Sánchez consuma el control de las empresas estratégicas con la SEPI y el escudo antiopas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha redoblado su presión sobre las empresas estratégicas españolas en las últimas semanas, con el objetivo de conseguir el control y mantener una influencia decisiva en compañías consideradas claves y motores de la recuperación económica del país. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con diferentes fuentes consultadas, este control podrá ir a más en los próximos meses ya que Moncloa busca supervisar y acompasar con sus objetivos todas las decisiones que afecten a estas industrias clave. 

Una ‘supervisión’ que se está manifestando en tres áreas principales: el aumento del control en los consejos de administración de las empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); la implicación directa en la gestión de las rescatadas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (también gestionado por la SEPI); y la influencia en grandes empresas del Ibex a través del uso del escudo antiopas que otorga al Gobierno la última palabra para autorizar la entrada de capital extranjero en estas compañías.

En este sentido, el control de la SEPI es fundamental para sus objetivos. En marzo de 2021 nombró a Belén Gualda como presidenta del organismo público. Gualda era hasta ese momento presidenta de Navantia, también empresa pública y ha desarrollado casi toda su carrera profesional en la Junta de Andalucía controlada por el PSOE. Desde diferentes carteras ha sido estrecha colaboradora en la Junta andaluza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ministerio del que depende la SEPI.

Control de la SEPI

En el caso de las empresas públicas, prácticamente todas están bajo el estricto control no solo del Gobierno, sino que de directivos fieles al PSOE y a Pedro Sánchez. Un equipo de consejeros y presidentes donde están colocados un buen puñado de exministros y hombres fieles al Partido Socialista.

A Belén Gualda le sustituyó Ricardo Domínguez en Navantia, otro cercano a Montero en sus tiempos en la Junta de Andalucía. Ha sido Director General de Industrias y Calidad y Promoción Alimentaria y Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Entre 2010 y 2011 fue director del gabinete en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Como ha contado este diario, uno de los primeros nombramientos de Sánchez en verano de 2018 fue situar a su exjefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, como presidente de Correos, un político sin apenas experiencia en gestión de empresas y menos del sector postal y logístico.  

Red Eléctrica y Enagás

Sonado fue también el nombramiento de Beatriz Corredor como presidenta de Red Eléctrica (REE) en febrero de 2020. La ex diputada del PSOE y ministra de Vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero. Registradora de la Propiedad en excedencia su experiencia en el sector eléctrico es nula. Sustituyó a Jordi Sevilla, también ex ministro del PSOE que se marchó con polémica, pero que no tardó en buscar un nuevo acomodo en Duro Felguera, empresa que posteriormente sería rescatada por la SEPI.

El caso de Enagás ha sido más reciente. En los últimos días se ha nombrado a Maite Costa -que dejará la Sepi y un puesto en el consejo de Red Eléctrica- y Manuel González -que abandonará su escaño del PSOE- para fichar como «independientes». También se nombró a Arturo Gonzalo Aizpiri como consejero delegado de Enagás en sustitución de Marcelino Oreja. 

Pese a que Gonzalo ha desarrollado casi toda su carrera en Repsol, asumió la secretaría general del Ministerio de Medio Ambiente cuando Cristina Narbona era titular de esa cartera —durante el Gobierno de Zapatero- y allí coincidió con la actual vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Indra y Aena

Hace pocos días también ha saltado a la primera línea el caso de Indra. La semana pasada, el Gobierno anunció que se gastaría 150 millones de euros para tomar un 10% adicional de la empresa tecnológica (hasta el 28%). Este diario ya contó que la maniobra busca nombrar a dos nuevos consejeros para acabar con la disidencia que impide, entre otras cosas, que la compañía entre en el accionariado de la vasca ITP.

Con el control del consejo, el presidente Marc Murtra -cercano al Partido Socialista de Cataluña (PSC) y amigo del exministro de Sanidad, Salvador Illa– podrá tener poder ejecutivo y manos libres para designar a un nuevo equipo directivo a su medida. 

Otro de los casos más sonados se ha producido precisamente con Salvador Illa. Durante su campaña electoral para ser presidente de la Generalitat de Cataluña anunció que su responsable económico sería Maurici Lucena, quien desde julio de 2018 es presidente de Aena, la empresa que gestiona la mayoría de aeropuertos de España y de la que el Estado posee el 51%.

Empresas estratégicas

Lucena es otro histórico del PSC. Desde diciembre de 2012 hasta octubre de 2015, fue diputado y portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Cataluña y fue parte del Grupo de Expertos de Pedro Sánchez para las elecciones generales de 2015, como responsable de política industrial y competitividad.

