Los funcionarios temporales con años en la administración exigen regular su situación
Dos millones de empleados públicos llegan a Bruselas con su demanda al sentirse reos de un limbo jurídico que les mantiene temporales pese a trabajar como fijos
Exteriores del Parlamento Europeo (Estrasburgo, Francia). | Europa Press.
Hay más de dos millones de funcionarios en las Administraciones españolas en una virtual situación de temporalidad que contraviene, según los juristas, la Directiva Europea 1999/70/CE que obliga a replantear la situación de estos interinos pasados tres años de su desempeño en la cobertura de la plaza de un titular.
Es decir, estos empleados públicos computan como temporales, pero su realidad es indefinida. Carecen de los derechos del régimen en el que realmente desempeñan sus funciones y pese a desempeñar sus puestos con carácter permanente asisten periódicamente a la renovación -o no- de sus contratos, cuando la normativa europea impide que se concatenen contratos temporales sine die.
Temporales de por vida
Algunos llevan más de 30 años en esta situación interina permanente, encadenando contratos temporales, en un limbo jurídico que les reconoce trienios e incluso sexenios, pero no ataja su temporalidad ficticia. De este modo, el colectivo afectado tiene carácter permanente en la plantilla pública pero las condiciones de un temporal a efectos de, sin ir más lejos, indemnizaciones en caso de separación de su puesto.
La directiva europea, que sí rige para el sector privado, no se está cumpliendo con estos empleados de las Administraciones, denuncia la asociación de empleados públicos en abuso (EPA), que preside Concepción Rodríguez Fariña, a través del despacho Navas & Cusí, que ha llegado a Bruselas con su reclamación.
Por ello, EPA pide al Gobierno -al amparo de la normativa europea- que cese su situación laboral «insostenible» adoptando la transformación de estos empleados temporales en empleados públicos de carácter indefinido, como es la realidad de su situación aunque no va acompañada del resto de condiciones de un indefinido que incluso lleve menos años en el puesto que muchos de los afectados.
El 70% del colectivo afectado son mujeres
Piden una regularización administrativa de su situación y argumentan que tiene coste cero para el Estado ya que están desempeñando sus puestos en la actualidad y que, sin embargo, su sustitución por otros efectivos acarrearía un elevado coste en distintos conceptos de reposición y eventuales penalizaciones. De hecho, así se ha actuado -aducen- con trabajadores de empresas subrogadas a las Administraciones Públicas, que no han pasado ningún tipo de proceso selectivo para entrar en la Administración.
Rodríguez Fariña explica a THE OBJECTIVE que «la ley española 20/2021 que regula el abuso de contratos sucesivos en el empleo público incumple la directiva europea porque restringe los derechos de los empleados públicos temporales, dejándoles en completa indefensión y desprotegidos, al no tener derecho ni a indemnización por cese ni a la compensación por no superar el proceso selectivo».
Además, desde EPA se resalta un agravante que afecta al colectivo femenino, más del 70% del total de los afectados por el abuso de la temporalidad contrario a la directiva europea: mujeres con una media de edad de más de 50 años, con cargas familiares y en categorías laborales precarias en la Administración viven en ese limbo de la temporalidad indeterminada viendo comprometido el devengo de unas pensiones ajustadas a la dedicación efectiva en sus puestos.
Más de 10.000 demandas
«El número de interinos en abuso de temporalidad en España ronda los 2 millones entre Ayuntamientos, Diputaciones, Consejerías y otros órganos del entramado público. Además, hay una serie de plazas, denominadas De Cupo, ocupadas por temporales que no aparecen recogidas en ningún registro público y que hacen que la temporalidad real sea mucho mayor de la que oficialmente se reconoce».
Se han cursado más de 10.000 demandas sobre el abuso de la temporalidad en España entre las presentadas en juzgados de lo Social y en Contencioso-Administrativo, y ahora que la causa ha llegado a Bruselas, desde EPA, Rodríguez Fariña espera «noticias» del Parlamento Europeo sobre su petición (referencia 0832/2021) que denuncia la vulneración de las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70 sobre el abuso de contratos sucesivos por la Administración Pública.
El Parlamento Europeo garantiza el control democrático de la Comisión y tiene competencias de supervisión y control que le permiten realizar un seguimiento de otras instituciones y garantizar así la correcta aplicación de la legislación comunitaria.
