España deberá reducir su deuda pública para recibir los 84.000 millones que quedan de la UE
La Comisión Europea advirtió en mayo de la necesidad de mantener controlado el gasto público, pese a la suspensión de las reglas fiscales hasta el año 2024
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. | A. Pérez Meca (Europa Press)
El Gobierno ultima la agenda del Plan de Recuperación y Resiliencia que quiere enviar antes de final de año a Bruselas para recibir los 84.000 millones euros en créditos que le corresponden de los Next Generation, pero que todavía no han sido autorizados. Un documento en el que además de definir los proyectos en los que se invertirá el dinero debe comprometerse con una serie de objetivos para garantizar el correcto uso de estos fondos, entre los que destaca -según ha podido saber THE OBJECTIVE– el refuerzo de la disciplina fiscal y la reducción de la deuda pública en el mediano plazo.
En concreto, la Unión Europa pide a España -y a todos los estados miembros que quieran recibir más fondos- garantía de la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Esto supone mantener el déficit y la deuda pública controlada este año y el siguiente y hacer esfuerzos consistentes a partir de 2024 para volver a la senda de la disciplina fiscal. En otras palabras, se pide a España que no se desboque el gasto en estos años para no hipotecar el futuro de las cuentas públicas.
La Comisión Europea advirtió en mayo de la necesidad de mantener controlado el gasto público, pese a la suspensión de las reglas fiscales hasta el año 2024. Lo que Bruselas dejó claro es que pese a que había un año más en el que no se penalizaría el déficit ni la deuda excesiva esto no debería suponer una «barra libre» de gasto para los Estados miembro .
Deuda de España
En este informe, la Comisión mencionó directamente a España pidiendo que se ponga freno a su elevado gasto público, y a su deuda, para no generar un desequilibrio en el entorno europeo. Una preocupación que -según ha sabido este diario- se ha vuelto a transmitir a las autoridades locales condicionando la autorización de los nuevos fondos europeos que España espera utilizar hasta el año 2027.
En este sentido, el Ejecutivo ha vuelto a insistir en su disciplina fiscal en su Informe sobre el escenario macroeconómico para los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Sin embargo, estas previsiones sobre deuda pública fueron cuestionadas por el último Monitor Fiscal publicado el pasado miércoles por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El documento del FMI indica que España registrará un déficit del 4,9% en 2022, que bajará al 4,4% en 2023, al 4,2% en 2024 y al 4,1% en 2025. En 2026 y 2027 se quedará en el 4,3%. En los PGE el Gobierno indica que el déficit será del 5% en 2022 (la única cifra con la que coincide con el FMI), pero que caerá al 3,9% en 2023, al 3,3% en 2024 y al 2,9% en 2025, varios puntos por debajo de las previsiones del organismo internacional a partir del próximo año.
En cuanto a la deuda, el FMI indica que en España caería hasta el 113,6 % del PIB en 2022, al 112,1% en 2023 y al 110,1% en 2024. Para los tres siguientes años (del 2025 al 2027) se espera que se estabilice en torno al 109%. En cuanto a las previsiones del Gobierno, el nivel de deuda pública se situará en niveles inferiores al 110% del PIB al final de 2025 y, pese a que hay mayor coincidencia con las predicciones del Fondo, este organismo vuelve a advertir de que nuestro país es, junto con Italia y Grecia, de las economías de la eurozona con la deuda pública más elevada.
Ejecución de los fondos
Con la presentación de esta adenda -que está elaborando el Ministerio de Asuntos Económicos de la vicepresidenta Nadia Calviño- el Gobierno espera desbloquear los 84.00o0 millones de euros correspondiente a los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobado por la Unión Europea durante la pandemia; además de transferencias adicionales derivada de la asignación extra de 7.700 millones de euros que se suman a los 70.000 millones que ya se aprobaron en 2020 y se han comenzado a repartir desde 2021.
La entrega de estos recursos supone que España se vuelva a comprometer con determinados hitos y un nuevo calendario de pagos que se sumará a la entrega de fondos vigente hasta ahora. Bruselas quiere garantizar además de la disciplina financiera el correcto uso y reparto de los Next Generation, algo que hasta el momento no se cumple del todo. Los últimos datos de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) indican que en 2022 se han autorizado pagos por solo 5.600 millones de euros, menos del 20% de los 28.000 millones comprometidos en los Presupuestos de este año.
Respecto de la elaboración de la adenda, el Gobierno trabaja en cuatro ejes fundamentales: la mencionada sostenibilidad fiscal; el refuerzo de la autonomía estratégica a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte); la autonomía energética -reforzada tras la crisis de la guerra de Ucrania-; y la articulación con los fondos estructurales del Marco Financiero 2021-2027.
Detalles de la adenda
En cuanto a las prioridades del gasto, desde hace unas semanas la ministra Calviño se ha estado reuniendo con agentes sociales, Comunidades Autónomas y grupos políticos para acordar ejes comunes respecto de las necesidades que debe cubrir la adenda. En este sentido, se ha puesto en marcha un foro de consulta y cauce para la concertación y seguimiento en el marco de la mesa de diálogo para el Plan de Recuperación. Se ha abierto además un plazo de consultas con las autonomías, un proceso que concluyó en el mes de septiembre.
En relación a las transferencias, se apostará por el refuerzo de los Perte para la autonomía estratégica y en esta línea ya se anunció esta semana el Perte para la descarbonización de la industria. En cuanto a la movilización de los créditos, se privilegiará el apoyo a la inversión pública y privada hasta el año 2026 con inversiones con periodos de ejecución elevados, inversiones de carácter financiero que computarán como gasto del Capítulo VIII de los PGE, es decir «activos financieros» y se realizará su movilización mediante instrumentos financieros como créditos, préstamos, avales y participaciones de capital.
Estos créditos también incluirán un fondo para las inversiones estratégicas para las Comunidades Autónomas, con políticas públicas de competencia autonómica en vivienda, transporte e infraestructura urbana, así como economía de los cuidados. Respecto de las condiciones de estos créditos, el objetivo es que sean más ventajosas que las del mercado, con intereses variables aplicables sobre el principal pendiente de pago, aunque todavía falta cerrar detalles en este punto.
ACCESO A LOS FONDOS.- Este viernes, la agencia de noticias Bloomberg informó que la Comisión Europea advirtió a España de que no podrá recibir nuevos fondos europeos Next Generation hasta que no establezca un nuevo sistema de auditoría para controlar el destino de estos recursos. Este medio indicó que el requerimiento del siguiente tramo debería haberse producido en septiembre, pero que no se ha hecho por los retrasos en poner en marcha este nuevo sistema de auditoría para controlar el destino de los fondos recibidos. Una situación que podría complicar la elaboración de la adenda y su presentación ante las autoridades comunitarias, según reconocen las fuentes consultadas por este diario.
