportunidad perdida para arreglar los problemas del mercado laboral español y su ajuste a las características concretas del tejido productivo del país, basado eminentemente en el sector servicios y en actividades estacionales que requieren que el empresario tenga mecanismos de flexibilidad para adaptarse al ciclo.
