País Vasco y Murcia, únicas regiones que piden licencia de obras para instalar paneles solares

En España, 15 comunidades autónomas han eliminado ya la licencia de obras para la instalación de placas solares de autoconsumo. Tan sólo País Vasco y Murcia la mantienen. Sin embargo, para alcanzar los objetivos de potencia instalada de energía solar incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es fundamental agilizar los trámites administrativos, tanto para los proyectos en suelo como para instalaciones de autoconsumo.

Así lo señala la directora de Autoconsumo y Comunidades Energéticas de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Paula Santos, en una entrevista con THE OBJECTIVE. EL PNIEC establece una meta de potencia fotovoltaica instalada a 2030 de 39 gigavatios (GW) y actualmente España cuenta con 15,9 GW, según datos de la asociación.

UNEF ha venido trabajando para conseguir que las comunidades autónomas adecúen las leyes autonómicas de urbanismo a la realidad del autoconsumo fotovoltaico y que así este tipo de instalaciones se tramiten por la vía de la comunicación previa, agilizando considerablemente la tramitación administrativa.

De hecho, la eliminación de este permiso acaba con el el problema de las esperas de hasta ocho meses que se estaban produciendo y que afectaban negativamente. Según UNEF, España es un país con una gran oportunidad para acceder a una energía «tan barata». Subraya que 11 de las 20 ciudades europeas con más luz al mes de media son españolas (Alicante encabeza la lista con 349 horas, seguida de Catania, Murcia y Málaga). 

Tecnología que más crece

«Al tener sol y terreno para ubicar instalaciones fotovoltaicas a un bajo precio, tenemos una ventaja competitiva frente a los países de nuestro entorno. La fotovoltaica ayuda a reducir los costes de energía de nuestro país con unos precios de electricidad más competitivos», añaden desde la patronal. Es la tecnología que más crece en España: en 2021 se instalaron 3.490 megavatios (MW) en suelo y 1.203 MW de autoconsumo. 

Santos recalca que las ayudas al autoconsumo que se recogen en el Plan de Recuperación van a ser «determinantes». «Las comunidades autónomas deben hacer una gestión ágil y eficiente. El cambio climático no espera moratorias y para frenarlo la transición energética es el mejor arma», apunta.

En la actualidad, hay ayudas enfocadas específicamente al autoconsumo y almacenamiento, además de energías renovables térmicas para el sector residencial. Estas se articulan a través de seis programas que se dirigen tanto a los diferentes sectores económicos (servicios y resto de sectores productivos) como a residencial, sector público y tercer sector. 

En total, el programa cuenta con una dotación inicial de 660 millones de euros, ampliables hasta 1.320 millones, que se regionalizan a través de las comunidades y ciudades autónomas por todo el territorio nacional hasta 2023. Según la directora de Autoconsumo y Comunidades Energéticas de UNEF, en el caso de los proyectos fotovoltaicos se están dando retrasos en la obtención de las diferentes autorizaciones y de las declaraciones de impacto ambiental. Para combatir estas situaciones, es fundamental aumentar los recursos y la formación en las administraciones públicas españolas. 

Pese a tener menos horas de sol, países como Alemania lleva años de desarrollo en el autoconsumo y tienen mucha más potencia instalada que España. Aquí se eliminó el ‘impuesto al sol’ a finales de 2018 y Real Decreto 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica se aprobó en abril de 2019.

Santos también recuerda que el esquema económico alemán se basa en una tarifa garantizada, mientras que el español es como el de una medida de eficiencia o de ahorro. «Después del recorte a las renovables, en España estuvimos años sin instalar un solo MW. Nadie quería venir a invertir, y ahora estamos entre los cinco países del mundo más interesantes para los inversores», agrega.

Por otro lado, desde el Gobierno destacan que el autoconsumo es una alternativa más ventajosa económicamente que el suministro procedente de la red puesto que disminuye directamente el término variable de la factura eléctrica.  Así, incitan a los los usuarios a que consuman su propia energía a través de placas solares, sistemas eólicos o hidroeléctricos.

En su ‘Hoja de Ruta del Autoconsumo’, indica que esta modalidad permite compensar parte del coste de la energía que se siguiera comprando a la red con los excedentes que puedan generarse. Así, dota al consumidor de un mayor control de sus gastos energéticos al poder conocer en todo momento su producción y consumo gracias a la monitorización de su instalación. En definitiva, le da más independencia frente a la variabilidad de los precios de los combustibles fósiles que afectan al precio del mercado mayorista (pool).

Energía más barata

En este sentido, la directiva de UNEF expresa que el precio de la energía fotovoltaica está «significativamente» por debajo del precio medio mayorista: 2018, 58 €/MWh; 2019, 48 €/MWh; 2020, 24 €/MWh; 2021 61 €/MWh3. Además de la carga administrativa, otra de las principales barreras para el despliegue del autoconsumo es el volumen de inversión inicial que tiene que realizar el usuario.

Transición Ecológica destaca la importancia de lograr una reducción de los costes del 40%. Afirma que se puede lograr a través de una menor carga administrativa, la combinación de medios tecnológicos o nuevas forma de financiación, entre otros métodos. De igual modo, resalta que las empresas deben acometer un mayor esfuerzo comunicativo y comercial para que exista una mayor disposición a abordar el autoconsumo con una menor exigencia en cuanto a plazos de amortización o retorno económico.

En la misma línea, la Unión Europea (UE) está decidida a impulsar el mercado del autoconsumo energético mediante subvenciones públicas y medidas fiscales, como con un IVA reducido a las placas solares. A finales del año pasado, la UE planteó un IVA que se sitúe entre un 0 y 5% para paneles solares de uso residencial y en edificios públicos con el fin de acelerar la transición energética y reducir las emisiones de CO2.