Guerra económica en el Gobierno: Moncloa no apoyará ninguna de las medidas de Podemos

El enfrentamiento entre las dos facciones del Gobierno de coalición por el rumbo económico que debe tomar el Ejecutivo amenaza con dinamitar aún más si cabe la relación entre Pedro Sánchez y los representantes de Unidas Podemos. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que, en estos momentos, la lucha es frontal y que las últimas declaraciones de Yolanda Díaz o Ione Belarra (pidiendo nuevas medidas contra la guerra) solo buscan desestabilizar y desgastar a los ministros del PSOE poniéndoles en evidencia frente a su electorado.

Dentro de los ministerios económicos confirman a este periódico que no está previsto hacer concesiones inmediatas a los ‘morados’ y que no hay intención de apoyar ni incluir sus propuestas para paliar el impacto de la guerra de Ucrania y complementar el decreto que el Gobierno pretende aprobar a finales de mes. Sin los 33 votos de Unidas Podemos sería muy difícil sacar adelante este decreto, como ya aconteció en abril de este año cuando se salvó por la mínima y con los votos de Bildu.

Es por ello por lo que el Gobierno abrirá nuevamente la vía del diálogo para convencer a Unidas Podemos de que se puede retomar esta agenda el próximo semestre, cuando la situación de Ucrania esté más clara. En Moncloa tampoco ven que haya riesgo de que se comprometa el Gobierno de coalición por adoptar esta decisión, porque advierten que ya han cumplido gran parte del acuerdo firmado en 2020.

Peticiones de Unidas Podemos

El principal freno para impulsar nuevas medidas es la estrechez presupuestaria que tiene en estos momentos el Gobierno y el importante coste que podrían significar algunas de las propuestas de los morados. Como ya informó este diario, Pedro Sánchez desoyó la petición de Podemos de ampliar estas ayudas hasta final de año y prefirió hacerlo solo hasta septiembre.

En los ministerios económicos como el de Hacienda (María Jesús Montero), Asuntos Económicos (Nadia Calviño), Industria (Reyes Maroto) o Transición Ecológica (Teresa Ribera), se considera que la agenda reformista debe tomarse unos meses de respiro para centrarse en sacar adelante el Plan de Transformación y Resiliencia y la el Plan de choque contra la guerra. A favor de esta decisión juega que gran parte de los proyectos agendados para este curso ya se han sacado adelante. Se refieren a la ley de Ciberseguridad, a la de Telecomunicaciones o a la Audiovisual.

El Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra envió este lunes una serie de propuestas a los ministerios económicos para incluir en el decreto de medidas contra la guerra de Ucrania un bono de transporte público a 10 euros, el aumento del 15% de las pensiones no contributivas, además de la prohibición de los cortes de suministros a familias vulnerables. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió también dar «un paso más» y crear un impuesto extraordinario a las empresas energéticas.

Ajustes a los carburantes

Del mismo modo, la semana pasada y en pleno debate sobre la prórroga de las medidas el ministro de Consumo, Alberto Garzón, deslizó la posibilidad de modificar el decreto de los carburantes para adaptarlo a la realidad social y económica de los usuarios. Esto supondría que se haga un descuento progresivo en función de la renta. Hasta ahora es lineal e igual para todos los usuarios.

De todas estas propuestas, en los ministerios económicos solo están abiertos a retocar la ayuda a los combustibles, pero no porque lo haya propuesto Garzón, sino porque es algo que ya se estaba analizando en Hacienda desde hace semanas. Sin embargo, el resto no serían incluidas en el decreto.

Las normas que se prorrogarán hasta septiembre son la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda. Salvo acuerdo entre las partes, no se podrá superar la variación del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), actualmente situado en el 2%. Si el arrendador es un gran tenedor, en ningún caso será superior al 2%.

Impuesto a las grandes fortunas

También se prorrogará el tratamiento fiscal extraordinario que recibe la electricidad desde el verano pasado, con una disminución del 10% del IVA, la suspensión del 7% del impuesto a la generación y una reducción del 0,5% del impuesto especial de electricidad. Del mismo modo, se extenderá la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible, aunque se estudia retocar los requisitos para obtenerla. El impacto de la prórroga por tres meses más se calcula en unos 3.000 millones extra que se sumarían a los 7.000 millones que ya se han destinado a estas medidas desde su aprobación.

Pero las diferencias económicas no solo tienen que ver con el decreto contra la guerra. El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición de ley de Unidas Podemos para crear un impuesto sobre grandes fortunas, complementario al de Patrimonio y dirigido a la suma de bienes por encima de los diez millones de euros.

La propuesta será previsiblemente rechazada por la Cámara Baja, ya que al más que probable voto en contra del PP, Vox y Ciudadanos se le unirá el del PSOE, socio de Gobierno de los morados, que reivindica que sea el Ministerio de Hacienda quien lidere cualquier cambio fiscal.

Planes de pensiones de empleo

En este periodo de sesiones, el PSOE ya ha rechazado en el Congreso varias iniciativas de su socio de Gobierno, como la proposición de ley para impulsar una empresa eléctrica pública y también una proposición no de ley con propuestas para la reforma fiscal pendiente, esgrimiendo precisamente que es Hacienda quien debe hacer este tipo de propuestas.

Del mismo modo, el Pleno del Congreso de los Diputados votará el próximo jueves el proyecto de ley sobre los planes de pensiones de empleo como paso previo de su remisión al Senado para que sea ratificado. Otro proyecto que ha enfrentado a los dos socios de coalición.

El PSOE apoyó por error el paquete de enmiendas presentado en última instancia por Podemos, en el que se incluía el destope de las bases máximas de cotización, la eliminación de las deducciones empresariales de la Seguridad Social en las aportaciones al plan de pensiones de empleo y dejar en la mitad las rebajas fiscales en el IRPF para las aportaciones de los trabajadores al plan, que pasan de los 8.500 euros actuales hasta 4.250 euros.