El Gobierno quiere el compromiso de que Mediaset seguirá invirtiendo en España tras la opa de Berlusconi

Moncloa tendrá la llave de la opa de exclusión que prevé lanzar Mediaset Italia sobre su filial española. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, la compra de hasta el 40% de la compañía audiovisual tendría que pasar al menos dos autorizaciones gubernamentales y tener el plácet del Gobierno, ya sea mediante acción de oro que le concede el escudo antiopas, o una autorización implícita del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Una autorización que -indican las fuentes consultadas por este diario- vendría aparejada de una serie de compromisos para Mediaset España como inversión en el mercado audiovisual español, garantías de mantenerse en el capital en el largo plazo y producción propia, no solo de telerrealidad, sino también en informativos o contenidos más divulgativos.

Mediaset Italia -a través de su matriz Media For Europe- confirmó este lunes las informaciones publicadas por Bloomberg que indicaban que la operadora tenía previsto comprar el 44% que no controla en Mediaset España al tiempo que esperaba subir su participación en la alemana ProSieben. La operadora indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenía previsto convocar un consejo de administración urgente para aumentar su participación en Mediaset España.

Fusión de Mediaset en Europa

La idea es poder construir un gran grupo audiovisual europeo fusionando en una sola empresa –Media For Europe– los activos de la compañía en Italia, España y Alemania. Hace tres años, Mediaset intentó un movimiento similar que finalmente fue frenado por Vivendi en los consejos de administración de España e Italia. En esta oportunidad, con una opa de exclusión salvaría estos inconvenientes y daría manos libres a Italia para favorecer la integración.

Sin embargo, una vez puesta en marcha la operación, el grupo italiano deberá buscar entendimientos con el Gobierno de Pedro Sánchez para que el Ejecutivo dé luz verde a la operación. Las fuentes consultadas por este diario indican que la literalidad del escudo antiopas no dice claramente si una operación de este estilo tendría que ser oficialmente autorizada por el Ejecutivo y el Ministerio de Industria.

Con esta medida, el Gobierno debe autorizar las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

Acción de oro en Mediaset

En el caso de Mediaset, la adquisición supera el 10% establecido por la acción de oro del Gobierno en pandemia, pero también es cierto que se refiere a una empresa que ya tiene el 55,7% de la sociedad. Es decir, se superarían los límites, pero no para adquirir una posición de control que Mediaset ya tiene.

En este punto las fuentes consultadas indican que la voluntad es poder forzar la aplicación de este escudo antiopas porque consideran que si el fin último de la inversión y la salida a bolsa de Mediaset España es integrarse en un grupo paneuropeo dirigido desde Italia, deben conseguir garantías de que el grupo siga invirtiendo en producción audiovisual en España.

Las fuentes consultadas por este diario consideran que la situación no es muy distinta a procedimientos similares en los que ya ha actuado este escudo antiopas como la entrada del fondo IFM en Naturgy, la compra de MásMóvil (controlada por fondos extranjeros) a la vasca Euskaltel; o la solicitud -no resuelta todavía- de Vivendi para subir al 30% su participación en el grupo Prisa. Se espera además que la fusión entre Orange y MásMóvil también tenga que ser autorizada por el Gobierno.

Autorización «política»

Para poder pilotar este tipo de movimientos el Gobierno amplió hasta el 31 de diciembre de este año el escudo antiopas para empresas europeas. «La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos», señaló el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en noviembre del año pasado.

Dentro de estas empresas estratégicas se encuentran los medios de comunicación y Mediaset Italia es una empresa europea, por lo que encaja dentro del perfil. Como informó este diario la intención del Gobierno también es poder extender este escudo antiopas más allá de este año, como una manera de proteger sine die a estas empresas en un contexto de recuperación económica y con fondos de inversión acechando a operadores industriales de energía, telecomunicaciones y medios de comunicación.

Con todo, si jurídicamente no se puede aplicar el escudo antiopas, en el Gobierno se considera que Mediaset debería al menos pedir una autorización implícita al Ejecutivo y negociar estas condiciones para poder tener el plácet y seguir adelante con la operación. Estaríamos hablando en los dos casos de una autorización «política» mediante la cual el equipo del presidente del Gobierno daría su bendición a la adquisición de la totalidad de la compañía y de la posterior exclusión de bolsa.

Ministerio de Asuntos Económicos

Un movimiento que se quiere aprovechar además para conseguir otros compromisos de producción. La relación entre Mediaset y el Ejecutivo no es mala en estos momentos, pero las fuentes consultadas consideran que sería un buen momento para reforzar la idea de que los canales del grupo audiovisual tengan un mayor foco en contenidos divulgativos e informativos y menor interés en la telerrealidad y la información rosa.

Una situación que precisamente está sobre la mesa en la cadena de Fuencarral. La bajada de las audiencias en todas sus franjas evidencia un cierto agotamiento de sus programas emblemáticos como Sálvame, lo que ha obligado a buscar alternativas y una de ellas es precisamente reforzar los contenidos informativos, aunque todavía no hay nada decidido.

Con todo, la compra del 44% de Mediaset España por su socio mayoritario deberá pasar por al menos otros dos procedimientos técnicos para cumplir con todas las autorizaciones pertinentes. Después de la autorización política vendría el estudio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, que analizará el impacto de la integración en las frecuencias de televisión -que son un bien público- en el mercado.

Finalmente, el último informe debe ser el de la CNMV que siempre deberá estar en sintonía con la autorización del Gobierno y no debería ser un problema si es que se cumplen satisfactoriamente los anteriores informes.