La SEPI tomará el control de las empresas rescatadas que estén al borde de la quiebra
La sociedad pública realizó 30 rescates en los que desembolsó 3.259 millones, con préstamos participativos de 2.045 millones de euros
Sede la SEPI en Madrid. | AGENCIAS
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) prevé tomar el control en las empresas rescatadas por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) que estén en riesgo de quiebra y que, por tanto, se vean imposibilitadas de devolver el rescate público recibido. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que la sociedad pública asume que muchas no podrán hacer frente a los pagos comprometidos lo que les obligaría a entrar en el capital de la mayoría de ellas para acelerar la búsqueda de soluciones.
La SEPI ejecutó 30 rescates en los que desembolsó 3.259 millones, con préstamos participativos por valor de 2.045 millones de euros y otros 1.214 millones en concepto de préstamos ordinarios. En el caso del préstamo participativo -el 60% del dinero desembolsado por el Gobierno se concedió bajo esta modalidad- quien lo concede tiene la opción de convertirse en accionista de la empresa si es que ésta no cancela su deuda.
El préstamo participativo se concede en mejores condiciones para amortizar la deuda, tienen un periodo de carencia de unos siete años y además con unos intereses muy bajos, ya que generalmente se hacen con el aval del Gobierno o de instituciones públicas. Es además el último crédito que se cobra en situación de quiebra empresarial ya que todo el resto de deudas con entidades privadas tienen prioridad.
3.200 millones de SEPI
En el caso particular de los rescates, las fuentes consultadas por este diario indican que las estimaciones de la SEPI apuntan a que todas estas compañías -consideradas empresas estratégicas en ámbitos sensibles como el turismo, la industria o las infraestructuras- volverán a enfrentar problemas de liquidez en los próximos años, lo que les impediría hacer frente a los pagos derivados del rescate y a mantener en muchos casos, su propia viabilidad.
Este diario ya publicó que dentro de la sociedad pública hay cada vez más dudas de que el Estado pueda recuperar los más de 3.200 millones de euros concedidos en estos últimos 24 meses. La mayoría de préstamos concedidos a las empresas tiene un plazo de pago que va de los cinco a los siete años desde su adjudicación, sin embargo la situación de muchas de ellas -donde incluso se han agravado los problemas económicos tras la concesión de las ayudas- hace muy difícil que se recuperen con la suficiente velocidad como para poder devolver las ayudas en los plazos establecidos.
Muchas de las empresas rescatadas han recibido el salvavidas económico incluso con problemas anteriores a la pandemia. Es decir, que tenían dificultades financieras antes de la llegada de la covid. Esto significa que muchas de ellas seguirán con problemas pese al rescate y es muy probable que un importante número consuma el rescate en gastos corrientes y no pueda garantizar su supervivencia en el mediano plazo.
Viabilidad de las empresas
Es por ello por lo que la única solución que quedaría para la SEPI sería convertir la deuda en capital y entrar a controlar las sociedades con problemas, aunque esto significa en la práctica renunciar a recuperar parte de los 2.045 millones que se han concedido como préstamos participativos. En estos momentos, el Estado tutela la mayoría de estas empresas en problemas ya que entre los requisitos de la ayuda estaba la entrada del Ejecutivo en sus respectivos Consejos de Administración.
De hecho, no hay ningún nombramiento que actualmente se haga en estas empresas rescatadas que no cuente con la aprobación del Estado. Sin embargo, entrar a controlar las compañías como uno de los accionistas mayoritarios es un paso más allá en esta estrategia ya que se traduciría en un control directo del Gobierno y en una implicación activa en la búsqueda de soluciones para lograr la viabilidad financiera.
La prioridad del Gobierno es mantener la viabilidad de las empresas evitando que entre en concurso de acreedores antes de que puedan devolver los préstamos. El Ejecutivo y la SEPI quieren evitar a toda costa que estas empresas lleguen a una situación de preconcurso porque esto significa reconocer que los rescates se hicieron en empresas que no eran viables y que primaron los motivos políticos más que los técnicos.
Inversor industrial
La SEPI trabaja para no llevar a estas situaciones críticas. El primer movimiento será servir de aval y apoyo para la renegociación de las deudas de estas compañías ante la banca acreedora. Muchas de ellas tendrán vencimientos de acreedores entre el año 2023 y 2024, por lo que el apoyo del Gobierno será fundamental para flexibilizar estos procesos de pago. Si el Estado garantiza estas deudas, es muy probable que la banca renegocie en mejores condiciones para las empresas rescatadas y pueda concederles nuevos plazos.
La segunda vía que está adoptando la SEPI es exigir la llegada de un inversor industrial en muchas de estas compañías. El caso más llamativo es Air Europa, que ha encarrilado la entrada de Iberia en su capital gracias a la intermediación del Gobierno. Otra empresa en una situación similar es Duro Felguera a la que se le exige la entrada de un socio que garantice contratos y cartera de clientes.
La SEPI asume que deberá renegociar los pagos de los créditos concedidos hasta cuanto sea necesario y creen que por encima del pago de estas ayudas, se encuentra la supervivencia de estas empresas. Esto supone que buena parte de los 3.200 millones que se le adeudan no puedan ser recuperados nunca antes de una década.
