La misión imposible de la SEPI: tiene cinco meses para resolver 60 rescates

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI tiene por delante una misión casi imposible. El organismo dispone de solo cinco meses hasta que expire el plazo para resolver las ayudas solicitadas con al menos 60 expedientes en carpeta y un retraso que podría dejar sin respuesta buena parte de los rescates solicitados.

En 18 meses de funcionamiento el fondo apenas ha aprobado un total de 13 operaciones por importe de 1.536,13 millones de euros –la última el pasado martes-, lo que supone algo más del 28% del importe total solicitado, que asciende a 5.345,4 millones.  El Fasee cuenta con una dotación total de 10.000 millones.

Hasta finales de octubre la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) reconocía la gestión de 69 expedientes, de los que 56 estaban sin resolver. A ellos habría que sumar una decena de nuevas solicitudes presentadas desde esa fecha, según han confirmado fuentes cercanas a la sociedad pública a THE OBJECTIVE. Esto dejaría el total de empresas solicitantes entre los 56 y 66 casos, aunque el organismo público declina hacer pública la cifra actualizada.

Un volumen de solicitudes que en el organismo asumen que será casi imposible de aprobar. El fondo ha extremado las precauciones para evitar otro caso Plus Ultra endureciendo los protocolos y las exigencias para las empresas rescatadas, lo que ha generado un enorme retraso en la gestión administrativa que les llevará al 30 de junio sin los deberes hechos.

Prórroga de las ayudas de la SEPI

La Comisión Europea anunció en noviembre que se ampliaba hasta junio de 2022 el régimen temporal de los programas puestos en marcha por los Estados miembros a raíz de la crisis derivada de la covid-19 y que expiraba el 31 diciembre de 2021. Una extensión que el Gobierno español aprovechó para dar seis meses más al Fasee.

Sin embargo, hasta el momento la nueva prórroga no sirve para que se gestionen las solicitudes con mayor rapidez. Después de que el 18 de noviembre se anunciara la prórroga apenas se han aprobado tres nuevos rescates. El 22 de diciembre se aprobaron  35 millones de euros al Grupo Losán; el 28 diciembre se concedieron  30 millones de euros al Grupo Soho y se dieron 29,3 millones al Grupo Abades en el último Consejo de Ministros.

Hace diez días la Comisión Europea presentó un documento al Eurogupo en el que abogaba por retirar progresivamente los estímulos concedidos en el Marco Temporal relativo a las ayudas estatales por la pandemia. Un nuevo escenario en el que se antoja casi imposible una nueva prórroga del fondo de la SEPI como han planteado algunas empresas, que han deslizado la posibilidad de extenderlo hasta completar todo el año 2022 como el caso del escudo antiopas.

Frente a esta situación el fondo se prepara para una guerra judicial y una avalancha de demandas de empresas a las que no dé tiempo para rescatar. La normativa del fondo dispone que el plazo máximo para resolver será de seis meses contados desde la presentación de la solicitud de la empresa.

Posibles demandas

Transcurrido ese plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entiende que la solicitud ha sido desestimada. «Las resoluciones del Consejo Gestor -el órgano que decide las ayudas- ponen fin a la vía administrativa y frente a ellas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo», indica la SEPI.

Directivos que han negociado directamente con el órgano estatal y miembros de la sociedad pública han confirmado a este diario que si una empresa no es rescatada y luego entra en concurso de acreedores o quiebra, podría demandar a la SEPI y al Fasee por negarles las ayudas. Estas compañías podrían justificar la quiebra por el hecho de no recibir el salvavidas de la SEPI, una situación que, de demostrarse, podría desembocar en el pago de importantes indemnizaciones.

De hecho, las fuentes consultadas hablan de decenas de millones de euros, si es que se presentan demandas conjuntas. Al tratarse de fondos públicos distribuidos como ayudas estatales, las demandas se tramitarán como contenciosos administrativos. Una situación que pondría al Estado como principal responsable de la quiebra de estas empresas, si es que pierden las demandas ante la Justicia. 

El Fasee se aprobó el 3 de julio de 2020, pero hasta febrero de 2021 solo se habían aprobado cuatro operaciones: Air Europa (475 millones) Ávoris-Halcón Viajes (320 millones), Duro Felguera (120 millones) y Plus Ultra (53 millones), esta última en medio de acusaciones de favorecer empresas relacionadas con el Gobierno venezolano.

Empresas que esperan el rescate

Después de este conflicto que terminó en la justicia, pasaron cuatro meses hasta que en julio se aprobó el rescate de Tubos Reunidos por 112,8 millones. Posteriormente se desbloqueó el rescate de Rugui Steel (25 millones) y Hotusa (320 millones), Reinosa Forgings & Castings (27 millones de euros), Grupo SERHS (34 millones) a las que se sumó a comienzos de noviembre Airtificial con 34 millones.

Mientras, la lista de espera del fondo de rescate es extensa: Celsa (700 millones de euros solicitados), Hotusa (320), Abengoa (249), Grupo Villar Mir (240), Mediapro (230), Air Nostrum (103 millones), Navieras Armas (100 millones), Wamos (75 millones), Hesperia (55 millones), Room Mate (52 millones), Juliá (37 millones) y Volotea (185 millones).

Y las que pueden acumularse en los próximos meses, ya que la prórroga de seis meses no es solo para resolver expedientes, sino que además permite recibir nuevas solicitudes, como ya informó este diario.