¿Dónde está el dinero europeo?

Los fondos europeos Next Generation, se ha repetido hasta la saciedad, representan una oportunidad histórica para transformar España y ponernos al nivel de nuestros pares europeos. Es cierto. También lo es que, casi dos años después de su puesta en marcha, España es el primer país de la UE en recibir la autorización del tercer desembolso y uno de los que más dinero recibirá por parte de Europa. Por ello, la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo efectuó esta semana una importante misión en Madrid para supervisar la aplicación de los fondos en España y sacar conclusiones que sirvan para favorecer la absorción de ese dinero a nivel nacional y europeo.

Ha quedado claro que nuestro país tiene varios problemas fundamentales por lo que se refiere a los fondos de recuperación. Cuando el Gobierno dice que España está a la cabeza de este proceso, no miente: es el país que más desembolsos del mecanismo de recuperación ha recibido hasta la fecha. Pero, como en todo, una cosa es el papel y otra la realidad. Lo cierto es que el desembolso de los fondos no significa que el dinero haya llegado a ciudadanos y empresas. Además, la Comisión sólo verifica si las reformas e inversiones definidas en el Plan español se han llevado a cabo, no si son de calado o transformadoras. 

Por un lado, hemos confirmado que España no aprovechará la Adenda –la actualización- del Plan de Recuperación para introducir las reformas estructurales que nuestro país genuinamente necesita. El Gobierno no incluyó estas reformas en el Plan cuando lo presentó en 2021, y tampoco lo hará ahora.

Especialmente preocupante sigue siendo la reforma de las pensiones. En nuestra reunión con el ministro Escrivá quedó patente que los números no dan. El ministro propone subir las cotizaciones sociales seis décimas a los trabajadores hasta 2032, pero no será suficiente para mantener el gasto de las pensiones en torno al 11% del PIB en 2050, como pretende. Sin medidas adicionales, solo queda aumentar aún más las cotizaciones. Además, esta misma semana la Comisión ha desvelado la metodología que se usará para bloquear fondos por incumplimiento de objetivos, según la cual el mencionado incumplimiento de ciertas reformas supondría la suspensión de cinco veces más fondos que cualquier otro hito del plan. Es evidente la importancia que da Bruselas a las reformas.

Por otro lado, el objetivo de esta misión era evaluar el ritmo de implementación de las inversiones e identificar los cuellos de botella existentes. ¿Cómo vamos en estos aspectos? Pues mal. 

«Seguimos sin tener información agregada sobre los beneficiarios finales»

Los ministros se han limitado a reiterar el mensaje del Gobierno sin proporcionar datos adicionales. Seguimos sin tener información agregada sobre los beneficiarios finales. Parece que una de las razones es que el sistema español de control y auditoría, CoFFEE, es simplemente una herramienta interna de control. Contiene datos no publicables, no posibilita rastrear desembolsos finales y presenta problemas de interoperabilidad con las administraciones regionales, lo cual incrementa la carga administrativa de las comunidades autónomas. En definitiva, no es una plataforma pública de transparencia, y las recomendaciones de la misión en este sentido han sido muy claras: es deber del Gobierno facilitar el acceso a la información que recopila en CoFFEE de forma agregada e inteligible. Se puede hacer sin violar las reglas de protección de datos.

Acabada la misión, aquí van algunas conclusiones claras por nuestra parte: 

Los fondos llegan muy lentamente al tejido económico real, y tampoco está claro que las inversiones estén teniendo un carácter transformador. Empecemos por la ejecución: es, por desgracia, un viejo problema español. El Gobierno no ha facilitado a los miembros de la misión datos contables de ejecución porque no hay un seguimiento claro de la cadena de gastos y desembolsos. Las estimaciones independientes de FEDEA estiman que sólo el 27% de los fondos de 2021 llegaron al tejido productivo, y apenas un 10% hasta noviembre de 2022. Además, el impacto macroeconómico de las inversiones ha sido decepcionante: el gasto financiado por subvenciones del Fondo de Recuperación durante los primeros nueve meses de 2022 fue la mitad de lo proyectado por el gobierno en su plan presupuestario.

A nivel nacional, los problemas de ejecución pueden verse fácilmente en los llamados Pertes (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica), en los que el mal diseño de las convocatorias ha dado lugar a resultados preocupantes. El Perte chip no ha sido capaz de atraer inversiones aún, y en el caso del Perte del vehículo eléctrico, la convocatoria terminó con el 75% de los fondos desiertos. Otro de los principales problemas manifestados durante la misión parlamentaria son los cuellos de botella creados por la falta de una verdadera cogobernanza con las comunidades autónomas. Muchas de las bases de las convocatorias que se lanzan a nivel regional vienen escritas a nivel nacional, dejando muy poco margen a las comunidades autónomas para adaptar cada convocatoria a las necesidades reales del territorio.

Además, que las inversiones se materialicen no significa que vayan a tener un impacto transformador en la economía. El llamado Kit Digital está llegando a un gran número de empresas, pero no tenemos instrumentos para supervisar si está afectando positivamente a la productividad del ecosistema empresarial. Ya desde el principio el diseño de las inversiones era cuestionable. Solo el 40% de los gastos son transferencias para transformar el tejido productivo. El resto corresponden a inversiones en infraestructura pública y gastos corrientes no orientados a la producción.

«Es imprescindible que el dinero no se quede en las grandes empresas y llegue prioritariamente a las pymes»

Fuera de todo el ruido mediático que ha generado esta misión, es innegable que el plan español está aprobado y que el objetivo principal debe ser la pronta y efectiva ejecución de los fondos, cuya fecha de caducidad, 2026, no es lejana. Desde nuestra organización hemos propuesto medidas de ejecución más eficaces para las inversiones, que podrían incluirse en la Adenda que debe aprobar la Comisión en los próximos meses. Por ejemplo, podríamos usar deducciones fiscales en vez de que las empresas tengan que esperar a las ayudas. 

Por otro lado, es imprescindible que el dinero no se quede en las grandes empresas y llegue prioritariamente a las pymes, que son el 99,8% de nuestro tejido productivo. El diseño de las convocatorias ha dificultado en la práctica la participación del número mínimo requerido, retrasando la puesta en marcha de inversiones. Esta tendencia se agudizará en la medida en que las pymes, de las que solo el 15% afirmaba que solicitaría ayudas, empiecen a tirar la toalla. Proponemos flexibilizar estos requerimientos, y aumentar la cesión de ayudas proporcionalmente al número de pymes participantes en los proyectos. Por último, urge establecer una verdadera plataforma pública de transparencia, mecanismos de verificación de las inversiones ex-post y un auténtico sistema de cogobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas para aliviar los cuellos de botella en las transferencias territoriales que retrasan la ejecución de pagos.

España se juega mucho. Europa también. No podemos dejar que la propaganda o las trincheras políticas manden también en esto. Apostar por el éxito de Next Generation EU es apostar por el proyecto europeo, pero no basta con decirlo. Hay que hacerlo realidad. Los fondos de recuperación son solo una antesala de lo que tiene que venir. La autonomía estratégica o el Pacto Verde son áreas en las que será necesaria una estrategia conjunta europea, porque existe un valor añadido obvio y los países seríamos incapaces de financiarlo de forma independiente. Los Estados miembros, incluido España, deben demostrar ahora que son capaces de ejecutar los fondos de forma ágil y eficaz. Esta es la única manera de probar que la UE está preparada para afrontar unida los enormes retos que nos aguardan.  Depende de nosotros. 

Susana Solís y Eva Poptcheva, diputadas de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, han integrado la misión de control de los Fondos Next Generation de la Eurocámara.