España afronta sus primeras medidas de ahorro energético en 50 años
Edificios públicos y comercios no podrán bajar de 27 grados el aire acondicionado, mientras que los escaparates deberán estar apagados a partir de las 22.00 horas
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Jesús Hellín (Europa Press)
El plan de ahorro energético no se cambia y desde las 00.01 horas de este miércoles edificios públicos y comercios tendrán que cumplir con límites de temperatura y apagar sus luces por la noche. España afronta así sus primeras medidas para el consumo energético en 50 años con la finalidad de cumplir con el objetivo europeo de acabar con la dependencia del gas ruso tras la invasión a Ucrania.
Fue en la década de los 70, durante la crisis petrolífera, cuando se limitó la velocidad de los automóviles en las carreteras y cuando se comenzaron a aplicar los horarios de verano e invierno. Ahora, con el real decreto-ley por el que se pone en marcha el Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, se limitará a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, y se apagarán las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas. Todas tendrán una vigencia desde este miércoles hasta el 1 de noviembre de 2023.
Por su parte, centros sanitarios y hospitalarios, de formación (colegios, universidades o guarderías), lavanderías, peluquerías, gimnasios y los medios de transporte en sí (trenes, aviones, aeropuertos, barcos…) quedan excluidos de esta obligatoriedad de limitar la temperatura. Además, quedan exentos aquellos centros donde sea necesario por las especificidades del sector, así como en el caso de las habitaciones de los hoteles, que son de regulación privada. En el resto del hotel (por ejemplo, restaurantes, cafetería, espacios comunes) sí se deberá aplicarse.
De esta manera, los límites de temperatura establecidos se aplicarán al interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados, situados en los edificios y locales destinados a uso administrativo (incluyendo plantas o zonas de oficinas, vestíbulos generales y zonas de uso público), comercial (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares) y cultural (teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares), así como en establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, restauración (bares, restaurantes y cafeterías) y transporte de personas (estaciones y aeropuertos).
Flexibilidad para bares y restaurantes
Sin embargo, según la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, los bares y los restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al «entorno de los 25 grados», teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral. Los comercios y establecimientos deberán justificar cuando no aplican el límite de temperatura en el termostato. Esta información fue adelantada por THE OBJECTIVE fruto de la comparecencia de Ribera, en la que erró al no tener en cuenta un decreto de 1997 que establece las disposiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo y que recoge la prohibición de desempeñar las tareas de un oficio en ciertas condiciones.
En lo que respecta al apagado de alumbrado de escaparates, los comercios deberán bajar los plomos a partir a de las 22.00 horas. Esta medida se aplicará exclusivamente al alumbrado de escaparates y de edificios públicos que a dicha hora estén desocupados. De este modo, no afectará al alumbrado ornamental de monumentos (salvo que sean edificios públicos que a dicha hora estén desocupados).
Por otro lado, los establecimientos deberán de disponer de carteles, señales o pantallas para informar de las medidas de aplicación que se han puesto en marcha y de cómo contribuyen al ahorro energético. La información deberá incluir la temperatura y humedad. También pueden comunicar otras medidas que estén adoptando voluntariamente y los carteles deberán ser visibles desde la entrada o acceso de los edificios. La fecha de inicio de la medida es el 2 de septiembre y estará vigente, en principio, hasta el 1 de noviembre 2023.
Asimismo, los locales tienen la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas adecuado. No se podrá tener la puerta abierta mientras funciona el aire acondicionado o la calefacción. Esto se aplicará en edificios y locales con acceso desde la calle. En esta medida, no se consideran exclusiones, salvo que la legislación de seguridad que aplique al edificio o local impida cumplirla. Los establecimientos tienen de tope hasta el 30 de septiembre para dotarse de este mecanismo. En el siguiente enlace puede acceder a una pequeña guía del plan.
El Gobierno ha puesto en marcha una serie de subvenciones para facilitar la modernización de los locales a través de sistemas eléctricos más eficientes. En concreto, la cartera que dirige Ribera ha aprobado una línea de ayudas de 100 millones de euros para las empresas de servicios con la que pretende incrementar el ahorro y la eficiencia energética de cualquier edificio existente perteneciente al sector terciario.
Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de 60.000 euros por infracciones leves, de seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.
Fuentes de Transición Ecológica explican a este medio que el régimen sancionador se rige por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, podrá actualizar, mediante real decreto, las cuantías de las sanciones. De hecho, el inconveniente es que las sanciones previstas en ese reglamento son para supuestos que nada tienen que ver con los detallados en el nuevo plan de ahorro energético, con lo que es probable que el Ejecutivo tenga que ajustar la cuantía de las multas.
312.000 euros por una campaña de ahorro
El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una campaña que pretende «fomentar la reducción del consumo de energía, dando prioridad a consejos o mensajes que induzcan a un cambio de comportamiento, sobre aquellos usos que tengan un mayor peso en el consumo nacional», sobre todo en el hogar y en el trabajo y en el transporte y la movilidad.
El pliego de condiciones de la campaña recoge que para la ejecución de todos los trabajos necesarios se estiman aproximadamente nueve meses de plazo a partir de la firma del contrato con el adjudicatario. Previsiblemente, la campaña estará en difusión en medios de comunicación el último trimestre de 2022 o el primer trimestre de 2023. Cuenta con un presupuesto de 312.000 euros (más IVA) para los trabajos de diseño, estrategia, creatividad, producción y estudio de resultados.
El comercio, en contra. La Confederación Española de Comercio (CEC) pide que se revise el Real-Decreto ley. Considera que el plan no tiene en cuenta la diversidad y las diferentes particularidades de establecimientos en cuanto a tipo de producto y la zona geográfica en la que se ubican. Subraya que el Gobierno debería de haber contado con el consenso y aportaciones del pequeño comercio, antes que fijar unas medidas que ve de «difícil aplicación» y que, en su opinión, provocan «inseguridad jurídica por su contradicción con otras normativas existentes».
