Moncloa advierte a la banca: su impuesto será permanente si paga menos por Sociedades
El Gobierno pretende que las entidades no hagan un uso masivo de deducciones fiscales en 2023 y 2024 para compensar el coste del nuevo gravamen
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Efe
El Gobierno advierte a la banca de las consecuencias que tendrá el uso excesivo de deducciones fiscales en Sociedades para compensar el pago del impuesto extra a la banca. Un gravamen que en principio deberá abonarlo el sector en 2023 y 2024, pero que podría hacerse permanente en el tiempo en función de determinadas circunstancias a partir de entonces.
La tasa extraordinaria, por la que el Ejecutivo pretende recaudar unos 1.500 millones al año de manera adicional del sector financiero, continuará vigente en 2025 siempre y cuando sea pertinente teniendo en cuenta la evolución de los tipos de interés y la situación por la que atraviesen las entidades. Pero también, dependerá del esfuerzo tributario que haya realizado la banca en los dos próximos ejercicios, porque el objetivo del nuevo impuesto es que aporten más a las arcas públicas por el incremento de sus ingresos por la escalada récord del euríbor. Y no menos o lo mismo.
Según el texto definitivo del gravamen, que fue este miércoles publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor, en el último trimestre de 2024 el Gobierno llevará a cabo un estudio de los resultados del mismo y evaluará su mantenimiento con carácter permanente. Se trata de un análisis en el que se considerará «el efecto acumulativo» de este nuevo impuesto «junto con Sociedades». Con carácter previo, a finales de 2023 el Ejecutivo elaborará un informe provisional correspondiente al primer ejercicio de aplicación de lo que ha denominado prestación patrimonial temporal.
En la banca, de acuerdo con las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, dan por hecho que si Pedro Sánchez continúa en la Moncloa la tasa extra permanecerá y que solo podrá ser anulada por los tribunales, por lo que está preparando ya los recursos que previsiblemente presentará ante la Justicia. Bankinter ha sido el único hasta la fecha que ha anunciado que acudirá a esta vía para echar por tierra el pago de la prestación temporal al considerarlo injusto, desproporcionado y confiscatorio. Asimismo, ha señalado que lo hará al día siguiente del primer desembolso, que deberá materializar en los 20 primeros días de febrero.
El efecto acumulativo de ambas tasas no será «desproporcionado» para la banca
En los argumentos esgrimidos por el Gobierno para la puesta en marcha de este nuevo impuesto, se encuentra la contribución de la banca al reforzamiento del pacto nacional de rentas. Una aportación que el sector puede asumir debido al aumento de sus beneficios y de sus ingresos por el alza del euríbor y porque no supondrá un efecto acumulativo «desproporcionado» con lo que pagan por Sociedades.
«Incluso si consideramos su actual tipo efectivo sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, un 23,02 % en el caso de
los grupos del sector de la banca, un gravamen adicional sobre parte de su margen comercial, en este caso del 4,8 %, les continúa situando por debajo del tipo nominal del 30 % y, en consecuencia, por debajo del tipo de dicho impuesto en varios países europeos», justifica el Gobierno en la regulación del tributo especial, que añade que «si se consideran tipos efectivos sobre el resultado contable o el beneficio, el impacto acumulado es todavía menor».
De hecho, la banca suele utilizar los activos fiscales diferidos que tienen acumulados desde la pasada crisis financiera para reducir el pago final a Hacienda por Sociedades. Esta cuantía podría usarse a partir de ahora de una manera más clara por parte de las entidades para compensar de alguna manera el gravamen especial y que el el Ejecutivo quiere atajar amenazando con el fin de la temporalidad de la nueva tasa.
Los bancos han abonado por Sociedades solo un 10% de los beneficios en el primer semestre de año, según las últimas cifras disponibles del Banco de España. En concreto, las entidades desembolsaron a las arcas del Estado un total de 981 millones entre enero y junio de este año, periodo en el que registraron unas ganancias brutas en nuestro país de 9.782 millones.
Este pago tiene en cuenta, como indica el Gobierno en el documento publicado en el BOE, que los beneficios empresariales son objeto de numerosos ajustes para determinar la base imponible y, además, la carga fiscal se ve condicionada por la aplicación de incentivos fiscales, regímenes fiscales y créditos fiscales procedentes de ejercicios anteriores. «En definitiva, todo ello dificulta que esta figura tributaria sea un instrumento que garantice por sí mismo que el pacto de rentas sea equilibrado y justo».
Finalmente, el departamento que dirige María Jesús Montero, tras el paso de la proposición por el Congreso y el Senado, solo aplicará el nuevo gravamen a los principales grupos bancarios que operan en España, sean o no de origen nacional, ya que el límite ha quedado establecido en unos ingresos por intereses y comisiones superiores a los 800 millones en 2019. Esto permitirá a que prácticamente toda la banca extranjera quede exonerada del pago por el 4,8% de la facturación. Tan solo el francés BNP Paribas tendrá que asumirlo. ING o Deutsche Bank, entre otros, estarán exentos, ya que no alcanzan dicho umbral.
Tras las quejas del BCE al impuesto extra a los bancos, el Gobierno se abrió a la posibilidad de incorporar a los bancos extranjeros al desembolso del mismo, pero como consecuencia de las negociaciones para la tramitación parlamentaria, estos últimos, en masa, han quedado excluidos.
