La patronal catalana recurrirá el impuesto a las grandes fortunas ante el Constitucional
La formación ha asegurado que el Gobierno ha legislado a través de «técnicas parlamentarias poco justificadas» y ha reprochado la tasa
Manel J. Silva, Josep Sánchez Llibre, Virginia Guinda Y David Tornos. | Europa Press
Foment del Treball impulsará un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas que está en tramitación parlamentaria y está previsto que se apruebe antes de fin de año.
Lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, acompañado por la vicepresidenta de la organización, Virginia Guinda; su secretario general, David Tornos, y el consejero de presidencia Manel J. Silva.
Sánchez Llibre ha explicado que según el criterio de la patronal, este impuesto vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas y que se solapa con el impuesto al patrimonio, cedido a las comunidades autónomas.
Además, vulnera el principio de seguridad jurídica, al estar previsto que se devenga el próximo 31 de diciembre, «cuando todo el mundo ha hecho las planificaciones fiscales desde el 1 de enero».
También vulnera, según la patronal, la capacidad económica de los contribuyentes, y Sánchez Llibre lo ha definido como «un impuesto confiscatorio».
Silva ha explicado que, con este nuevo impuesto, las grandes fortunas deberán tributar más que con el actual y ha lamentado que se hayan «cambiado las reglas del juego», lo que provoca que los inversores, según él, perciban España como un país legislativamente inseguro.
La patronal prevé plantear las acciones contra este patrimonio de la mano de la CEOE y ha lamentado que ya hay inversiones extranjeras en Cataluña que se han paralizado ante la posibilidad de este nuevo impuesto.
La Patronal reprocha las formas
Sánchez Llibre ha mostrado su preocupación por «las decisiones precipitadas que toma el Gobierno» y que, según él, afectan gravemente a la economía productiva.
Ha criticado que se estén tomando decisiones «sin ningún tipo de diálogo previo» y ha asegurado que este hecho afecta a la seguridad jurídica y financiera del país.
Ha pedido «respeto» hacia los empresarios y ha lamentado que este nuevo impuesto se haya aprobado con, en sus palabras, técnicas parlamentarias poco justificadas.
«No es manera de legislar anunciar en los medios un impuesto a los beneficios extraordinarios, si dar más concreción», ha añadido.
