Escrivá y el 'sudoku' de las pensiones: el desafío de contentar a la CEOE, los sindicatos y la UE
El objetivo es proveer de mayores ingresos a la Seguridad Social durante la década de los 30 y 40, que serán los años más duros para las cuentas del Sistema,
Al ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones, José Luis Escrivá, se le agota el plazo para lograr que el Real Decreto-ley por el que tramitará la segunda parte de la reforma de las pensiones concilie las diferentes posturas de la patronal CEOE y los sindicatos al tiempo que la norma satisfaga a la Unión Europea (UE).
Como relatan a THE OBJECTIVE fuentes conocedoras de los avances en la fase final de la reforma de las pensiones, se encuentra el ministro ante el escollo del rechazo de los empresarios a nuevas subidas de cotizaciones o a una extensión en el tiempo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que elevará las cuotas en 0,6 puntos a partir de 2023 y que será revisado previsiblemente en 2032, con la apariencia de que acabará finalmente prolongándose hasta 2050 si en la evaluación efectuada dentro de diez años se estima necesaria su continuidad.
Elecciones en CEOE
No sólo por esa parte los empresarios están concernidos con evitar nuevas alzas de los costes laborales, sino que el destope de las bases máximas de cotización también implicará mayores cuotas. Y todo ello sucede cuando la CEOE se encuentra en un periodo electoral, que culmina el 23 de noviembre, en el que el actual presidente, Antonio Garamendi, se medirá en la votación con la representante de Foment del Treball, Virginia Guinda. Este escenario dificulta la negociación de las pensiones con la patronal.
Simultáneamente, los sindicatos se han mostrado en contra del aumento de los años de vida laboral computables para el cálculo de la pensión, situado en la actualidad en 25 años. Recientemente, el ministro recalcó que la variación en los años computables para la jubilación no diferirá en muchos del periodo actual. Así se pronuncio en un acto de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). Pero cambios habrá, explican fuentes conocedoras de la confección del decreto, y está por fijar cuáles serán los años que se podrán descartar a la hora de calcular la futura pensión.
Años computables para las pensiones
Fuentes sindicales comentan a este periódico, respecto de otro de los puntos que se insertarán en la reforma, el tratamiento de las lagunas de cotización -aquellos años en que se excepciona la obligación de cotizar y que afectan a la hora de calcular la base reguladora de la pensión de jubilación- que hasta el momento la idea ministerial que han percibido se queda corta, sin poder aclarar en qué se basa debido al hermetismo con el que se está llevando en esta ocasión la confección de la nueva norma.
Desde Seguridad Social, se explica que la reforma se basa en un espíritu de gradualidad y que no se harán grandes quiebros en ningún parámetro, sino ajustes paulatinos. Y se insiste en el sigilo con el que en esta ocasión se están llevando a cabo las negociaciones, más bien en encuentros bilaterales de cara a recabar toda la información y posturas de los intervinientes sin confeccionar ningún documento tentativo. Habrá un borrador final, cuyos extremos ya están «prácticamente hechos», ha podido saber este diario.
Evaluación de la UE el verano de 2023
Otra de las cuestiones que ha de combinar Escrivá en su sudoku es el cumplimiento con la Unión Europea. La misión de Bruselas que recientemente visitó España explicó claramente que el verano próximo evaluarán la consistencia de las proyecciones de ingresos y gastos que a futuro depare la reforma, y manifestó su preferencia por los mecanismos de ajuste automáticos del gasto en pensiones.
Es decir, la UE prefiere fórmulas que ajusten la cuantía de las pensiones y, por tanto, el gasto en estas pagas, en función de la esperanza de vida, como hacía el nonato Factor de Sostenibilidad (FS) de la reforma de 2013 que ha sido sustituido por el MEI, una subida de cotizaciones que no contempla la demografía. El ministro apuesta por este segundo mecanismo bajo el cariz del semiautomatismo. Es decir, su revisión en 2032.
También hay que cumplir en plazo con la UE e iniciar la tramitación de la norma antes del 31 de diciembre. Dada la proximidad, se ha optado por el decreto, que luego se somete a su convalidación o bien se sustituye por una proposición de ley. Es la vía que ahora mismo le queda al Gobierno para cumplir los plazos con la UE. Los fondos europeos dependen del cumplimiento en tiempo y forma de los hitos marcados a España y también de la solidez de las reformas. El primer aspecto se soluciona presentando un Real Decreto-ley, y el segundo queda a expensas de la evaluación de Bruselas en verano de 2023.
Gradualidad de la reforma
Respecto al destope de las bases máximas de cotización, se remacha desde la Seguridad Social el espíritu gradual de la reforma. Debido a la contributividad que es necesario cumplir en consonancia con la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo -la proporcionalidad entre cotizaciones y jubilaciones- la idea en la que trabaja el Gobierno es que el destope de las bases de cotización y la subida de las pensiones máximas converjan en 2030.
Durante ese periodo las subidas de unas y otras irán caminando de la mano, pero no en la misma cuantía en el general de las pagas, sino preservando una suerte de acompasamiento, de modo que nadie tenga una pensión más baja de la que le corresponde, ni cobre una superior a la ajustada a su caso concreto de cotización, explican. Es decir, que en 2050 se habrán equiparado las subidas porque en el transcurso de esos años ya los trabajadores de los tramos destapados habrán hecho una cotización superior que en la actualidad, pero su percepción será ajustada a su vida laboral.
Más ingresos para pensiones en dos décadas
El objetivo es proveer de mayores ingresos a la Seguridad Social durante la década de los 30 y 40, que serán los años más duros para las cuentas del Sistema, debido a la jubilación del grueso de la jubilación del baby-boom, sin que ello suponga que esos mayores aportantes no reciban una pensión máxima inferior a su aportación adicional, ni que -durante esas décadas- quienes no tuvieron que afrontar esa sobrecotización reciban la pensión aumentada en la misma cuantía que si hubieran soportado los años de mayor respaldo a las cuentas.
Se prevé que el destope y el aumento de la pensión máxima vayan creciendo paulatinamente, año a año, hasta coronar un entorno del 30% hacia 2050. Todo ello bajo la idea de que, con las proyecciones del Gobierno, el Sistema se equilibrará hacia 2070.