El sector inmobiliario alerta al Gobierno: limitar el precio del alquiler tendrá efectos perversos  

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros su plan económico contra los efectos de la guerra de Ucrania que incluye el límite al alquiler. Las rentas no podrán incrementarse más de un 2%. Una medida que se toma después de que el último dato disponible de la tasa interanual del IPC arrojase una subida del 7,6%. Por tanto, la medida anunciada por Sánchez supone reducir en más de cinco puntos esos niveles, a pesar de que las cláusulas de revisión que incluyen la mayoría de contratos de arrendamiento en nuestro país están ligadas al IPC.

A la espera de saber los detalles, al parecer esta medida será temporal y estará en vigor hasta el 30 de junio. Sin embargo, el sector inmobiliario desconfía y lamenta que todas las medidas en el mercado de la vivienda que hace el Gobierno van encaminadas a castigar a los propietarios. «Se carga a los propietarios de vivienda en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Esto se suma al actual marco regulatorio, que presiona al propietario, lo que redundará en una reducción de la oferta», denuncian desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval).

El control de rentas «supone un nuevo varapalo para los arrendadores, vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone», asegura Francisco Iñareta, portavoz de idealista.

No obstante, los propietarios particulares podrán negociar con sus inquilinos alzas por encima de esta cifra, aunque si no hay acuerdo, no podrán actualizar la renta más de ese límite del 2%.

Límite de precio en Barcelona

Los expertos del sector consultados por THE OBJECTIVE temen que esta ley se acabe prorrogando y prolongando más allá de unos meses, lo que sería una manera de controlar las rentas de facto. Una medida que se aprobó en Cataluña y que en Barcelona ha tenido el efecto inverso, provocando subidas de precios, tal y como hemos contado en este diario.

Denuncian que el mercado del alquiler, como industria, también está sufriendo la subida de costes, como en electricidad, gas y materiales. María Martos, directora de estudios del portal Fotocasa, tiene claro que el límite al alquiler provocará un claro respiro para los inquilinos. Sin embargo, tal y como explica a THE OBJECTIVE, el propietario se ve perjudicado porque dejará de percibir una cantidad en la que la variación estaba estipulada en el contrato mientras el coste de la vida sigue en aumento.

Por ello, desde el sector reclaman que la administración debería añadir medidas adicionales para que este límite del IPC no recaiga sobre los hombros de los propietarios, sino que también se apliquen fórmulas de compensación para que no se vean afectados. «Esta situación detrae la oferta y sube precios», añade la experta. Como ha ocurrido en Barcelona, cuyos alquileres han subido un 11%, por encima del IPC, a pesar de la regulación.

El portavoz de Idealista explica que la experiencia vivida en Cataluña ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas con menos oferta, mayores precios y «la dificultad al acceso para las personas que buscan una vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables».

Inseguridad jurídica

El problema es que el límite al alquiler se vaya prorrogando porque sería «una manera de controlar las rentas, de intervenirlas», destaca por su parte José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. Zurdo pide que no tenga retroactividad ya que si no la «inseguridad jurídica que generaría sería muy elevada».

El director de la Agencia Negociadora del Alquiler, que gestiona cerca de 5.500 viviendas en alquiler, explica a este diario que estos anuncios constantes en el sector retrotaen la inversión. «¿Cómo te vas a fiar de un Gobierno que en mitad de la partida y constantemente te cambia las reglas de juego?», se pregunta al tiempo que vaticina que esta situación de incertidumbre puede provocar lo que ha ocurrido en Barcelona, donde se han ido inversores porque «no le salen las cuentas a nadie».

Zurdo asegura que en los últimos meses, tras los anuncios constantes con la Ley de Vivienda, un gran número de viviendas en alquiler se están pasando a la venta. «Habían agotado el periodo de rentabilidad del inversor y ven que ahora todo son pegas, por eso también se ha disparado la compraventa. Han salido del alquiler, lo que origina menos oferta y precios más altos; justo están consiguiendo lo contrario de lo que anuncian», lamenta.

La mayoría no aplicaba el IPC

«Parece ser que a los únicos que no les afecta la crisis, según el Gobierno, es a los propietarios de inmuebles, aunque no tienen en cuenta que la mayor parte son pequeños propietarios y que las rentas de los alquileres es una manera de complementar sus ingresos», se queja, en declaraciones a este diario, Montse Moreno, vicepresidenta de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI).

Desde el sector aseguran además que la mayoría de los propietarios no está trasladando de forma completa los incrementos del IPC a las rentas de sus alquileres. «La aplicación de ese 7% de IPC puede tener consecuencias de impago, de ruptura de contratos o de pérdida de inquilinos», asegura Ferran Font, director de estudios de pisos.com. «La subida o no es fruto de una decisión personal de cada propietario. Lo lógico es no aplicar esa subida al 100%, pero digamos que la decisión debe estar en manos de cada propietario que es el que debe asumir ese riesgo o no», explica Font a este diario.

«Nosotros hemos pedido a muchos arrendadores que no apliquen esa subida al completo, pese a que esté en el contrato», asegura Zurdo. De todos sus clientes, el 85% ha aplicado subidas moderadas, de en torno al 3%. El experto argumenta que elevar la renta al 7%, en los niveles del último IPC, perjudica tanto a arrendador como a arrendatario. El arrendador obtiene mayor rentabilidad con la estabilidad, con un inquilino que permanece en la vivienda al menos cinco años, considera Zurdo. «Cuando el inquilino se va antes, el propietario tiene que hacer frente a gastos de reposición y de al menos un mes entre que busca otro inquilino», añade.