Orange y MásMóvil registran en Bruselas la notificación de su 'joint venture' en España
Las autoridades comunitarias tienen hasta el 20 de marzo para decidir si hay -o no- segunda fase la operación y por tanto si se aplicarán ‘remedies’
Logo de Orange, en una imagen de archivo | Agencias
Orange y MásMóvil presentaron este lunes la notificación de su fusión a la Comisión Europea para su aprobación, según ha confirmado THE OBJECTIVE con fuentes cercanas al proceso. De esta manera, se iniciará ahora la primera fase de evaluación de las autoridades de competencia de la Unión Europea en la que los responsables comunitarios tienen hasta el 20 de marzo para decidir si hay -o no- segunda fase la operación.
Si es que Bruselas da el visto bueno sin exigir remedies (venta de activos para garantizar el correcto funcionamiento del mercado), el proceso se cerraría en esta fase con la autorización definitiva y en cinco semanas. Pero si la UE presenta reparos se iría a una segunda fase en la que probablemente se impondría la venta de parte de la red de las dos operadoras a terceros, a precios por debajo del mercado. Las fuentes consultadas indican que es muy improbable que se resuelva la fusión en esta primera fase, lo que llevaría todo el proceso hasta por lo menos la segunda parte de este año.
A finales de septiembre del año pasado, Orange y MásMóvil presentaron ante Bruselas la pre-notificación de la operación. Un proceso en el que la UE ha ido requiriendo importantes cantidades de información a las dos partes para tener la certeza de que el expediente pueda comenzar sin fallos administrativos, ni defectos de forma.
Proceso de análisis
Diferentes fuentes consultadas indican que, si bien el proceso ha tardado más del plazo planteado originalmente, hay que considerar el periodo inhábil en las instituciones comunitarias de fin de año y la burocracia propia de la UE. Este diario ya había adelantado que se cerraban los flecos para enviar la notificación a comienzos de febrero.
Después de cuatro meses de intercambio de información, miles de folios de documentación y un trabajo intenso de ambos equipos Orange y MásMóvil han enviado formalmente la notificación a Bruselas para empezar oficialmente el proceso de análisis. En relación al contenido de la notificación, se mantiene la tesis de las dos compañías de que la integración no afectará la competencia ya que seguirán existiendo en España hasta cinco compañías que facturan más de 100 millones de euros al año.
Del mismo modo, Orange y MásMóvil insisten en que –en caso de producirse la autorización de Bruselas– nacerá una compañía más fuerte para hacer frente a las necesidades de inversión en redes digitales de España, tanto en el apartado de las redes fijas como móviles. Como ya adelantó este diario las dos operadoras han prometido el despliegue de dos millones de hogares de fibra óptica dirigidos especialmente a zonas rurales de la España vaciada, donde el coste de despliegue es mucho mayor y la rentabilidad comercial es escasa.
Existencia de ‘remedies’
Desde que se firmara la joint venture a finales de julio, los mensajes que llegan desde Bruselas apuntan a que la Comisión Europea podría pedir que Orange y MásMóvil vendan parte de sus activos para no afectar la competitividad del mercado español. Las fuentes del sector consultadas indican que no se ha producido ningún mensaje de las autoridades comunitarias que haga pensar en una flexibilización de las reglas de la competencia y que no se establezcan remedies.
Frente a estos antecedentes, Orange y MásMóvil tienen plena confianza en que la operación saldrá adelante, pero son completamente conscientes de que si la fusión se aprueba con demasiados remedies la joint venture podría no ser rentable. Esto supone que también se trabaja con la opción -remota- de que finalmente se rompa el acuerdo tras el fallo de Bruselas.
Para ello, en la firma de la joint venture quedó especificado que no habrá penalización para ninguna de las dos partes si es que las condiciones impuestas por Bruselas impiden llegar a un acuerdo en los términos planteados. Una cláusula de salida impulsada por las dos partes y que les cubre las espaldas ante la incertidumbre regulatoria que presenta el fallo de la Unión Europea.