Y el PSC suma y sigue. En 2020 se nombró a Jordi Hereu como presidente de Hispasat, la empresa con participación del Estado que coordina toda la política aeroespacial. Desde 1999 ha ocupado diferentes cargos en el Ayuntamiento de Barcelona, desempeñando sus funciones como concejal del distrito de Les Corts hasta 2004, y como concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona hasta 2006. Tras dos años en este último cargo, Jordi Hereu fue nombrado quinto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y de 2006 a 2011 fue alcalde de Barcelona.

Navantia, en astilleros; Red Eléctrica en transporte de electricidad; Indra, en tecnología y defensa; Aena, en transporte aeroportuario; Enagás en gas e hidrocarburos; Correos en logística. Todas empresas estratégicas en sectores clave y todas controladas por ex ministros o miembros destacados del PSOE, incluso en compañías en la que tienen una participación minoritaria. 

Rescates de la SEPI

Pero no es lo único. El segundo gran desembarco se ha producido en empresas rescatadas por la SEPI. El Estado aprobó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas con 10.000 millones para rescatar a empresas estratégicas golpeadas por la Covid. Hasta la fecha y en poco más de un año  ha aprobado un total de 17 operaciones por valor de 2.040 millones de euros y el 38% del total de los 5.365,5 millones de euros solicitados.

Las rescatadas son Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas y Grupo Ferroatlántica,  Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles y Grupo Abades.

Empresas en su mayoría del sector industrial y turístico en las que el Estado ha aprobado rescates ligados a préstamos participativos que, en caso de no pagarse, se convertirán en capital y otorgarán una participación relevante, si no mayoritaria del Ejecutivo en el capital. 

Iberia y Duro Felguera

El Estado ha exigido además entrar con entre uno y dos consejeros en cada una de las empresas rescatadas con lo que se asegura el control de ellas. En algunas como Duro Felguera ha ido más allá constituyendo un consejo con miembros de la SEPI, que se han sumado a los dos ex ministros de Zapatero, Jordi Sevilla y Valeriano Gómez. Además se ha nombrado presidente a Jaime Argüelles, cercano al PSOE asturiano.

Mediante estos rescates el Estado también se ha convertido en protagonista de otras operaciones como la posible venta de Air Europa a Iberia. IAG insiste en la fusión, pero no ofrecen ningún plan para rescatarla y fían a las presiones del Gobierno el bloqueo para que la compañía de la familia Hidalgo deje de negociar operaciones alternativas. 

Lo último ha sido el órdago lanzado por el presidente de Iberia, Luis Gallego, diciendo que una compra de una empresa extranjera a Air Europa sería “catastrófico para España». Moncloa, con dos consejeros –José Ángel Partearroyo Martín, director de Participadas en el holding público y experto en fusiones, y a Juan Manuel Bujía Lorenzo, ingeniero aeronáutico y exdirector general de aviación civil- está llamado a ser el árbitro de esta disputa. 

Escudo antiopas

El tercer gran vértice de esta estrategia del Gobierno es el escudo antiopas que le permite tener el control de las grandes operaciones y las arremetidas de capital extranjero contra las grandes compañías nacionales. Este diario ya publicó que el Gobierno no tiene interés en dejar de utilizar el escudo antiopas como herramienta para proteger sectores estratégicos.

En el Ministerio de Asuntos Económicos tienen bastante claro que esta medida es la única manera de hacer frente a eventuales arremetidas de empresas europeas, o fuera del continente, para quedarse ‘a precio de saldo’ grandes compañías españolas en sectores clave para la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por ello, se plantean mantener este escudo el tiempo que sea necesario. Por el momento, mediante una nueva prórroga en diciembre de 2022 y con el objetivo de mantenerlo mucho más allá de lo que dure la pandemia en el caso de las empresas europeas. La limitación para compañías de fuera de la Unión Europea se mantendrá sine die ya que no requiere prórrogas y solo se puede quitar mediante otro real decreto.

Naturgy y Prisa

Una situación que protege a grandes empresas españolas cotizadas que están en horas bajas y a las que sería muy fácil opar a precios de derribo. Es el caso de Telefónica, Iberdrola, Prisa, Naturgy o Indra, claves en sectores como la tecnología, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, considerados estratégicos por el Gobierno español. 

Una ‘supervisión’ sobre estas empresas que ya utilizó en el caso de Naturgy ante la opa del fondo IFM y que le servirá para pilotar operaciones ya en marcha como la entrada de Vivendi en Prisa con una participación mayoritaria; o la eventual fusión de operadoras de telecomunicaciones como Orange o Vodafone, que podría integrarse con MásMóvil. 

En este caso el control no es directo, pero las fuentes consultadas coinciden en que es lo suficientemente importante como para generar una gran complicidad con estas compañías y gigantes del Ibex. En este caso, la cercanía con Pedro Sánchez con presidentes de grandes empresas, como Ana Botín o José María Álvarez-Pallete es conocida y nadie duda de que ha influido en que se generen intereses comunes.