El PP exige explicaciones al Gobierno por el polémico rescate de las clínicas Vivanta
La ayuda de 40 millones fue concedida tres días antes de que expirara el plazo del fondo de la SEPI y en el último Consejo de Ministros en el que podía aprobarse
El Partido Popular (PP) registró esta semana una pregunta parlamentaria al Gobierno pidiendo explicaciones por la concesión de 40 millones de euros a clínicas Vivanta. El grupo recibió estas ayudas públicas el pasado 27 de junio en el marco del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) desde julio de 202o hasta junio de 2022.
La ayuda fue concedida sólo tres días antes de que expirara el plazo de este fondo y en el último Consejo de Ministros en el que podía aprobarse. De esta manera, se dio luz verde a la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones.
Según la petición a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el PP pregunta «¿qué motivos han movido al Gobierno de España para declarar el Grupo Vivanta como empresa estratégica y concederle dicha ayuda?». Los populares piden además al Ejecutivo que aporte todos los documentos e informes en los que la SEPI y el Consejo de Ministros han basado su decisión y la calificación de Vivanta como «empresa estratégica».
Requerimientos a los ministerios
Entre las administraciones públicas a las que se les ha solicitado información se encuentra la propia SEPI, Presidencia de Gobierno, el Ministerio de Sanidad, de Consumo, de Asuntos Económicos, Ciencia, Hacienda, Industria, Trabajo y Presidencia. Las dudas del Partido Popular confirman las informaciones de este medio, que en diciembre ya advirtió de que las dudas en la concesión de estos 40 millones.
Clínicas Vivanta es una empresa que estuvo varios años en el punto de mira judicial por varias denuncias en su contra y, según adelantó este diario, la compañía solicitó estas ayudas a pesar de que «la situación financiera de la firma actualmente es buena» y de que está «llegando a niveles de facturación prepandemia».
La compañía se enfrentó a una guerra en los juzgados desde 2018 contra sus antiguos accionistas minoritarios y registró pérdidas por 20,13 millones de euros a cierre de 2019, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por este diario a través de la herramienta Insight View. Precisamente, el no ser una empresa que ya estuviera en crisis a 31 de diciembre de 2019 era una de las líneas rojas marcadas por la SEPI para poder optar a las ayudas públicas del Fondo .
Causas judiciales de Vivanta
La otra condición que complicaba el rescate a Vivanta era la de «no haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos».
El fondo Portobello -que constituyó Vivanta en 2017 tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent- mantuvo abiertos varios casos penales y mercantiles con los antiguos socios minoritarios de Vivanta. Los juzgados de instrucción de primera instancia número 49 y número 21 de Madrid mantuvieron abiertos sendos procesos en los que estaban investigados varios directivos de Portobello por presuntos delitos de estafa y falsedad documental.
Además, en julio de 2021, el juzgado mercantil número 12 de Madrid dictó una sentencia por la que declaró nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros con la que Portobello diluyó a los accionistas minoritarios de Vivanta. «Son hechos judiciales antiguos y ya conocidos, que se suman a otros casos que fueron archivados en favor de Vivanta», indicaban entonces desde la compañía a este diario. De hecho, posteriormente la mayoría de estos casos han sido archivados.
Empresa estratégica
A esto hay que sumar que el PP duda del carácter estratégico de la clínica dental. El Real Decreto-ley 25/2020 establecía que este fondo tenía por objeto «compensar el impacto de la emergencia sanitaria en el balance de empresas solventes consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico nacional o regional». Y citaba como motivos para considerar este carácter «su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados».
La justificación oficial de la SEPI para conceder estas ayudas fue que «es la segunda cadena de clínicas dentales del país, con más de 200 clínicas distribuidas en 17 comunidades autónomas, dando servicio a más de 100.000 pacientes anualmente. La compañía tiene un impacto significativo en el empleo nacional y la economía española. En 2019 generó casi 2.000 empleos directos y cerca de 1.300 indirectos. El 85% de su plantilla son mujeres y el 60% es menor de 38 años».
«En los primeros años desde su creación y hasta la llegada de la pandemia, Vivanta ha presentado ratios de crecimiento de ingresos, pasando de unas ventas de 32 millones de euros en 2017 a 148 millones en 2019. Sin embargo, la crisis sanitaria supuso una drástica caída de la demanda en el sector dental, llegando prácticamente al 100% en el periodo de confinamiento inicial». indicó la SEPI en la nota de prensa en la que anunció la concesión de estos 40 millones al grupo.
