Un grupo de supermercados danés deja de comprar fresas de Huelva por no respetar los derechos de las temporeras

Los supermercados daneses Føtex, Netto y Bilka, que pertenecen a Sailing Group, han dejado de vender fresas de Huelva por las malas condiciones de los trabajadores de las distintas empresas proveedoras. 

La decisión la han tomado a raíz de una investigación periodística realizada por Danwatch, que viajó en mayo de 2021 a Huelva para analizar las condiciones laborales de las temporeras que recolectan los frutos rojos en esta zona del sur del país. 

Tras revelar este medio danés las explotaciones sufridas por estas trabajadoras, en su mayoría mujeres, el grupo decidió paralizar la venta de estas frutas procedentes de Huelva hasta que pudieran investigar la gravedad de la situación. Ahora, meses después, han decidido definitivamente no vender más fresas procedentes de estos proveedores. 

Aunque el grupo empresarial no ha hecho público el nombre de estos proveedores, Danwatch publica en su investigación que se trata de Tierras del Condado y Surexport, dos de las empresas que más frutos rojos exportan a Dinamarca.

Tras la investigación, Danwatch aseguraba que otro de los grandes grupos del sector de los supermercados de Dinamarca, Coop, también se estaba replanteando sus relaciones con sus proveedores españoles. Sin embargo, según afirman a THE OBJECTIVE desde la compañía danesa, no han suspendido finalmente sus relaciones con sus proveedores españoles, que aseguran que son «compañías serias y fiables». 

Inspecciones aleatorias

Para mantener las relaciones comerciales con estas empresas, Sailing Group pedía que se sometieran a controles aleatorios, pues argumentan que ninguno de los controles realizados encuentra habitualmente deficiencias porque se avisa con tiempo a la empresa. 

Por eso, desde el verano, Sailing Group ha promovido inspecciones aleatorias a las empresas para conocer las condiciones reales de las personas que allí trabajan. Finalmente, ha sido la negativa a participar en estas evaluaciones lo que ha llevado a romper las relaciones comerciales. 

Esta medida también ha sido implantada por la cadena de supermercados alemana Lidl que, tras publicar en 2020 su propia evaluación de los derechos humanos en la cadena de suministro de frutos rojos, ha decidido imponer a sus proveedores la implantación de un plan de acción para garantizar los derechos de sus trabajadores, según han confirmado fuentes de la empresa a THE OBJECTIVE. 

Las «auditorías sociales aleatorias no anunciadas» tienen como objetivo, según explica Lidl, «reforzar el control de la aplicación de nuestros requisitos». Estas se suman a la auditoría GRASP a la que todos los proveedores de la cadena alemana deben someterse actualmente. 

Las inspecciones sociales se centrarán, explica la cadena, en las infracciones detectadas en la evaluación hecha en 2020.  

El plan de acción de Lidl

Además de los controles aleatorios, Lidl ha incluido otras medidas dentro de su plan de acción para garantizar que se cumplen los derechos humanos en toda la cadena de suministros.

Por ejemplo, los socios deberán adherirse al Foro de Comercio Ético español. También tendrán que participar en el programa de formación de Stronger Together, puesto que Lidl considera que «es muy importante formar a los socios afectados de manera que puedan reconocer las distintas formas de trabajo forzoso cuando se distingan en el contexto de las auditorías sociales o a través de denuncias», algo que cobra «una especial relevancia para la contratación de trabajadores migrantes». 

Además, «para mejorar la debida diligencia en derechos humanos, los socios también intensificarán los controles de las cooperativas y explotaciones individuales de productores», señala el plan de acción.

Por último, Lidl impone a todas las partes de la cadena de suministro que participen en su proyecto piloto para implantar «un mecanismo efectivo de quejas en el lugar de trabajo». Consideran que «es una parte esencial de la debida diligencia empresarial que permite descubrir violaciones de derechos». 

A finales de 2022, la cadena alemana informará sobre «los progresos obtenidos con las medidas acordadas». 

Infracciones de derechos

Las malas condiciones de los trabajadores de este sector, en concreto las de los inmigrantes, no son un secreto y ocupan titulares en medios de comunicación a menudo. A principios de marzo, sin ir más lejos, se sabía que decenas de temporeros de Huelva dormían a la intemperie por no tener un lugar digno donde vivir durante los meses de trabajo en la zona. 

En el caso de los supermercados daneses, su decisión vino dada por una investigación periodística que destacaba que las mujeres entrevistadas relataban castigos y humillaciones, una presión laboral extrema y despidos por reclamar derechos o hablar con un sindicato. 

En los reportajes de Danwatch hay temporeras, cuya identidad se mantiene oculta por seguridad, que denuncian incluso que sufren extorsión y agresión sexual.  

Por su parte, en su informe de 2020, Lidl también destaca algunas infracciones serias de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, señala que «no se paga el salario mínimo legal y no se cumple en gran medida el convenio colectivo», así como que «el clima laboral está marcado por la presión para cosechar mucho y rápido y el temor constante a perder el empleo». 

Lidl también destaca en el documento el problema de los «asentamientos informales» en los que viven estos trabajadores y también hace referencia a los casos de acoso sexual recogidos por distintas ONG. 

En general, Lidl recoge infracciones de los derechos humanos de estos trabajadores en numerosos ámbitos del sector y son los que pretende corregir con su nuevo plan de acción.