El Gobierno aparca la subasta obligatoria de energía barata tras la rebelión de las eléctricas
El tope al gas tensa aún más la relación entre Ribera y el sector
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. | Europa Press
Una de cal y otra de arena del Gobierno a las eléctricas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aparcado su idea de obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales, pese a que cuenta con todo lo necesario para ponerla en marcha.
El mecanismo planteado por el departamento de Teresa Ribera ya levantó ampollas cuando se anunció en septiembre del año pasado. Se incluyó en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, con medidas urgentes para mitigar el impacto de la subida de los precios de la electricidad en el mercado mayorista (pool) sobre la factura de la luz.
De hecho, el texto recogía en el texto que la primera subasta se celebraría antes del 31 de diciembre de 2021 «de conformidad con las circunstancias del mercado», pero el Gobierno no cumplió. Desde principios de marzo, Ribera cuenta con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se fija el precio mínimo al que las compañías pueden sacar a puja la electricidad, tal y como adelantó THE OBJECTIVE.
Incluso la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, dijo en una entrevista con El Periódico de la Energía que se quería lanzar este año la subasta. En concreto, la pretensión de Transición Ecológica es que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP oferten parte de su electricidad procedente de tecnologías inframarginales —nuclear y hidroeléctrica— de forma proporcional a su cuota mediante contratos a plazo con un periodo de liquidación igual o superior a un año.
Subasta en stand by
Ahora, la subasta vuelve a entrar en stand by, según confirman fuentes políticas a este medio. El motivo principal se debe al revuelo que ha levantado el tope al gas entre las grandes eléctricas. Los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal han advertido de los «importantes y relevantes impactos» que esta ‘excepción ibérica’ puede ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados.
En una misiva remitida a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país y al comité Técnico del MIBEL, OMI —en la que participan Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, EDP, Santander y BBVA—, OMPI, BMEClearing y MEFF alertan de que «la potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios».
Más allá van Iberdrola y Endesa. Según El Confidencial, el primer y segundo productor de electricidad en España —respectivamente— han amenazado con romper contratos si finalmente se celebra la subasta. «Iberdrola podrá resolver el contrato sin que proceda indemnización alguna al cliente, si como consecuencia de la celebración de las subastas obligatorias de contratos de compra de energía a largo plazo prevista en el artículo 3 del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, Iberdrola se viera privada de la energía prevista para atender el presente contrato», publica el diario digital.
Los mismos pasos seguiría la compañía que dirige José Bogas. El sector viene denunciando que dicha medida supone «quitar energía a unos para vendérsela a otros». En este sentido, Endesa, que hoy celebra junta general de accionistas, ya ha dicho que tiene prácticamente vendida toda su energía propia de base (procedente de la energía nuclear, hidroeléctrica y renovable no regulada) para este año y gran parte para 2023.
Por su parte, EDP también afirma que tiene toda su energía comprometida para este curso en España. Si Ribera siguiera en sus trece más adelante y no cambiara lo recogido en el Real Decreto-ley mencionado anteriormente, las grandes eléctricas estarían obligadas a vender un total de 15.830 gigavatios hora (GWh), que equivalen al 6,3% de la demanda eléctrica nacional de 2020. El reparto por empresas se estableció así: Endesa 6.737,26 GWh; Iberdrola 7.323,63 GWh; Naturgy 1.405,48 GWh; y EDP 363,72 GWh.
El Ejecutivo justificó en el texto que, desde el punto de vista de la demanda, «las comercializadoras independientes y los grandes consumidores, incluidos los industriales electrointensivos, tienen menos opciones para adquirir un volumen de energía significativo a plazos superiores al trimestre sin pagar una prima elevada, condicionando negativamente sus decisiones de inversión y sus planes de negocio ante el riesgo de que sus costes energéticos se vean incrementados sin una cobertura adecuada».
Enfrentamiento entre las eléctricas y la gran industria
La subasta también ha generado un enfrentamiento entre las eléctricas y la gran industria. Aelec, patronal que reúne a Iberdrola, Endesa y EDP, ha acusado directamente a los grandes consumidores industriales de no cerrar contratos a plazo con un precio fijo. Hay que señalar que las compañías electrointensivas acuden al mercado diario y bajo la actual crisis energética denuncian que no pueden asumir el sobrecoste del recibo eléctrico.
Dentro de los electrointenstivos se encuentran empresas como Acerinox, ArcelorMittal, Megasa, Ferroglobe, Siderúrgica Balboa, Celsa, Cementos Portland, Asturiana del Zinc o Xeal. Para este año, la asociación de empresas con gran consumo de energía (Aege) calcula que la factura de la luz de sus compañías asociadas —un total de 26 que facturan más de 20.000 millones de euros al año— subirá hasta los 2.300 millones en el ejercicio actual, frente a los 1.500 del año pasado.
