La gran industria planta a Ribera y rechaza las ayudas para bajar su producción
Se trata de un mecanismo clave para garantizar la estabilidad del suministro. La patronal critica su complejidad y las severas condiciones.
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. | Europa Press
A finales de septiembre, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció, debido a la compleja situación energética, la ‘restauración’ del mecanismo de la interrumpibilidad. Una medida, definida de muy importante dentro del Ministerio, y que se denominó de forma oficial como servicio de respuesta activa de la demanda. El plan permitía que las industrias, de forma voluntaria, pudieran disminuir su producción cuando así se lo notificara Red Eléctrica y a cambio recibir una retribución. Sin embargo, la subasta que lanzó el Gobierno apenas reunió a un puñado de compañías y más del 60% de los megavatios a prestar quedaron sin adjudicación. Este es un escenario que desde la gran industria achacan a su complejidad y a las severas condiciones.
La regla de ‘oro’ que propuso la ministra Ribera fue que las industrias redujesen -con una antelación de quince minutos– su consumo durante un máximo de tres horas. Un servicio muy dinámico y flexible que no ha suscitado el suficiente interés en todas las industrias o en el que estas, directamente, no se han visto capaces de participar.
Desde el sector comentan el plan de Ribera. «En este año, con tan baja eolicidad e hidraulicidad, tenían necesidades de energía de balance. Lo que hicieron fue convocar una subasta para atraer energía de las grandes industrias a través de los comercializadores, pero los resultados han estado muy por debajo de lo que demandaba Red Eléctrica. Esperaban sacar hasta 1.351 megavatios y solo se lograron 497«, exponen.
Argumentan la causa de este fracaso por parte del Ministerio en los siguientes términos: «En muy pocas semanas los industriales hemos tenido que entender que nosotros ya no nos presentábamos, sino que lo hacía el comercializador; y estos tuvieron que entender que eran ellos los que se presentaban. Para ello, teníamos que hablar y pactar unas condiciones para presentarnos a la subasta y dar el servicio. Por otro lado, ha habido otras barreras que hemos detectado. Solo te podías presentar a este servicio con el comercializador que uno tiene. Por lo tanto, todas las compañías que estaban en un avanzado estado de negociación para el cambio de comercializador no se han podido presentar».
Las mismas fuentes continúan relatando los defectos de la medida: «El producto está definido de 1 de noviembre a 31 de octubre. Unas fechas que no encajan con las coberturas que tenían las empresas hechas para su demanda prevista, que suele ser un año natural o un trimestre. Además, el plazo es de un año, y en medio de la incertidumbre actual, este nuevo producto te exigía un consumo mínimo asegurado. En noviembre puedes saber cómo está tu actividad, pero en el mes de mayo de 2023 a saber dónde estamos. Suponía un riesgo. Por último, tienes que parar, en 15 minutos, toda la potencia que te ha sido adjudicada en la subasta cuando Red Eléctrica así lo estime y, al mismo tiempo, te exigen consumir esa energía para que, cuando te la pidan, la cortes. Esta actuación no encaja con todos los procesos industriales, que son a veces muy intensivos en energía, pero discontinuos».
Pese a ello, desde la gran industria se alegran de la llegada de este mecanismo porque la demanda tiene que ser «activa» también. Por otro lado, entienden que el producto tiene «margen de mejora» y que debe «evolucionar» para cubrir las necesidades del operador del sistema y para adaptarse a lo que pueden aportar los consumidores.
Fuentes expertas del sector resumen a este periódico el contexto del proyecto: «Lo que hay ahora es un servicio donde las industrias compiten con los generadores a la hora de dar un servicio de energía en tiempo real. Los generadores y los comercializadores dicen el día antes lo que van a producir o comprar. Tras esa previsión, sobre todo por parte de estos últimos, se deben ajustar al día siguiente, y en tiempo real, la demanda programada con la demanda final. Ahí, Red Eléctrica pide a los generadores subir o bajar su cantidad producida (conocido como servicios de regulación secundaria y terciaria). Una actividad que solo hacían los generadores. El Gobierno ha pensado que es lo mismo más generación y menos demanda. Por lo que han introducido en la ecuación a los demandantes, es decir, la industria».
«El problema es que las industrias, a través de sus comercializadoras, tienen que estar todos los días haciendo ofertas, mientras que en la interrumpibilidad anterior se les pagaba una compensación a cambio de que Red Eléctrica, puntualmente, a lo largo del año les interrumpiera la actividad. El instrumento ha pasado de actuar de forma pasiva a activa. Antiguamente se pagaba una tarifa interrumpible a los clientes industriales, pero en realidad no se les exigía nada. Luego, se organizaron una serie de subastas donde se introdujeron medidas más técnicas y serias. Ahora lo que se ha puesto es un servicio de verdad, donde se exigen condiciones muy serias y con tiempos de respuesta más rápidos. Y esto hace que los clientes industriales se rajen y no lo intenten», concluye el experto.
