Correos se verá las caras con Unipost en junio por una demanda de 310 millones de euros
La compañía fundada por los Raventós denunció que la empresa pública vulneró el marco legal vigente del sector postal tradicional español
Buzón de Correos, en una imagen de archivo. | AGENCIAS
Correos tendrá que verse las caras con los representantes de Unipost en una vista que se presume definitiva tras la demanda del operador postal presentada contra la empresa pública hace dos años. El administrador concursal de la compañía -que quebró en 2017- presentó una demanda civil culpando a la estatal de su cierre por un presunto incumplimiento de las normas de competencia.
Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, la vista se producirá el próximo 14 y 15 de junio en el juzgado 7 de lo Mercantil de Barcelona, por lo que el fallo definitivo de la demanda podría conocerse durante el tercer trimestre de este año. Unipost solicita 310 millones de euros de indemnización a Correos, un verdadero palo financiero que -de confirmarse- impactaría durante en las cuentas de este año de la empresa pública.
En 2020, Unipost -fundada por la familia catalana Raventós- denunció que Correos vulneró durante quince años (desde 2004 a 2018) el marco vigente aplicable al sector postal tradicional español y que en la práctica les expulsó del mercado con maniobras, a su juicio, fuera de la legalidad.
Fundamentos de la demanda
La demanda sostiene que la agresiva estrategia de precios de Correos minó la capacidad de Unipost para llevar a cabo su negocio de forma justa y competitiva, de forma que «buscó eliminar a Unipost del mercado, perjudicando de manera irreversible la liberalización del sector postal».
Unipost sostiene que Correos mantuvo su posición dominante en el mercado con una cuota media de más del 90% en los mercados más relevantes, «mediante abusos anticompetitivos», y que ello llevó a Unipost a declararse en quiebra y a ir a liquidación. En julio de 2017 la compañía solicitó el concurso de acreedores tras acumular deudas de 50 millones de euros, registrar pérdidas desde 2011 y dejar en la calle a 2.400 personas.
La demanda, puesta en marcha por la administración concursal de Fieldfisher Jausas, reclama una indemnización de 162 millones por el negocio perdido de forma presuntamente ilegal durante quince años a causa de las prácticas anticompetitivas de Correos, o lucro cesante; y otros 135 millones por el daño emergente resultante del concurso y la liquidación de Unipost, así como otros 3,5 millones por los daños derivados de la negativa de Correos de dar acceso a la red postal.
Multa de la CNMC
En este contexto, la situación ha empeorado para Correos desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impusiese una multa de 32,6 millones de euros por ofrecer descuentos «anticompetitivos» a grandes clientes empresariales. Se refieren a clientes que remiten envíos masivos, principalmente empresas de servicios bancarios y de seguros, comercializadoras de luz, agua, gas o telefonía, así como centros comerciales o supermercados.
Según Competencia, la conducta sancionada consistía en la aplicación de un sistema de descuentos ‘exclusionarios’ que, incentivando la fidelización de los grandes clientes empresariales, habría excluido o impedido la entrada al mercado de otros competidores de Correos, al menos desde el año 2015 hasta el año 2019.
Competencia explica en su resolución que se trata de un «abuso de posición de dominio», prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el mercado de los servicios postales tradicionales. Precisamente el mismo argumento que Unipost ha esgrimido durante todo el juicio contra la empresa pública.
Asesores legales
De hecho, las fuentes consultadas indican que, hasta antes de este fallo, la posibilidad de Unipost de ganar la demanda era escasa, pero que tras la multa de la CNMC se ha conseguido el aval necesario para justificar su demanda. Si Correos pierde la demanda deberá provisionar en sus cuentas buena parte de estos 300 millones de euros, con el consiguiente perjuicio en sus resultados de este 2022, que con toda seguridad se irían nuevamente a pérdidas.
La demanda ha sido promovida por el despacho Jausas -que tiene asignada la gestión del concurso de acreedores de Unipost – y que llevan los abogados Íñigo Igartua, de Gómez Acebo & Pombo, y Juan Piqueras, de AGP Asesores. Este último tiene una larga trayectoria en litigios que vulneraban la competencia en el sector postal y de transportes y se ha especializado en luchar judicialmente contra Correos, ganándole sonadas demandas. Por su parte, Correos ha recurrido a los servicios de Garrigues.
Sin embargo, Correos y Unipost no son los únicos en discordia. Según desveló La Información, el pasado mes de mayo el juez que instruye la causa aceptó la solicitud de los representantes legales de los exdirigentes de la compañía y fundadores, Pablo Raventós y Antón Raventós personarse en el caso apelando al interés directo y legítimo en el resultado del pleito.
Familia Raventós
Una resolución amparada por el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que permite incorporarse como demandantes o demandados a nuevos actores implicados en una causa judicial siempre que el proceso aún se encuentre pendiente.
La familia Raventós es uno de los miembros de la burguesía catalana con más solera de Barcelona. Dueños de las históricas bodegas Codorniú, el negocio postal fue uno de sus más importantes ingresos hasta que quebraron en 2017. Una época en la que también coquetearon con el independentismo.
Durante el 1-O, Unipost fue la empresa postal encargada de la consulta independentista y, de hecho, se incautaron 45.000 notificaciones para cubrir las mesas electorales del 1 de octubre. Por esas fechas también fueron detenidos los dueños de la compañía por su implicación directa en el procés.
