Los inspectores de Hacienda cobran bonus de 30.000 euros al año aunque sus actas fracasen
Los expertos aseguran que la falta de transparencia de la Agencia Tributaria respecto al bonus de los inspectores no se compadece con el deber de información del ciudadano.
Fotograma de la película documental 'Hechos probados'. | Documentalhechosprobados.com
Los inspectores de Hacienda cobran una retribución variable, un bonus promedio, en el entorno de los 30.000 euros anuales, al margen de si sus actuaciones llegan a buen fin, pese a que en el 49% de los casos fracasan. Y además ese dinero extra, que se añade a su salario, se reparte en un fondo común del que participan miembros de ese Cuerpo aunque no hayan emitido actas. Vienen a ganar un 40% extra al año por el variable.
Si el caso tributario destapado por ellos llega finalmente a los tribunales y fracasa, no se les retira su incentivo. Algo que, según juristas consultados por THE OBJECTIVE, supone la constitución de «un sistema perverso».
No es baladí que exista una sentencia de 22 de julio de este año, del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, que haya estimado el recurso interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), en la que el tribunal falla que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), tras un silencio administrativo en el mismo sentido, debe cumplir su deber de información para que el demandante conozca los emolumentos variables de los inspectores de Hacienda.
A fecha de hoy, no se ha recibido esa información por parte del demandante, pero este diario ha recopilado datos para saber cómo se construye el bonus de los inspectores.
La AEAT detrae de su presupuesto una cantidad para incentivos, llamados «productividad». Todos los años se aprueba un honorario extra llamado Plan de Intensificación de Actuaciones (PIA).
Cada departamento de la Agencia planifica las actuaciones (declaraciones paralelas, presuntas incongruencias de ingresos, petición de información empresarial) del año en curso. Se llama este proceso «Actuaciones Programadas Valoradas (APV)». En función de ello, se asignan expedientes a los funcionarios y se les otorga un valor equis en función de su «presunta» complejidad.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el crédito destinado a «incentivar» el funcionamiento de la Inspección se asigna bajo un procedimiento denominado «baremo».
El «baremo» se reparte por departamentos y organización territorial. De modo que un 70% del cobro por la productividad asignada es correlativo al cumplimiento de los objetivos encomendados. Y un 25% se reparte en función de indescifrables coeficientes de «eficacia y calidad», sobre los que AEDAF ha instado su aclaración en el marco de la petición de una explicación nítida y clara del sistema de retribución variable de los miembros del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
En cada departamento de la Inspección se recibe la información sobre la carga de trabajo y crédito de productividad asignado y se decide su reparto entre los equipos y unidades también conforme a criterios adicionales que hacen difícil cuantificar el sobresueldo de los inspectores.
Un 70% se recibe por parte de los actuarios vía liquidaciones mensuales, no relacionadas con la cantidad recaudada. Un 25% premia la diligencia en siete criterios de «calidad y eficacia», siendo solo uno el importe de las actas. Hay un 5% para «casos excepcionales» sin determinar el criterio de excepcionalidad.
El documental Hechos Probados, dirigido y producido por Alejo Moreno, refleja cómo este sistema puede provocar la quiebra personal y económica de un empresario generador de empleo. Agapito García Sánchez (Noblejas, Toledo, 1942) fue señalado, en la primera lista de morosos instigada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, como el mayor deudor tributario del país.
La deuda de este empresario, batallada en los tribunales, se engrosaba por minutos vía recargos, apremios y penalizaciones, hasta suponer el doble de dinero que los juzgados habían de dirimir si debía, fruto de actas levantadas por actuarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda.
Los expertos relatan que hay un límite muy delgado entre las potestades de la Administración y la prevaricación, y que la falta de transparencia de la Agencia Tributaria respecto al bonus de los inspectores no se compadece con el deber de información del ciudadano.
