España necesitaría prorrogar tres años más los fondos Next Generation para poder gastarlos

España necesita entre dos y tres años más para aplicar los fondos Next Generation y sacarles la sustancia necesaria para que su impacto sobre la economía sea transformador y se desarrollen las grandes inversiones. Los retrasos en la gestión dejan en el aire los grandes proyectos e inversiones. Es decir, que la agenda límite prefijada por la Comisión Europea en su momento, en 2026, parece insuficiente. Al menos, así lo estiman economistas y también representantes del sector productivo, que consultados por THE OBJECTIVE insisten en que el mejor escenario sería prorrogar el Plan de Mecanismo y Recuperación hasta 2029.

Para el economista Javier Santacruz, «tiene sentido que el despliegue de los fondos se extienda al menos hasta 2029, sobre todo por la parte de la industria automovilística, naval y el tema de los microchips». Para Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), España necesitaría «un par de años, y desde luego, uno», a todas luces. En opinión del economista y científico, nuestro país, hasta ahora, «está teniendo dificultades para ejecutarlos en los plazos previstos. Y es que nos encontramos con exceso de trámites, problemas con las pymes, plazos ajustados, problemas con los avales y restricciones excesivas».

Miguel Ángel Bernal, socio fundador del despacho Bernal & Bujanda, baraja varios escenarios para THE OBJECTIVE. Profesor en la escuela de negocios IEB, explica: «En un marco moderado y no pesimista, está bien pensado alargar los plazos hasta 2029. Hasta 2028 me parece muy optimista y, en el caso de que el Plan de Recuperación se extendiera hasta 2030, pues no lo veo, porque en este caso España lo habría hecho fatal. Y eso es posible».

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, manifiesta que, dados los resultados de ejecución actuales, «es evidente que hay que ampliar años y, como mínimo, hasta 2029», porque, entre otras razones, «hay fondos comprometidos, pero no han llegado aún ni a empresas ni autónomos».

Los fondos aumentan la deuda pública

Este jueves, el Consejo General de Economistas (CGE) y la Ordem dos Economistas de Portugal mantenían un encuentro telemático, con presencia de medios. En la jornada defendieron que hay ampliar los plazos de ejecución de los fondos europeos y, por otra parte, también hay que revisar la reforma de pensiones de Escrivá para que sea sostenible.

En el caso español, los expertos consideran conveniente «relajar» ciertas restricciones en materia de ayudas del Estado, reforzar los mecanismos de evaluación y dar un mayor margen de decisión a las administraciones territoriales.

En cuanto a las reformas incluidas en el Plan de Recuperación español, los economistas afirman que algunas están bien diseñadas, pero otras, como la relativa a las pensiones, «deberían revisarse con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de acuerdo con lo exigido por Bruselas de cara a la entrega de los nuevos tramos de los fondos europeos».

En cuanto a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) puestos en marcha, los expertos destacan los relativos a energías renovables, fabricación de semiconductores y digitalización, pero echan en falta una mayor atención al sector turístico y a las infraestructuras hidráulicas. Durante su intervención en esta jornada, el presidente del CGE, Valentín Pich, señaló que, aunque los fondos Next Generation EU son un importante paquete de ayuda para la recuperación económica, «tienen un cierto riesgo de aumentar la deuda pública de España».

«Debe tenerse en cuenta que un total de 84.000 millones de euros se canalizarán a través de préstamos, importes que habrá que devolver en algún momento, lo que puede poner en riesgo la estabilidad financiera a largo plazo de España si no se gestionan adecuadamente», ha advertido.

Las necesidades reales de las empresas

El economista Santiago Sánchez López apoya el alargamiento de los plazos de los grandes proyectos, especialmente en el ámbito industrial, donde deben «ir más allá de 2026, al menos dos años más, especialmente en un contexto como el actual de alta incertidumbre, incremento en los costes energéticos, materias primas, y en general de extensión del efecto inflacionario en toda la cadena de valor industrial». Y añade: «Los proyectos necesitan que los plazos sean coherentes con la viabilidad y rentabilidad de los proyectos. Si el horizonte de inversión no se ajusta a las necesidades reales de las empresas, podemos tener riesgos de inejecución».

Sostiene Sánchez que además hay que acertar con los proyectos a financiar, porque «se trata de un aspecto cualitativo: seleccionar aquellos que mayor impacto puedan tener en términos de crecimiento y de empleo en el largo plazo. Las convocatorias tienen que estar lo suficientemente maduras como para que no vayan a finalidades poco transformadoras y que se parezcan más a un plan E que a lo que solicita Europa».

Trabas burocráticas y fiscales

Más crítica es la opinión del director de Tressis, Daniel Lacalle. El economista, profesor y gestor de inversiones defiende que «los fondos Next Generation no son transformadores. Por tanto, al igual que el Plan Juncker y el Plan de Crecimiento y Empleo de 2008 y 2009, estos fondos van a tener un efecto multiplicador inexistente y un impacto transformador bajísimo», detalla a THE OBJECTIVE.

Añade Lacalle que esto es así porque los fondos Next Generation están dirigidos a sectores que jamás han tenido un problema para recibir financiación barata y extraordinariamente atractiva para el apetito de los inversores. De manera que, abunda, si en España no se ha llevado un desarrollo de digitalización y de fortaleza de estos sectores, no ha sido por falta de capital si no de trabas burocráticas y trabas fiscales.

La calidad de los proyectos y la iniciativa privada

Escéptico, Lorenzo Bernaldo de Quirós señala a THE OBJECTIVE que «no existe plan alguno vigente que permita modernizar la economía española en el medio plazo». Y es que el llamado Plan de Recuperación y Resiliencia, indica, «no aborda las reformas estructurales básicas para elevar el potencial de crecimiento. De manera que la pésima ejecución de los Fondos Next Generation es una oportunidad perdida y su falta de transparencia no garantiza en absoluto que hayan o estén teniendo impacto real algunos de los que se han ejecutado. Sin participación del sector privado el sector publico ‘planificador’ tenderá a derrochar recursos».

Explícito en sus claves, el director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, señala que «el plazo de ejecución de los fondos europeos no es la variable determinante, sino la calidad e idoneidad de los proyectos para aumentar nuestro potencial de crecimiento a largo plazo, lo cual depende más del grado de vinculación de la iniciativa privada que del plazo de ejecución en sí mismo».

De hecho, según explica el que fuera presidente del Instituto Nacional de Estadística, cuando los proyectos se acometen mediante la iniciativa privada se pueden movilizar los recursos mediante incentivos fiscales, cuya ejecución es inmediata y en tiempo real, y no solo mediante gasto público, cuya implementación es mucho más lenta y retardada. Por ello, señala, «más que retrasar los plazos de ejecución lo que habría que hacer es agilizar la implementación y ejecución de estos recursos».

El Gobierno estima un impacto en el PIB hasta 2031

Desde la vicepresidencia económica, y consultados por THE OBJECTIVE, la respuesta a esta necesidad remarcada por los expertos y el sector productivo es que «los fondos se están ejecutando, desde el año pasado, sacando convocatorias a un ritmo de 2.000 millones de euros al mes».

Sostiene el departamento de Nadia Calviño que se han resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones, «que tienen, por tanto, nombres y apellidos de beneficiarios» -lo que este jueves puso en tela de juicio, a su paso por Madrid, la Comisión de Control Presupuestaria del Parlamento Europeo-, por valor de 23.300 millones de euros. Según explican las fuentes consultadas, «más de la mitad de los beneficiarios (55%) son empresas y centros de investigación, y el impacto económico es de tres puntos porcentuales de PIB hasta 2031».