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El regulador energético europeo vuelve a dar la espalda a Ribera: el mercado funciona bien

ACER advierte del peligro de intervenir precios

El regulador energético europeo vuelve a dar la espalda a Ribera: el mercado funciona bien

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. | A. Pérez Meca (Europa Press)

La Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER) insiste en su idea de que el mercado mayorista de la electricidad (pool) funciona correctamente y no ve la necesidad de reformarlo, tal y como pide la vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

No es la primera vez que el regulador energético europeo rechaza las pretensiones de Ribera. La entidad defiende en su informe definitivo Evaluación final del diseño del mercado mayorista de electricidad de la UE que el actual sistema contribuye a mantener la «eficiencia y la seguridad» del suministro de electricidad, por lo que aboga por mantenerlo.

Atendiendo a otro estudio de ACER, la Comisión Europea (CE) también descartó en diciembre la petición de España. Dijo que el pool es «la mejor opción» para usuarios y empresas en Europa. El organismo exponía que establecer mecanismos de fijación de precios alternativos pueden suponer un riesgo para la descarbonización rentable, los intercambios transfronterizos y la seguridad del suministro.

De este modo, Bruselas volvió a hacer oídos sordos a la petición liderada por España en coordinación con Francia, Italia, Rumanía y Grecia para abordar una reforma a medio y largo plazo del sistema marginalista que fija los precios de la electricidad. Alemania y los países nórdicos también se opusieron a Ribera.

Ya en marzo, con el precio de la electricidad totalmente disparado al calor de los precios del gas y con la invasión de Rusia a Ucrania, el Ejecutivo comunitario se abrió a evaluar distintas opciones para «optimizar» el diseño del mercado mayorista de la electricidad para aprovechar los beneficios de las energías de bajo coste así como un marco de ayudas para empresas afectadas por las crisis que se enfrentan a altos costes energéticos.

La Comisión dijo que no presentaría ninguna una propuesta definitiva hasta que no tuviera el informe de ACER. Pues bien, ya lo tiene y el supervisor sigue en su línea y va un paso más allá. En el documento se advierte de que las medidas de emergencia «mal diseñadas» o «las señales de precios distorsionadas» por la intervención en la formación de precios del mercado «podrían hacer retroceder la integración del mercado eléctrico en la UE y la competencia» un cómputo que podría poner en riesgo los beneficios alcanzados hasta la fecha y aumentar el coste de la transición energética.

En concreto, sobre medidas intervencionistas como gravar los beneficios extraordinarios estableciendo un límite de precio en los mercado de la electricidad, ACER avisa ya no solo de que podrían distorsionar el mercado, especialmente a medio y largo plazo, sino que podría desalentar la inversión del sector privado, influir en las percepciones de riesgo y propiciar la escasez de suministro.

«Cuando los precios mayoristas de la electricidad son regulados, por ejemplo mediante la introducción de topes de precios, pueden surgir efectos no deseados, como problemas para asegurar el suministro», subraya. España y Portugal han conseguido un acuerdo con la CE para limitar el precio del gas que se usa para la generación de electricidad.

El objetivo es abaratar la factura de la luz de los consumidores finales, pero el sector lo califica de «intervencionismo». En concreto, se establecerá un tope al precio del gas de 40 euros el megavatio hora (MWh). La medida se aplicará durante 12 meses —dando cobertura hasta el próximo invierno— y a lo largo del periodo el límite se elevará hasta los 50 euros.

Ambos países lograrán a finales de marzo  una ‘excepción ibérica’ para poder manejar la especial situación en la que se encuentran los precios energéticos. La intención del Ejecutivo español es llevar el mecanismo al Consejo de Ministros del próximo martes y que así entre en vigor al día siguiente una vez se publique el real decreto ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De este modo, todos los consumidores se verán beneficiados de manera inmediata, especialmente los que están indexados al mercado diario (spot).

A finales de marzo la propuesta que remitieron al Ejecutivo comunitario era de un tope de 30 euros, que dejaría la electricidad en torno a los 100 euros/MWh. Ahora, con este nuevo límite, el precio de la electricidad se situaría entre 120 y 140 euros —actualmente se mueve en torno a los 200 euros—.

En este sentido, las eléctricas han advertido de que el tope al gas encarecerá la electricidad para los clientes del mercado libre, que reúne al 80% de la demanda eléctrica nacional. Según fuentes del sector, el mecanismo se ha diseñado solo para beneficiar a una parte de los consumidores: los clientes que tienen la tarifa regulada o PVPC y las grandes industrias que se han mantenido indexadas al precio mayorista.

Hay que recordar que la tarifa regulada cambia cada día y cada hora en función de lo que dicta el mercado mayorista. De hecho, la volatilidad del mercado ha provocado que 1,25 millones de consumidores se pasaran de la tarifa regulada al mercado libre en 2021, frente a los 575.000 de 2020 y los 660.000 de 2019.

Por su parte, la patronal de las grandes eléctricas, Aelec, contradice los argumentos del Ejecutivo y asegura que el límite al gas traerá más perjuicios que beneficios. En su opinión, la compensación que se deberá establecer a las centrales de ciclo combinado —las que usan el gas para generar electricidad— será más elevada que el ahorro que supondrá en las facturas de los consumidores finales.

Factura de 6.000 millones por limitar el gas

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha cifrado en 6.000 millones el coste que tendrá el mecanismo, que «tendrían que ser asumidos por el conjunto de la demanda». Por otro lado, el estudio pone en evidencia que los precios de la energía tenderán a mantenerse elevados en lo que resta de 2022 y durante 2023, debido a la invasión de Rusia en Ucrania y a la incertidumbre derivada del suministro de gas a la UE. Hay expertos que prevén que no será hasta 2025 cuando se restablezca la normalidad en los mercados energéticos.

Entre sus conclusiones, ACER incide en que entre los retos actuales del diseño del mercado eléctrico se encuentran conseguir que los mercados de la electricidad a corto plazo funcionen mejor, impulsar la transición energética a largo plazo, aumentar la flexibilidad del sistema eléctrico y proteger a los consumidores de la volatilidad excesiva.

Como conclusión, incluye 13 posibles medidas que los distintos países podrían aplicar: proteger a los consumidores más vulnerables contra la volatilidad de los precios, estimular el mercado para mejorar su liquidez a largo plazo, acelerar la integración del mercado eléctrico, integrar mejor los mercados o mejorar el apoyo a la inversión renovable.

Además, el organismo recomienda preservar la señal de precios en el mercado mayorista y eliminar las barreras a los recursos de la demanda que proporcionan flexibilidad o abordar las quiebras inevitables de los proveedores.

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