El Gobierno se decanta por un subsidio directo antes de intervenir los precios de los alimentos
El objetivo principal es focalizar las ayudas en los sectores más vulnerables de la sociedad como viene pidiendo en las últimas semanas la Unión Europea
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño en una vista esta semana a A Coruña. | M. Dylan (Europa Press)
El Gobierno trabaja a toda máquina para aprobar antes de fin de año un tercer paquete de medidas anticrisis que tendrá la contención del precio de los alimentos como uno de sus principales protagonistas, según adelantó el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en el corrillo con periodistas del Día de la Constitución. Para ello el Ministerio de Hacienda, el de Asuntos Económicos y el de Agricultura trabajan a marchas forzadas para definir una solución a estas alzas.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que los ministerios económicos se decantan por un subsidio directo a los sectores más desfavorecidos para mitigar el alza de los productos básicos de alimentación en sus bolsillos. Una suerte de cheque mensual por tiempo definido solo para personas que acrediten que sus recursos son escasos y que no pueden costear las subidas en la cesta de la compra.
El dato definitivo del IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a mediados de noviembre indicó que el precio de la cesta de la compra subió en octubre un 15,4%. Es la mayor alza desde que comenzó la serie histórica en enero de 1994 y contrasta con la caída de casi cuatro puntos (desde el 10,5% en verano hasta el 6,8% en noviembre) que se ha producido en el indicador global de precios.
Cesta de alimentos básicos
Este viernes, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró que el Gobierno trabaja «en distintas medidas en el ámbito de la alimentación». Aunque no dio más pistas sobre estas medidas, insistió en que «lo más importante, y lo que más tranquilidad» da a las familias y a los ciudadanos es mejorar sus rentas salariales y que la economía española siga creciendo.
En el Ejecutivo son conscientes de que aunque el objetivo principal es mitigar el alza de los alimentos, buscar el control de los precios o de una cesta básica -como ha sugerido insistentemente la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz- sería un error y una medida contraria a las directrices de Competencia, a la legislación de la Unión Europea y que podría distorsionar el mercado agroalimentario en nuestro país.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, advirtió en septiembre que por esas fechas no había ninguna propuesta de control de precios sobre la mesa, algo que confirmó la vicepresidenta primera Nadia Calviño. El Gobierno sabe que si toman una medida para topar precios se exponen a un rapapolvo de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que podría abrir una investigación por concertación de mercado.
Concertación de precios
De hecho, la concertación de precios es una de las acciones más penalizadas dentro del mercado común de la Unión Europea y el Ejecutivo no quiere problemas en momentos en el que la Comisión debe aprobar importantes ayudas para España en el marco de los fondos europeos Next Generation. En este sentido, la aprobación de una ayuda puntual a los más vulnerables encaja en las declaraciones de Bruselas que recientemente ha dicho que a partir de 2023 los subsidios deben focalizarse en quienes más lo necesiten y no en toda la población.
A esta ayuda puntual para los más desfavorecidos para compensar el alza de los alimentos, el Ejecutivo quiere sumar un compromiso del sector para contener precios. Sería una suerte de pacto informal en el que los grandes supermercados, productores y partícipes de la cadena de distribución acuerden una moderación en la subida de los costes, aunque desde el sector no hay demasiada voluntad para realizar actuaciones en esta línea.
Algo similar a lo que dijo Planas en septiembre en el Congreso. «Lo que pide el Gobierno a todos los actores de la cadena alimentaria, en especial a la distribución, es que asuman su responsabilidad en la contención de precios», indicó hace tres meses. Un compromiso que Yolanda Díaz no consiguió de las cadenas de supermercados tras reunirse en septiembre con la patronal y con algunos grandes distribuidores. Solo Carrefour lanzó una cesta de alimentos básicos por 30 euros, pero sin productos frescos y solo con conservas.
30.000 millones en ayudas
Por su parte, fuentes del sector de la distribución aseguran a este diario que se decantan por una bajada temporal del IVA de los alimentos esenciales, la deflactación del IRPF, una moratoria en la Ley de Residuos Plásticos y la reducción de los precios energéticos en el sector. Unas medidas que por el momento no están en el radar del Gobierno. En el caso de la reducción del IVA, el Ejecutivo ha demostrado con el precio de los combustibles que prefiere las ayudas directas antes que decantarse por rebajar la carga impositiva a productos y servicios.
En este contexto, otra de las subvenciones que está en el aire de cara a 2023 es la de los combustibles. Como ha informado este diario el Gobierno defiende mantenerlas solo para los más vulnerables debido a su alto coste para las cuentas públicas. En el caso de las ayudas de 20 céntimos a los combustibles, la fórmula sería similar a la de los alimentos ya que se quiere mantener solo para quienes más lo necesiten y para los transportistas profesionales.
Estas ayudas están en línea de lo que se ha venido aprobando tras el comienzo de la guerra de Ucrania. Desde marzo, el paquete de iniciativas para contener la inflación ha movilizado más de 30.000 millones de euros de recursos públicos, sumando la bonificación de 20 céntimos a los combustibles, las ayudas para fomentar el uso del transporte público urbano e interurbano, el incremento transitorio del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua o el tope del 2% para la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual.
