Ayuso permitirá al Canal de Isabel II adjudicar contratos sin convocar un concurso público
La empresa pública cambiará en diciembre su denominación social para crear un ente dependiente que preste los futuros servicios sin un proceso competitivo
El 7 de septiembre de 2022, el ejecutivo regional de la presidenta Isabel Díaz Ayuso aprobó tras el consejo de gobierno añadirle unas siglas nuevas a una de sus empresas insignia en la comunidad: el Canal de Isabel II, el gigante público que gestiona el agua de más de seis millones de habitantes. Así, la sociedad anónima pasará a tener ahora la condición de medio propio. Una denominación, esta última, que permite a la compañía crear una entidad dependiente que preste aquellos servicios a los que antes concurrían las empresas privadas sin necesidad de un concurso público previo.
Según los expertos consultados, la figura de los medios propios se refiere a los supuestos en los que una administración atiende a sus necesidades de suministro de bienes, servicios u obras, recurriendo a sus propias capacidades en lugar de acudir al mercado, pero, en lugar de recurrir a la prestación directa, se vale de entidades instrumentales con las que le vincula una relación de dependencia. De este modo, en lugar de seleccionar operadores que realicen las prestaciones por medio de procesos de licitación o contratación, la administración crea o emplea una entidad dependiente que realiza las tareas encomendadas sin que exista un proceso competitivo previo.
Los expertos consultados dudan de esta herramienta. «Los medios propios son entes más flexibles, con menos exigencias formales que la propia administración de la que dependen. El problema es que una vez creadas, principalmente a través de fondos públicos, empiezan a intervenir en el mercado y ahí comienzan los problemas porque puede existir lo que llamamos neutralidad competitiva (ventajas por sus vínculos públicos sobre las entidades privadas).
Pero no solo los especialistas en derecho de la competencia critican estas entidades que operan con un régimen especial, sino también la propia Justicia. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en varias ocasiones ha puesto límites concretos a la actuación de los medios propios en el mercado.
Desde la Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid lo argumentan. «En 2019 se empezó una reestructuración societaria del Canal, que hasta la fecha ha supuesto la fusión por absorción o la extinción de hasta cinco sociedades del grupo, contribuyendo a la simplificación de la empresa pública para ser más eficaces. Derivado de esto, se decidió que el Canal se configurara como medio propio».
La empresa pública pasará de llamarse Canal de Isabel II SA a Canal de Isabel II SA MP (Medio Propio). Este cambio en el nombre es lo que ha empujado a convocar una junta general extraordinaria de accionistas el próximo 21 de diciembre a las cuatro de la tarde, como así fue publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace una semana. THE OBJECTIVE ha tratado de contactar sin éxito con algunos miembros del consejo de administración para tratar el nuevo cambio de denominación.
La empresa pública madrileña esta presidida por la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, y vicepresidida por la jefa de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo. También hay varios vocales que no pertenecen al PP. Por otro lado, en la próxima junta extraordinaria se nombrarán nuevos consejeros. La actuación acometida por el Gobierno de Ayuso con el Canal sorprende por el corte liberal de su gabinete, siempre defensor de la libre competencia.
En los últimos años, la compañía gestionada por el gobierno regional madrileño ha sufrido cambios estructurales. En 2016, durante la presidencia de Cristina Cifuentes -y con el que sería más tarde su sucesor y actual presidente en ese momento del ente público, Ángel Garrido– se decidió cambiar el nombre, llamado por entonces Canal Gestión, al actual Canal de Isabel II.