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Economía

Fracasa el plan contra la guerra de Sánchez: los precios siguen disparados 74 días después

El tope del gas sigue sin ponerse el marcha, el pacto de rentas está paralizado y las ayudas ICO y las del transporte apenas llevan una semana convocadas

Fracasa el plan contra la guerra de Sánchez: los precios siguen disparados 74 días después

Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Congreso al gobierno tras la destitución a la directora del CNI.|Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra anunciado por Pedro Sánchez el pasado 2 de marzo en el Congreso de los Diputados sigue sin poner en marcha la mayoría de las iniciativas comprometidas y sin cumplir ninguno de sus objetivos planteados por el propio Presidente de Gobierno. Cuando han pasado 74 días -y 47 desde la aprobación formal del plan- no solo no se ha rebajado la factura energética ni se han reducido los precios, sino que la inflación sigue en máximos históricos y los carburantes marcan precios incluso mayores que antes de que se comunicara el paquete de medidas.

A finales de febrero -solo una semana después de estallar la guerra- la inflación en España era del 7,6%, mientras que en marzo marcó un 9,8% interanual y en abril un 8,3%. Estos dos últimos datos son los mayores en 30 años y las cifras del mes pasado reflejan que los hoteles subieron un 50%, la electricidad un 34,9% y el gasóleo un 32,1%. Aunque lo peor es el coste de los alimentos -afectando directamente a las rentas más bajas- como el aceite de oliva (+42,3%) la pasta (+25%), harina (+23,2%) o huevos (+21,6%).

En el caso de los carburantes, la situación es aún más dramática ya que este mismo viernes se ha marcado el máximo histórico para todas las gasolinas con precios hasta 30 céntimos por litro por encima de lo marcado a comienzos de marzo. Con ello se anula la ayuda de 20 céntimos concedida por el Ejecutivo antes de Semana Santa.

Promesas sin cumplir

Los principales objetivos del plan eran contener los precios de los alimentos y los insumos básicos, reducir el coste de la energía y moderar los salarios. Para ello prometió un nuevo sistema para calcular los precios del mercado mayorista de la energía, un pacto de rentas entre los agentes sociales y una batería de ayudas para empresas que se viesen más afectadas por el impacto de la invasión rusa en Ucrania que ya se extiende por 81 días.

Sin embargo, la mayoría de estas promesas no se ha cumplido incluso 47 días después de que se aprobara formalmente el Plan de choque contra la guerra, no se han puesto en marcha las medidas o se acaban de activar, más de dos meses después de su anuncio. Una serie de promesas que el Gobierno ha venido repitiendo en las últimas nueve semanas pero que se han quedado solo en buenas intenciones.

Esto se traduce en que la mayoría de ellas no tendrá efecto práctico hasta pasado al menos un trimestre desde que se comprometieron -o incluso hasta finales de año-, contradiciendo la urgencia de la agenda que el Ejecutivo ha argumentado en sucesivas comparecencias.

Límite al gas

El mejor ejemplo ha sido la intención del Gobierno de topar el precio de gas para reducir los costes mayoristas en la factura energética de familias y empresas. El plan se aprobó este viernes, pero a la espera de que en dos semanas sea aprobado por Bruselas. Es decir, habrá que esperar varias semanas para tener completamente operativa una normativa de la que llevamos al menos dos meses escuchando su puesta en práctica.

El mecanismo -que incluirá un límite de 48,8 euros el megavatio hora (MWh) durante un periodo de doce meses, todavía no cuenta con la autorización formal de la Comisión Europea-, aunque se publicará este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Debemos esperar la notificación formal de las autoridades de España y Portugal para tomar después una decisión formal sobre este asunto, así que estamos a la espera», indicó en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz comunitaria de Competencia, Arianna Podesta.

Otra de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez fueron las rebajas fiscales de la factura de la luz, una prolongación de las medidas que ya se habían aprobado el verano pasado cuando el precio de la electricidad se empezó a desbocar. Hablamos de la reducción del IVA de la luz del 21% al 10%, de la bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5% y la suspensión del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Precios de la gasolina

Estas medidas, comprometidas hasta finales de junio, probablemente tengan que prorrogarse ante unos precios mayoristas que siguen cuadruplicando los valores de comienzos del año pasado. Con el consiguiente impacto fiscal y con las facturas de los consumidores más altas que antes de la crisis, pese a la reducción de los impuestos. Y todo a la espera de ver cómo impactará el prometido tope del gas.

El segundo gran foco de acción del Gobierno han sido los combustibles cuando el 29 de marzo se aprobaron ayudas para los camioneros y para los usuarios. Se descartó bajar los impuestos a la gasolina -para no perder recaudación fiscal- y a cambio se otorgó una subvención de 20 céntimos por litro, de la cual 15 céntimos corren a cargo del Gobierno y otros 5 a cargo de las petroleras.

No obstante, el impacto ha sido nulo ya que los consumidores pagan más por la gasolina ahora que al momento de aprobarse estas ayudas, incluso descontando los 20 céntimos de la ayuda. El Ejecutivo culpa a las gasolineras de inflar los precios e indican que les vigilan, aunque el impacto sigue siendo unos precios históricamente altos, mientras el resto de Europa comienza a pagar menos por los carburantes. Pese a ello, desde el Ejecutivo confirman a este diario que no se plantean retirar el descuento.

Ayudas ICO a empresas

La Agencia Tributaria dijo esta semana que ha ingresado 491 millones de euros a las gasolineras en concepto de anticipos y devoluciones para hacer posible la bonificación de hasta 20 céntimos por litro repostado de combustible tanto a particulares como a empresarios.

En cuanto a las ayudas directas al transporte, concedidas tras dos semanas de paros de los camioneros, se indica que ya se ha abonado casi 250 millones de euros a empresas y autónomos del sector del transporte sólo una semana después de la autorización de la Comisión Europea. Una autorización que se consiguió un mes después de la aprobación del plan y que comprometió 1.600 millones de euros.

Otro de los ejes de este Plan contra la guerra es la ayuda ICO a las empresas afectadas. El Gobierno comprometió una línea de liquidez con un máximo de 10.000 millones de euros, sin embargo, el primer tramo de 5.000 millones solo se autorizó el martes pasado en el Consejo de Ministros, cinco semanas después de ser -en teoría- aprobado por este mismo órgano. Lo cierto es que las fuentes empresariales consultadas indican que el dinero no comenzará a llegar a las empresas hasta bien entrado el segundo semestre.

Pacto de rentas

Otro de los grandes ejes del plan El Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra anunciado por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados es el pacto de rentas con el que pedía un acuerdo entre la patronal y los sindicatos para moderar los salarios y contener los beneficios. Un acuerdo que está más lejos que nunca después de dos meses de reuniones intermitentes.

Hace dos semanas, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO rompieron las negociaciones para cerrar un acuerdo salarial que sirviese de base para este pacto de rentas. Siete días después todas las partes reconocieron que era casi imposible alcanzar un acuerdo este año y se optó por pactos puntuales por sectores. Finalmente, el pasado martes la CEOE emitió un informe tras su comité ejecutivo pidiendo no vincular sueldos al IPC y reforzar el peso de variables vinculadas a la productividad.

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