El PSOE usa ante la UE la competitividad del turismo para extender el tope al gas
Los socialistas creen que el mecanismo ibérico les permitirá tener una mayor ventaja comparativa en verano con respecto al resto de países
Pleno del Parlamento Europeo durante una sesión en la que interviene Ursula von der Leyen. | Europarlamento
Hay un dato que resuena entre las filas socialistas: la tasa interanual del mes de diciembre del IPC armonizado sitúa a España con la cifra de inflación más baja de la UE. Una alegría que no ocultan en medio de este escenario de incertidumbre económica y a las puertas de dos elecciones trascendentales para los intereses del PSOE. La causa de ello la tienen clara: «Se debe sobre todo al tope al gas. Si ves cómo están los precios de la electricidad en el resto de Europa aprecias la diferencia en España». Se trata de una medida que, sin embargo, tiene fecha de caducidad: el próximo 31 de mayo.
Por ello, tanto desde el Gobierno -con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera al frente- como desde las filas socialistas, ya han comenzado a presionar a la Unión Europea para que permita la extensión del tope al gas más allá de este mes de mayo. Una medida que, según la ministra, debería mantenerse hasta finales de 2024. Entre la batería de argumentos con los que tratará de convencer a Europa se encuentra el turismo, un sector que ahora rescatan los socialistas para que sirva de impulso para la economía española.
Así, los socialistas creen que, de mantenerse esta dinámica de inflación de España con respecto al resto de países de Europa, los turistas europeos podrían decantarse por elegir nuestro país como el lugar elegido donde pasar sus vacaciones de verano debido a los bajos precios y al «suave invierno». Una «ventaja comparativa» con la que los socialistas buscan presionar a Europa y, además, «aprovechar» para despegar la economía.
Pero la decisión de Europa sobre prorrogar esta medida excepcional en la Península Ibérica aún no está asegurada. La UE tiene la última palabra y el recelo de otros países por calcar la medida ibérica en sus países existe. Uno de ellos, según comentan fuentes del PSOE, es Francia. Pero esta posible realidad no la temen. «Nosotros sí podemos tener esta medida excepcional porque tenemos el gasoducto de Argelia y un gran número de regasificadoras».
Alemania es uno de los países que más ha rechazado la idea de extender el tope al gas en toda Europa. La razón, según esgrimen, es porque podría provocar un aumento del desabastecimiento del gas debido al crecimiento de la demanda, ya que los precios serían muy bajos. Por otro lado, la mentalidad alemana rechaza la idea de cambiar las reglas de los mercados porque creen que esto podría suponer una espantada de los inversores por la inestabilidad e inseguridad que se transmitiría.
La importancia del sector del turismo en la economía española es notable. Así, y según la asociación Exceltur, que reúne a las mayores compañías de la cadena de valor del sector, estimó que los ingresos de la actividad turística este año fueron de 154.000 millones de euros, unos 1.000 millones menos que en 2019 (el año de la prepandemia). Una cifra que este año podría superarse.
No obstante, este escenario favorable para España podría tener un lado negativo. Así, se podría dar una paradoja: si la situación económica va mejorando con el paso de los meses, la Unión Europea se verá menos presionada para llevar a cabo una reforma integral del mercado energético en la UE. De hecho, los socialistas ya esperan una dura negociación. «Las negociaciones requieren de mucho diálogo. Cuando los precios eran muy altos, fue muy fácil pactar con Bruselas, pero ahora que parece que los precios se están reduciendo, el acuerdo rápido va a ser muy difícil».
La propuesta de reforma del mercado eléctrico que presentó ayer la ministra Ribera busca intervenir los precios de las tecnologías. De manera que a cada una de estas no se le pague el precio del mercado sino su coste medio. Una apuesta, esta última, que merecerá de la revisión de Europa ya que el reglamento no permite hacer esta discriminación. Para ello es clave la herramienta de los CfD. Los contratos por diferencia tienen un precio fijado. Por lo que la generadora tendrá que pagar -o devolver- la diferencia entre el precio del mercado y el precio que aparece en el contrato firmado.
