Antonio Garamendi: Un hombre sensato

La sensatez es una cualidad que escasea en la España actual. En el mundo de la política no abunda demasiado precisamente. Se lleva más el berrido, el tú más y el desprecio al contrario. Por eso cuando se investiga sobre la biografía y la conducta de Antonio Garamendi (Getxo, 1958) da ganas de conocerlo y hasta de aconsejarle que se retire de su vida cómoda y burguesa y dé el salto a la política. Imagino que no se le pasa por la imaginación ni le tienta hacer eso al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el cargo desde noviembre de 2018 y que en diez meses afronta una complicada reelección.

El patrón de patrones, licenciado en Derecho por Deusto, aficionado a la música, con habilidades de piano y amante de la navegación, pertenece a una de las grandes familias vizcainas de Neguri con gran tradición en el sector naviero. Antes de llegar a la jefatura de la CEOE presidió la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y también la del metal. Actualmente no dirige ninguna de sus compañías.

A Garamendi le tilda el ala más conservadora de la patronal de entreguista, de someterse a los dictados del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez y de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la que tiene una buena relación. Con ésta negoció los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) en plena pandemia, el salario mínimo y el ingreso mínimo vital. Algunos de sus colegas no le perdonan que suscribiera el pasado verano con Sánchez, Díaz y los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y Comisiones Obreras, Unai Sordo, un acuerdo sobre pensiones, cuya firma Moncloa quiso dar demasiado realce en su propio beneficio.

Y menos aún que estampara su firma en el texto de la nueva ley laboral, que reemplazará a la que sacó adelante el Gobierno de Rajoy en 2012 con el apoyo de los empresarios pero la oposición del PSOE y de las fuerzas sindicales. La norma ha recibido críticas en el seno de la CEOE, en particular de las federaciones madrileña y catalana y en los sectores de automoción y agrícola. Pero en general ha contado con el visto bueno empresarial, pues se reconoce que no introduce grandes variaciones a la ley del PP. El actual Gobierno de coalición anunció que uno de sus principales objetivos de la presente legislatura sería la derogación integral de la regulación de 2012. Tanto Sánchez como el entonces líder podemita, Pablo Iglesias, y la ministra Díaz subrayaron que derogar significaba eliminar la que entonces estaba vigente por otra nueva en la que se protegiera más el derecho del trabajador, se redujera el abuso de los contratos temporales y en definitiva se pusiera fin a la precariedad del empleo. España está a la cabeza de la UE en tasas de desempleo (3, 27 millones de parados, 14,1%) y también en el número de contratos temporales precarios. 

En realidad, la nueva, que el Gobierno se afana para que tenga el respaldo parlamentario, no satisface ni mucho menos esas premisas pese a que la vicepresidenta Díaz habla de un acuerdo histórico. Poco a poco Sánchez ha tenido que ir cediendo a las presiones de la Comisión Europea ante la amenaza de tener problemas con el flujo de los fondos europeos postcovid. En dos semanas el decreto ley debe ser votado en el Congreso de Diputados, pero Sánchez y Díaz no tienen todavía los votos suficientes para que salga adelante pues al rechazo de los populares de Pablo Casado se suman las exigencias de los partidos nacionalistas para que prevalezca el carácter autonómico en los convenios colectivos.

Y allí entran en juego Garamendi y la CEOE. El presidente de la patronal ha avisado que si se modifica una coma de lo pactado con el Ejecutivo y los agentes sindicales ya pueden ir pensando en que no tendrán de aliados a los empresarios. Nada es descartable, incluso que se rompa la coalición de socialistas y podemitas si al final el primer ministro tiene que recurrir al voto de Ciudadanos, dispuesto a secundar la ley siempre y cuando no se modifique el redactado y menos aún que se acceda a las pretensiones de los grupos nacionalistas vascos y catalanes. Unidas Podemos no quiere ni por asomo el apoyo de los de Inés Arrimadas. Así están las cosas en el ruedo ibérico nacional.

En el huracán de la tempestad está también Casado. El líder del PP sostiene que no hay razón para que su partido respalde el cambio de una ley que, según él, funcionaba bien. Ni siquiera está dispuesto a abstenerse. Garamendi no niega su incomodidad ante la férrea posición del joven presidente del PP. Sostiene que se trata de cambios menores, cambios que no dañan el eje de la reforma de Rajoy. En una entrevista publicada a principios de enero en El Mundo el jefe de la CEOE declaró: «El documento sobre el que empezamos a trabajar yo lo califiqué de marxista. Tras unas negociaciones difíciles, hemos conseguido mantener la reforma de 2012 prácticamente intacta. Hemos mantenido la esencia clave de la flexibilidad. Mi reforma sería otra diferente, pero lo importante es que el acuerdo con los sindicatos genera una paz social que es un avance enorme para la estabilidad del país».

Garamendi y Casado se vieron las caras a mediados de esta semana en Madrid en un foro sobre el turismo. Había expectación por saber cómo reaccionarían. Los dos hicieron una exhibición de supuesta buena amistad y diplomacia. Todo fueron abrazos y sonrisas. Casado hizo malabares, muy en su estilo, para manifestar que el apoyo de la CEOE a la nueva reforma laboral es perfectamente compatible con la postura del PP de votar en contra. Ninguna de las dos organizaciones se entrometen en sus respectivas acciones, dijo. Garamendi abrazó repetidas veces al joven político conservador y afirmó entre las risas de los  presentes que «tendríamos que hacer como John Lennon y Yoko Ono» cuando convocaron a la prensa en la cama de una habitación de un hotel en Ámsterdam para desmentir los rumores de divorcio. Quién hace de Lennon o de Ono no ha quedado claro.

En cualquier caso, Garamendi se esfuerza una y otra vez por dar un punto de estabilidad a la agitada vida política y social del país. Y es justo reconocérselo. En esa entrevista antes mencionada con El Mundo comentaba: «La política está en general muy radicalizada. Yo creo que los españoles echamos en falta más pactos de Estado, como en Alemania. Aunque sean acuerdos de mínimos. Nos darían tranquilidad…».

Habrá que ver cómo concluye esta historia. Todos los protagonistas, incluido el propio presidente de la CEOE, pueden salir tocados si al final el Gobierno accede a las demandas de los nacionalistas. Sánchez califica a Garamendi como «patriota»” para poner en apuros al PP y desviar la atención consciente de que esto no era lo que él quiso cuando llegó al poder hace dos años y medio y anunció hace dos cuando se constituyó el gobierno de coalición. Tampoco Díaz puede tirar cohetes y proclamar que la reforma de los populares ha sido derogada. Haría bien en moderar  su tono triunfalista. Ni menos Casado, que ya ha anunciado que si el PP gana las próximas elecciones derogará la nueva ley. ¿Derogar un texto que como afirma el presidente de la CEOE introduce mínimos cambios al de 2012?

Garamendi ha dado prueba de no anteponer los intereses suyos a los del Estado. «El objetivo de la representación empresarial era limitar el daño que las soflamas demagógicas del Gobierno y sus socios» pretendían con la derogación de la hasta ahora vigente ley laboral, ha afirmado FAES, el think tank del PP que preside José María Aznar. Como observaba días atrás José Antonio Zarzalejos, el analista político en El Confidencial, hace falta más dosis de Garamendi y menos visceralidad para que  España funcione mejor. Más diálogo, más tolerancia y que el empresario vasco nos toque de vez en cuando al piano una sonata de Beethoven para bajar los ánimos exaltados o con el sintetizador una pieza de rock sinfónico de alguno de sus grupos musicales favoritos de los ochenta como Pink Floyd.