El Gobierno reserva 482 millones en ayudas para el 5G de Telefónica, Orange y Vodafone
Este plan, denominado ‘Único 5G Activas’, es una de las mayores demandas de las operadoras de telecomunicaciones para sus nuevos despliegues
María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones, durante su reciente toma de posesión del cargo. | Eduardo Parra (Europa Press)
El Gobierno ha reservado 482,1 millones de euros para el despliegue de infraestructuras activas de 5G en zonas rurales, un montante que debería adjudicarse a finales del año 2023, según consta en el Plan Estratégico de subvenciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Estamos hablando de una de las mayores cifras en subvenciones aprobadas por esta cartera hasta la fecha, y solo equiparable con los 477,2 millones del plan de fibra óptica en zonas rurales.
Este plan, denominado Único 5G Activas, es una de las mayores demandas de las operadoras de telecomunicaciones, que hasta la fecha solo pueden recibir ayudas a infraestructuras pasivas en 5G. Estas son las que se destinan a las torres de telefonía móvil, pero sólo a componentes como hardware o aparatos energéticos, mientras que la infraestructura activa toma en cuenta la tecnología y el software que se requiere para adaptar estos emplazamientos al entorno 5G, tanto en torres como carreteras o instalaciones eléctricas.
De esa manera, las ayudas pasivas -se han lanzado 150 millones este año, sin el interés del sector- sólo están dirigidas a los dueños de las torres como Cellnex, Totem (filial de Orange), Vantage (filial de Vodafone) y American Tower, mientras que las ayudas activas se enfocan directamente a las operadoras que desplieguen las redes de 5G como Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil, esta última sin espectro en la última subasta de 700 MHz.
Fondos europeos
Las ayudas aportarán casi 500 millones a estas compañías, que calculan un coste de 1.500 millones de euros cada una por el despliegue de las nuevas redes. Se haría además para cubrir el despliegue rural que generalmente no es rentable para las operadoras de telecomunicaciones, un modelo que ya se ha llevado a cabo exitosamente en el despliegue de fibra rural.
Sin embargo, y pese a que están consignadas en el Plan de subvenciones, estas ayudas -sujetas a fondos europeos Next Generation– no están oficialmente aprobadas, ya que dependen de la autorización definitiva de la Comisión Europea, un plácet que todavía no se concedido formalmente, según ha indicado el Ministerio de Asuntos Económicos a este medio.
Bruselas no contempla en su plan inicial de ayudas las infraestructuras activas, ya que se centra en subvenciones a la fibra óptica, la mayor demanda de países como Francia, Italia o Alemania. En el caso español, esta parte de fibra está mayoritariamente cubierta por lo que se ha apostado por ayudas directas que llevan meses negociando con Europa.
Zonas rurales sin 5G
Unas negociaciones que van por buen camino, según dijo en septiembre el actual secretario general de Telecomunicaciones, Arturo Azcorra, en el encuentro anual de Ametic en Santander, donde ya deslizó que las ayudas estarían en el entorno de los 300 a los 350 millones. Incluso indicó que las nuevas convocatorias tendrían «condiciones muy atractivas», una de las quejas del sector ya que las ayudas a las infraestructuras pasivas aprobadas hasta el momento tenían unos requisitos poco flexibles.
Por otro lado, durante su comparecencia para explicar los Presupuestos Generales del Estado de 2023, la nueva secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González, dijo en el Congreso de lo Diputados que su objetivo era poner en marcha el proceso a finales de este año, siempre dependiendo del dictamen final de Bruselas, que se espera a más tardar en las próximas semanas y siempre que finalice el año 2022.
En el Plan Estratégico de subvenciones del Ministerio de Asuntos Económicos se indica que la prioridad de estas subvenciones de 5G activa es «promover la actualización de equipamiento activo para proporcionar servicios 5G y la dotación de dicho equipamiento en infraestructuras pasivas disponibles». En este sentido, la prioridad será «corregir» la falta de planes de dar cobertura 5G a zonas rurales dispersas a corto plazo y zonas en las que a pesar de llevar varios años desplegadas las redes 4G aún existen zonas sin cobertura.
Ejecución hasta 2025
De esta manera, «la medida pretende reducir la brecha digital entre los territorios y afianzar y atraer negocios y población dotando de conectividad 5G zonas rurales que no se cubrirían en los próximos años al centrarse los operadores en las zonas urbanas que proporcionan mayor beneficio y en las que hay más demanda».
Primero se deben elegir las zonas donde se licitarán estas ayudas, para posteriormente someter el plan Único 5G Activas a consultas con los actores del mercado. En 2023 se espera tener todo diseñado y aprobado por la Comisión Europea, «pudiéndose disponer de valores para los indicadores a partir de 2025 tras la finalización de los proyectos». El objetivo es publicar la orden de bases y convocatoria en el segundo trimestre del 2023 y su adjudicación se producirá en un máximo de seis meses después de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno quiere que tras la adjudicación de estos 482 millones y cuando finalicen los proyectos en 2025, se incremente la cobertura móvil con servicios 5G en al menos un 3% para municipios de menos de 10.000 habitantes y en un 5% para carreteras secundarias y otras áreas como parques naturales, instalaciones de generación de energía renovable, etc.
Planes Único
El Ejecutivo también indica que los proyectos de despliegue de cobertura con ayuda concedida tarden de media dos años en ejecutarse tras la concesión. Esto implica que los resultados se «irán materializando paulatinamente sin llegar a completarse en su totalidad hasta la finalización de la ejecución de todos los proyectos», ya que el máximo plazo para finalizar la ejecución es el cuatro trimestre de 2025.
Estas ayudas complementan la serie de programas Único para el despliegue de infraestructuras digitales. De esta manera, el Gobierno ha consignado 250 millones en 2022 y 227,2 millones en 2023 para Único-Banda Ancha; 50 millones para Único Demanda bono Pyme en 2023; 86 y 90 millones entre estos dos años para Único I+D 6G; y 150 millones para Único 5G-Redes pasivas en 2022.
Se han aprobado 57,3 millones para Único R&D Cloud ‐ IPCEI Cloud en 2023; 38,7 y 46,1 millones en Único Demanda rural; 60,7 y 90 millones en Único Sectorial 5G; y 374,5 y 75,5 millones en 5G Redes Backhaul‐ Fibra. Este último recientemente aprobado por la Comisión Europea y que se dedica a hacer compatibles las infraestructuras de fibra con el despliegue 5G.
