Los inspectores de Hacienda cobran bonus de 30.000 euros al año aunque sus actas fracasen
Los expertos aseguran que la falta de transparencia de la Agencia Tributaria respecto al bonus de los inspectores no se compadece con el deber de información del ciudadano.
Fotograma de la película documental 'Hechos probados'. | Documentalhechosprobados.com
Los inspectores de Hacienda cobran una retribución variable, un bonus promedio, en el entorno de los 30.000 euros anuales, al margen de si sus actuaciones llegan a buen fin, pese a que en el 49% de los casos fracasan. Y además ese dinero extra, que se añade a su salario, se reparte en un fondo común del que participan miembros de ese Cuerpo aunque no hayan emitido actas. Vienen a ganar un 40% extra al año por el variable.
Si el caso tributario destapado por ellos llega finalmente a los tribunales y fracasa, no se les retira su incentivo. Algo que, según juristas consultados por THE OBJECTIVE, supone la constitución de «un sistema perverso».
No es baladí que exista una sentencia de 22 de julio de este año, del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, que haya estimado el recurso interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), en la que el tribunal falla que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), tras un silencio administrativo en el mismo sentido, debe cumplir su deber de información para que el demandante conozca los emolumentos variables de los inspectores de Hacienda.
A fecha de hoy, no se ha recibido esa información por parte del demandante, pero este diario ha recopilado datos para saber cómo se construye el bonus de los inspectores.
La AEAT detrae de su presupuesto una cantidad para incentivos, llamados «productividad». Todos los años se aprueba un honorario extra llamado Plan de Intensificación de Actuaciones (PIA).
Cada departamento de la Agencia planifica las actuaciones (declaraciones paralelas, presuntas incongruencias de ingresos, petición de información empresarial) del año en curso. Se llama este proceso «Actuaciones Programadas Valoradas (APV)». En función de ello, se asignan expedientes a los funcionarios y se les otorga un valor equis en función de su «presunta» complejidad.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el crédito destinado a «incentivar» el funcionamiento de la Inspección se asigna bajo un procedimiento denominado «baremo».
El «baremo» se reparte por departamentos y organización territorial. De modo que un 70% del cobro por la productividad asignada es correlativo al cumplimiento de los objetivos encomendados. Y un 25% se reparte en función de indescifrables coeficientes de «eficacia y calidad», sobre los que AEDAF ha instado su aclaración en el marco de la petición de una explicación nítida y clara del sistema de retribución variable de los miembros del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
En cada departamento de la Inspección se recibe la información sobre la carga de trabajo y crédito de productividad asignado y se decide su reparto entre los equipos y unidades también conforme a criterios adicionales que hacen difícil cuantificar el sobresueldo de los inspectores.
Un 70% se recibe por parte de los actuarios vía liquidaciones mensuales, no relacionadas con la cantidad recaudada. Un 25% premia la diligencia en siete criterios de «calidad y eficacia», siendo solo uno el importe de las actas. Hay un 5% para «casos excepcionales» sin determinar el criterio de excepcionalidad.
El documental Hechos Probados, dirigido y producido por Alejo Moreno, refleja cómo este sistema puede provocar la quiebra personal y económica de un empresario generador de empleo. Agapito García Sánchez (Noblejas, Toledo, 1942) fue señalado, en la primera lista de morosos instigada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, como el mayor deudor tributario del país.
La deuda de este empresario, batallada en los tribunales, se engrosaba por minutos vía recargos, apremios y penalizaciones, hasta suponer el doble de dinero que los juzgados habían de dirimir si debía, fruto de actas levantadas por actuarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda.
Los expertos relatan que hay un límite muy delgado entre las potestades de la Administración y la prevaricación, y que la falta de transparencia de la Agencia Tributaria respecto al bonus de los inspectores no se compadece con el deber de información del ciudadano.
Simple y llanamente es un delito. Es una cueva de LADRONES. Si pierden el juicio no sólo deben devolver lo robado, sino expulsados de la administración. Es una desvergüenza que debería ser prohibida por ilegal. Por eso algunos que conozco están todo el año viajando. A costa de lo que nos roban
Se olvidan de algo muy importante.
El aparato represivo de Hacienda (en sus lineas maestras actuales), y sus incentivos, lo mas parecido a una Inquisición del XXI, lo diseñó un señor llamdo Cristobal Montoro, con el PP ganando por la mayoría absoluta.
La Montero y Sñanchez no han tenido mas que apretar un poco mas el acelerador del Monstruo, pero el Montruo ya estaba allí.
Votar al PP, y mas un PP que se sigue mostrando orgulloso de aquello, y quejarse al mismo tiempo de la represión Fiscal de Sánchez para mi es incomprensible.
Lo mas parecido que he visto es el de los nacionalistas catalanes con posibles votando el Puigdemont o excrecencias o bien Esquerra.
Lo que ocurrre no es básicamente porque los perjudicados no tienen el coraje de asumir que se los ha engañado. No proque Hacienda sea como es.
Yo puedo hablar de mi experiencia personal.
Como autónomo mi actividad depende 100% del sector inmobiliario. Durante unos años previos al 2008 mis beneficios se dispararon, ayudados por la burbuja inmobiliaria y añadida a la circunstancia personal de sumar otra actividad.
Hice las cosas medianamente bien y ahorré dinero pero al llegar 2008 mis declaraciones de hacienda entraron en pérdidas, algo lógico.
Las inspecciones me vinieron en cascada, hasta cinco años seguidos, hasta mi asesor me propuso que declarara beneficios ficticios para que me dejaran en paz, a lo que me negué.
El trato era tipo mafia y prepotente pero a pesar de quitar gastos que si estaban justificados para la actividad no lograban robarme cantidades importantes, lo máximo fueron 500 €, es decir, un inspector varios días mirando facturita por facturita y no sacaba ni para pagar sus horas.
Aquí apunto una de las peleas, yo pagaba una cotización alta a la SS, un impuesto al fin y al cabo, y ellos proponían que bajara la cotización al mínimo, a lo que me negué porque por mi edad prefería garantizarme una jubilación más alta.
Al final vieron que no les era rentable y ya no me hacen inspecciones, se contentan con fastidiarme haciéndome las devoluciones HASTA CON DOS AÑOS DE RETRASO.
Esa es otra, aunque tú renta sea baja te obligan a retenciones sobre el bruto que luego no quieren devolver.
En definitiva, son auténticos mafiosos y he conocido clientes, trabajadores duros y con cierto éxito que al final hacienda los ha dejado en la indigencia, viviendo en la miseria de una pensión mínima.
Creo que con hacienda hay que tener claro no dejarse amedrentar, no admitir nunca sus mentiras y no acobardarse con sus amenazas.
Es verdad que en mi caso nunca llegaban a ser casos con cárcel, el montante era menor y supongo que eso hacía más fácil enfrentarse.
Si se por experiencia personal que cada vez que aparecía la carta de hacienda se me ponía mal cuerpo y nunca llegué a acostumbrarme. Han sabido crear una imagen de terror.