La cultura de lo políticamente correcto invade los consejos de las grandes multinacionales
El gobernador de Florida castiga a Disney por criticar la ley que prohíbe dar clases de orientación sexual e identidad de género a los menores de ocho años
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó hace unos días una ley que prevé retirar a Disney el régimen fiscal que disfruta en el condado de Orlando desde 1967. No hablamos de unas pocas hectáreas. Son 100 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente al término municipal de Chinchón. En ese distrito especial, la multinacional actúa casi como un ayuntamiento soberano: mantiene las carreteras, gestiona la luz y el agua, administra los bomberos, otorga licencias de construcción… Para financiar ese gasto, cobra impuestos y emite deuda, pero la situación le compensa y ese es justamente el motivo por el que DeSantis ha impulsado la reforma: fastidiar a Disney. El CEO de la empresa de entretenimiento, Bob Chapek, había cometido la osadía de manifestarse en contra de No Digas Gay, una disposición republicana que prohíbe dar clases de orientación sexual e identidad de género a los alumnos de menos de ocho años. Quién le mandaba, ¿no?
Hace no tanto, los hombres de negocios huían de todo lo que oliera a polémica. ¿El cambio climático? ¿Los derechos de los homosexuales? ¿Los abusos policiales? Quita, quita. Los expertos en relaciones públicas les desaconsejaban vivamente tomar partido en cuestiones controvertidas. Cuando a Michael Jordan, estrella de los Chicago Bulls e inspirador de una exitosa línea de calzado deportivo, un candidato demócrata le solicitó su respaldo, le respondió con mucho sentido práctico: «Los republicanos también compran zapatillas».
Pero Elon Musk, el fundador de Tesla, abandonó el Consejo Manufacturero Americano en protesta por la política medioambiental de Donald Trump. Tim Cook, el CEO de Apple, también se mostró muy crítico con la norma de Indiana que autoriza a un comerciante a no atender a un gay amparándose en sus creencias religiosas. Y el propio Jordan declaró que no iba a permanecer callado ante «la muerte de afroamericanos a manos de las fuerzas de seguridad».
«Estos son los directivos que el mundo demanda», dice Enrique Johnson, director de la consultora especializada en posicionamiento de líderes Thinking Heads. «No es cuestión de lo que ellos quieran, es que no les queda más remedio». Y añade: «Cualquier cosa que diga el CEO impacta mucho. Tiene que hablar de lo que tiene que hablar, por supuesto: los beneficios, los dividendos, las plusvalías. Pero hoy se le pide que sea un actor más de la sociedad. No basta con decir: aquí tengo este producto, cómpremelo y ya está».
Libertad de expresión
La represalia de DeSantis contra Disney ha suscitado la bien argumentada crítica de Jason Lee Steorts, el director de National Review. «Se usa el poder del estado para castigar una opinión particular», se lamenta. «Puede usted pensar que la postura de Disney sobre la ley curricular es incorrecta, tonta, satánica, lo que sea. Pero, ¿no hubiese querido usted también que las empresas privadas se hubieran posicionado a favor de la igualdad racial durante la lucha por los derechos civiles? ¿Y no querría que las empresas privadas se opusieran hoy a la invasión rusa, las atrocidades y el incipiente genocidio cultural que está teniendo lugar en Ucrania?» Y concluye que quien desea que sucedan cosas así, debe aceptar que de cuando en cuando «algunas entidades digan cosas que no le gustan».
Esta encendida defensa de la libertad de expresión oculta, sin embargo, que en una democracia importa tanto el resultado como el procedimiento. La opinión emitida debe ser el resultado de un debate igualmente libre, algo que no se da en el caso de Chapek. Si del CEO de Disney hubiera dependido, quizás no hubiera dicho esta boca es mía. ¿Por qué lo hizo finalmente? Por la movilización de sus empleados.
«Durante los últimos años», escribe Charles C. W. Cooke, otro redactor de National Review, «las grandes multinacionales han visto cómo ocupaban sus consejos de administración activos militantes políticos», que presionan a los gestores para que se involucren en agresivas campañas contra los conservadores. «Puede contar con los integrantes de la lista Fortune 100 para combatir cualquier esfuerzo imaginable en defensa de los derechos de los padres, la protección del deporte de las niñas o el ejercicio religioso». Y añade: «Como dice el capitán Picard en Star Trek: Primer contacto: hay que trazar una raya, ¡hasta aquí hemos llegado! En algún momento, los conservadores debían dar un escarmiento a alguna de estas compañías, en lugar de quejarse y dejar que se salieran con la suya».
Los verdaderos paganos
Milton Friedman declaró en 1970 que la única responsabilidad social de la empresa era dar beneficios. Debía esforzarse por ser cada día más eficiente y dejar el resto de los asuntos a los políticos y los poetas. En el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial quizás eso fuera posible, pero a los clientes actuales no les preocupa únicamente lo que compran, sino quién lo produce. De hecho, importa más lo que eres que lo que haces. «Representa el 66% de la reputación corporativa, frente al 33% de lo que vendes», escriben Ana Angelovska y Sven Klingermann, directores de investigación del Reputation Institute.
Y al tomar el CEO partido por una causa, ¿no se expone a enajenarse a los ciudadanos que no comulgan con ella, como le advirtió Jordan a aquel candidato demócrata? Sin duda, pero aquí entra en juego otro stakeholder. «Es esencial que tus empleados estén a gusto», dice Johnson. «Son tus mejores embajadores». Una marca se construye de dentro afuera y si, como le ha sucedido a Disney, la propia plantilla está a disgusto con ella, difícilmente la promocionará.
Por eso un consejero delegado nunca ignorará esa presión, y sería absurdo que lo hiciera. Lo que la lógica democrática requeriría es que, antes de pronunciarse sobre la política educativa de Florida, consultara a los accionistas. Después de todo, Chapek y los trabajadores no son los dueños de Disney ni los que van a sufrir en sus posaderas la patada fiscal del gobernador.