Los inversores rechazan la prórroga del escudo antiopas: «Es intervencionismo sin precedente»
Consideran que esta medida es un mal precedente que politiza unos movimientos en los que siempre debería regir un criterio estrictamente técnico
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, preside la Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria de Negocios. | Cézaro De Luca (Europa Press)
La prórroga del escudo antiopas que aprobará el Gobierno en las próximas horas ha sentado como un jarro de agua fría entre los inversores españoles y extranjeros. Según ha confirmado THE OBJECTIVE con diferentes directivos de bancos de inversión y asesores de empresas extranjeras, este nuevo decreto es una muy mala noticia para la economía española, ya que supone un freno para la entrada de capitales y una nueva escalada en la estrategia del Gobierno para controlar empresas y atentar contra el libre flujo del mercado de capitales.
«Supone un nivel de intervencionismo sin precedentes», dice a este diario un alto directivo de una firma que asesora a inversores extranjeros en España. Estas mismas fuentes indican que la prórroga es una manera encubierta de dar poderes absolutos al Gobierno para vetar cualquier operación, ya sin ninguna justificación puesto que la situación extraordinaria de la pandemia ya ha pasado y los mercados ya funcionan con normalidad desde hace muchos meses.
Los bancos de inversión consultados también ven esta medida como un atentado a la libre competencia en Europa. Aseguran que es un mal precedente que politiza unos movimientos en los que siempre debería regir un criterio estrictamente técnico. En enero el propio presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya advirtió que no era una buena noticia para la inversión extranjera prolongar el escudo antiopas, en relación a la prórroga de un año cursada en noviembre de 2021.
Ley de inversión extranjera
Los representantes de los inversores consultados por este diario advierten también de que esta prórroga se produce sin que el Gobierno de respuestas a la postergada Ley de inversión extranjera, paralizada después de más de un año de que se anunciara su puesta en marcha. Esta ley estaba llamada a poner orden y proteger a las empresas estratégicas del asalto del capital foráneo, pero sigue en los cuarteles del Ministerio de Industria.
Antes del verano se indicó que la Ley -que se esperaba tramitar como Real Decreto- estaba a la espera del dictamen del Consejo de Estado, pero siete meses después, sigue atascada en el Gobierno tras recibir el dictamen de diferentes administraciones y ministerios. De hecho, los inversores llevan meses exigiendo esta norma que daría un marco jurídico al decreto antiopas que nació como una excepcionalidad para dar respuesta a una situación anómala generada por la pandemia.
Este diario ya publicó que ahora la justificación del Gobierno ya no es la pandemia, sino que la guerra de Ucrania. El interés es defender a las empresas estratégicas ante la arremetida de grandes corporaciones asiáticas, estadounidenses o fondos árabes que pudiesen adquirir infraestructuras estratégicas españolas a precio de saldo. Sin embargo, los inversores consultados por este medio advierten que este rasero no se puede aplicar a empresas comunitarias, que son el objeto del decreto que se prorrogará esta semana.
Sánchez y los inversores
Las fuentes consultadas tampoco entienden que Sánchez lleve varias semanas vendiendo España como destino atractivo para las empresas extranjeras y reuniéndose con grandes tecnológicas como Amazon, Samsung, Cisco, Ericsson y Maersk, para luego prorrogar un decreto que en la práctica frenará estas inversiones y la participación de estas multinacionales en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) que se impulsan desde el Plan de Recuperación y Resiliencia.
Por otro lado, también recuerdan que este tipo de vetos solo empeorarán una situación ya muy delicada para los inversores. Se refieren al acoso a las empresas energéticas y a otros sectores como la banca o a las grandes fortunas que enturbian el apetito inversor por España. Desde fuera ya se empieza a ver a nuestro país como una economía intervencionista con escasa seguridad jurídica y que culpabiliza y obliga a las empresas a aportar más dinero a las arcas públicas con la única excusa de que se lucran de la crisis.
En el centro del debate están los datos de inversión extranjera de España. En el primer trimestre se registró una Inversión Extranjera Directa (IED) en términos netos de 4.091,7 millones, un 45% por debajo de las cifras previas a la pandemia y un 65% menos que los 6.759,9 millones del primer trimestre de 2018.
Inversión Extranjera Directa
Sin embargo, en el segundo trimestre las cosas mejoraron y se logró que la IED cerrara en 10.666 millones entre enero y junio. Unas cifras que sí estuvieron por encima de 2019 cuando se registraron 8.871 millones. Este impulso se atribuyó a la recuperación económica de finales del año pasado que se materializó en la segunda parte del primer semestre de 2022.
No obstante, en el Gobierno se teme que este dato vuelva a ser negativo en el tercer trimestre debido al impacto de la guerra y muchas de sus medidas contrarias al libre flujo de capitales. Se trata de una situación que se da por sentada entre los inversores preguntados por este diario, los cuales consideran que el año 2022 cerrará con una IED inferior a las cifras previas a la pandemia, entre otras cosas por los decretos restrictivos aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
