El Estado afronta ya impagos por 6.000 millones de euros en los créditos del ICO
La tasa de morosidad de la financiación con garantía estatal asciende al 6%, tras casi duplicarse en los nueve primeros meses de 2022
Cartel del ICO. | Europa Press
El Estado afronta ya en torno a 6.000 millones de euros de impagos en los créditos avalados por el Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), lanzados al inicio de la pandemia para ayudar a las empresas. Los cálculos realizados por THE OBJECTIVE de acuerdo con los últimos datos del Banco de España ponen de manifiesto que la cifra de préstamos morosos casi se duplicó en los nueve primeros meses del año pasado y se ha triplicado desde mediados de 2021.
Los datos indican que la tasa de insolvencias ya materializadas alcanzó en septiembre el umbral del 6%, frente al 3,5% del mes de diciembre anterior y de junio del ejercicio precedente. Con este repunte el volumen de préstamos de dudoso cobro con garantía pública asciende a 8.400 millones de los 140.000 millones otorgados por la banca. Los préstamos ICO se formalizaron con un aval estatal de entre el 70 y el 80%, por lo que el Ejecutivo tendría que asumir entre 5.900 millones y 6.700 millones con cargo a las arcas nacionales, mientras que el restante riesgo lo asumían las entidades.
El agujero, pese a que alcanza esta cuantía, es inferior a las previsiones iniciales aunque tanto el sector financiero como el supervisor y los expertos apuntan que probablemente experimentará un avance significativo próximamente, sobre todo si finalmente se confirma la recesión económica.
El Banco de España considera que «el fin de la mayor parte de las carencias en el segundo trimestre de 2022 podría hacer crecer, aún más el ratio de activos problemáticos en un futuro, aunque todavía no hay evidencia de este efecto negativo».
Las arcas públicas se juegan otros 20.000 millones con los ICO
Esta alerta se basa no solo en las condiciones generales, sino en las particulares y en que el importe de préstamos del ICO que están considerados en riesgo de entrar en morosidad también está aumentando. En concreto, el 21,2% de los mismos está en el colectivo de vigilancia especial, es decir, aquel que probablemente sus titulares tendrán que retrasar sus pagos o directamente no puedan hacer frente a sus compromisos. Es decir, casi 30.000 millones, de los que estarían avalados por el Estado, más de 20.000 millones.
La tendencia de empeoramiento que están registrando las entidades con la financiación garantizada por el ICO contrasta con la bajada de los morosos en el conjunto de los préstamos en el segmento empresarial, lo que demuestra que las compañías que estuvieron más castigadas por la pandemia (como las dedicadas al ocio, los viajes y la hostelería) están sufriendo ahora más los estragos de la inflación y las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
El supervisor que gobierna Pablo Hernández de Cos indica en este sentido en un informe reciente que los sectores más dañados por el coronavirus continuaban presentando en septiembre una mayor proporción de activos problemáticos. El Banco de España añade que mientras crecían los préstamos del ICO, en el conjunto empresarial la tasa de morosidad se reducía al 5%, y que la financiación en vigilancia especial de los avalados por el Estado aumentaba desde diciembre de 2021 en 9 puntos porcentuales, mientras que en general bajaba en 2 puntos.
Para poder devolver el dinero prestado, más de la mitad de las empresas y autónomos han tenido acogerse a algún tipo de flexibilización en sus pagos de los ICO, aplazando el periodo de pago. Tal y como publicó este periódico el 55% ha extendido el periodo de vencimiento.
Las complicaciones se están produciendo en un momento en que ya existen centenares de demandas por los avales de los ICO. Más de cuatrocientas compañías y pequeños empresarios están acudiendo a los tribunales al considerar que el banco no puede ejecutar el aval por el 100% en el caso de impago, sino solo por el 30% de máximo, ya que el resto recaería sobre el Estado.
Los demandantes argumentan mala información a la hora de la concesión. Por su parte, desde el ICO y desde los bancos se sostiene que se dio todo tipo de detalles y que como en cualquier otro tipo de préstamos, las garantías en su totalidad en un primer momento recaen sobre el beneficiario.
