Abengoa negociará con sus acreedores una quita de deuda por encima del 80%
También se planteará que el Estado extienda del pago con las administraciones públicas, Hacienda y Seguridad Social, más el apoyo de CESCE en avales
Sede de Abengoa en una imagen de archivo. | AGENCIAS
El equipo gestor de Abengoa y miembros de su Consejo de Administración ultiman la propuesta para reestructurar la deuda de la compañía cifrada en 6.000 millones de euros y así evitar la que sería la mayor quiebra de una empresa en la historia de España. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con fuentes involucradas en estas negociaciones, uno de los ejes del plan es ofrecer una quita superior al 80% del montante total y un horizonte de pagos a ocho años vista.
A comienzos de junio, la matriz del grupo andaluz entró en fase de convenio tras el dictamen del juez que tramita su concurso de acreedores presentado en febrero del año pasado. Esto implica que Abengoa debe presentar una propuesta formal de acuerdo a los tenedores de deuda a más tardar el 1 de julio. A partir de aquí hay otros dos meses para que todos los acreedores acepten y, si hay acuerdo mayoritario, se evita la liquidación de la compañía.
Este acuerdo avanza en paralelo a la solicitud de 249 millones de euros al fondo de rescate de la SEPI y de la reestructuración propuesta por la anterior administración que implicaría que el nuevo dueño de Abengoa sea el fondo Terramar con un 70% tras aportar 200 millones, la mayoría en créditos. Un pacto que se articularía a través de la filial con los activos más valiosos, Abenewco 1, pero que está sujeto a un rescate que debe resolverse como máximo en las próximas dos semanas.
Situación de Abenewco 1
Desde Abengoa se trabaja con la certeza de que esta ayuda no será aprobada, por lo que la solución planteada el próximo 1 de julio no incluirá ni los 249 millones de la SEPI ni la participación de Terramar en la compañía. Lo que sí se hará será blindar a Abenewco 1 y a todas sus sociedades dependientes -con los negocios estratégicos para la energética- para que no sean vendidas bajo ningún concepto durante el proceso de reestructuración.
Del mismo modo, otro de los ejes en los que se trabaja es el apoyo de entidades públicas. En Abengoa creen que si no reciben los 249 millones de euros de la SEPI tienen margen para pedir gestos de parte de la Administración. Consideran que el Estado puede ayudar dando una extensión del pago con las Administraciones públicas, Hacienda y Seguridad Social, más el apoyo de CESCE en avales. «Con aplazar los 100 millones aproximadamente de deuda con Administraciones ya se conseguiría un gran avance para lograr todo el encaje», indican.
Actualmente la deuda de Abengoa, equivalente a 6.000 millones de euros, está en poder de unos 300 acreedores. Casi todos fondos de inversión, entre los que encontramos a KKR o Bluemountain, compraron a los bancos españoles este pasivo a menos de un 5% de su valor real. Es por ello por lo que en la empresa andaluza consideran que hay muchas posibilidades de que acepten una quita superior al 80% debido a que el riesgo de liquidación es muy elevado -tras lo que se quedarían sin nada- y se estaría pagando un valor muy por encima de lo desembolsado originalmente.
Acreedores de Abengoa
Otra de las situaciones que juega a favor de Abengoa es que la parte más importante del pasivo se encuentra en manos de media docena de estos fondos, por los que las negociaciones se podrían producir con relativa rapidez y con pocos actores que hasta el momento han demostrado actuar en bloque.
De esta manera, la oferta a los acreedores se presentará el 1 de junio, un día después de que expire el plazo que la Unión Europea dio al Gobierno para que rescate empresas afectadas por la Covid. Abengoa, a través de Abenewco 1, presentó su solicitud el 17 de marzo del año pasado, pero durante todo este tiempo la SEPI ha dudado de que esta ayuda pueda servir efectivamente para rescatar a la compañía. La sociedad pública recela de Terramar y cree que su propuesta no aporta la suficiente capitalización para la sociedad.
Por otro lado, como ya ha publicado este diario en la sociedad pública nadie se atreve a rescatar a una empresa que no cumple con ninguno de los criterios de este fondo y todo parece indicar que se inclinará por dejar que expire el plazo para la entrega de estas ayudas el 30 de junio y dar por concluido el expediente de oficio.
Dudas de la SEPI
Este diario también ha publicado en varias ocasiones que la SEPI teme que la aprobación del rescate de Abengoa se convierta en otro nuevo caso Plus Ultra, financiando con dinero público a una empresa quebrada y cuyos problemas no están relacionados con la pandemia. Se cree además que podrían utilizar este dinero sólo para pagar deudas y para sostener con vida a una empresa que no tiene viabilidad.
Un escenario que parece aún más claro después de las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en Sevilla. «No somos los ministerios quienes tenemos, ni mucho menos, la capacidad de influir en esas decisiones», indicó al mismo tiempo que culpó a la Junta de Andalucía por no apoyar financieramente a Abengoa a comienzos del año pasado y antes de que presentará el concurso de acreedores.
Un día en el que además Terramar volvió a ampliar el plazo de aceptación de su oferta –como ya había adelantado este diario– por cuarta vez desde comienzos de año y probablemente para no perder los 450.000 euros que Abengoa debe abonarles en concepto de indemnización si no se concreta la operación.
