Sánchez desoye a Podemos y ampliará hasta septiembre la rebaja de la luz y los carburantes

El Gobierno prorrogará las medidas para reducir el impacto económico de la guerra de Ucrania que expiran este 30 de junio, pero lo hará solo hasta septiembre, según las fuentes del Ejecutivo consultadas por THE OBJECTIVE. Esto supone dar tres meses más a las ayudas contenidas en el Plan Nacional España responde, referidas a las rebajas en los impuestos de la electricidad,  al límite de la subida de los alquileres y a la bonificación de 20 céntimos a los combustibles. Pedro Sánchez ha confirmado desde Bruselas este martes que el Ejecutivo está abierto a prorrogar estas medidas.

Estas mismas fuentes indican que el anuncio oficial se realizará en los próximos días, aunque no hay excesivas prisas considerando que las actuales ayudas que se prorrogarán expiran en un mes. Pese a las recientes presiones de Unidas Podemos para mantener las ayudas hasta diciembre, en estos momentos se está trabajando en el decreto para que se mantengan los incentivos hasta finales del tercer trimestre Lo harían, eso sí, siendo más selectivos en la forma en que se aplicarán para -en la medida de lo posible- rebajar su impacto en las arcas públicas.

El razonamiento que se hace en el Ministerio de Hacienda es valorar en un corto periodo el impacto real de las actuales medidas y aprobar, si fuese el caso, una nueva prórroga de tres meses a la vuelta del verano, esta vez hasta final de año. La principal razón para prorrogar solo tres meses y no seis -como están presionando los representantes del ala morada del Ejecutivo- es el impacto fiscal de estas ayudas, cifrado en 9.000 millones desde julio hasta final de año. Este coste se sumaría a los 7.000 millones que ya se han destinado a estas medidas desde su aprobación.

4.500 millones adicionales

Con una prórroga de tres meses el coste será solo de 4.500 millones adicionales y se podría ahorrar otros 4.500 millones si finalmente la situación mejora después del verano. En cualquier caso, la puerta queda totalmente abierta a una segunda prórroga a finales de septiembre, si es que la situación económica y geoestratégica así lo ameritan.

En el Gobierno existe el absoluto convencimiento de que es pronto para retirar estos estímulos que se pusieron en marcha a finales de marzo. Así lo indicó hace una semana la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que se mostró partidaria de prorrogar la medida de limitar la subida de los alquileres al 2%, así como de mantener las ayudas al combustible.

Por otro lado, esta semana la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, indico que se prevé extender «pronto» estas medidas. «Estoy pensando en las bajadas de los impuestos como hicimos ya desde septiembre bajando el IVA de la electricidad del 21% al 10% o por ejemplo congelando el impuesto de la electricidad en el 7%», dijo en un evento en Barcelona el pasado lunes.

Presiones de Podemos

Por su parte, para la ministra de Transportes, el único requisito es constatar que la inflación continúe elevada cuando estas medidas acaben su vigencia el próximo 30 de junio. Una situación que parece inevitable vistos los últimos datos conocidos esta misma semana. La inflación anualizada de mayo llegó al 8,7%, por encima del 8,3% de abril, un dato contrario a las previsiones del Gobierno que esperaba una pequeña bajada.

Por otro lado, esta misma semana el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra ha pedido públicamente que estas medidas se alarguen hasta diciembre, así como poner en marcha otras tres iniciativas: adelantar la subida de las pensiones no contributivas -que tendrían que subirse en enero-, subvencionar por parte del Estado el transporte público que facilitan comunidades y ayuntamientos, y ampliar de nuevo el bono social eléctrico.

La idea de Unidas Podemos es abrir un debate público y presionar al ala socialista para que la prórroga sea por seis meses. Sin embargo, y de no mediar un radical giro de los acontecimientos de aquí a las próximas semanas, se impondrá el criterio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Ayudas al alquiler

De hecho, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de la semana pasada Calviño dejó abierta la puerta a la prórroga de estas medidas pero apeló al coste fiscal de las mismas, indicando que debía buscarse un equilibrio entre el beneficio para los españoles y la responsabilidad fiscal. Precisamente esta responsabilidad fiscal supondría extender estas medidas solo tres meses y no seis como pide el Ministerio de Derechos Sociales.

El Gobierno aprobó el pasado 29 de marzo medidas urgentes para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania, apoyar a los colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados, garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. Como ya informó este diario dos meses después, el impacto de estas ayudas ha sido escaso o nulo debido a que muchas no se han terminado de poner en marcha y otras que ya están en funcionamiento han visto cómo la elevada inflación se «ha comido» su impacto.

Las normas que se prorrogarán hasta septiembre son la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda. Salvo acuerdo entre las partes, no se podrá superar la variación del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), actualmente situado en el 2%. Si el arrendador es un gran tenedor, en ningún caso será superior al 2%.

Ayudas a los combustibles

También se prorrogará el tratamiento fiscal extraordinario que recibe la electricidad desde el verano pasado, con una disminución del 10% del IVA, la suspensión del 7% del impuesto a la generación y una reducción del 0,5% del impuesto especial de electricidad.

Del mismo modo, se extenderá la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Ejecutivo mantendrá una rebaja de 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de cinco. Unos combustibles que siguen marcando máximos tres meses después del estallido de la guerra de Ucrania.

Precisamente esta es la medida con mayor impacto fiscal. El Ministerio de Hacienda ya ha pagado a las gasolineras 642,6 millones, de los cuales 333,6 millones se han abonado en concepto de devoluciones a las bonificaciones practicadas -el 84% de las solicitudes presentadas- y 309 millones en concepto de anticipos.