Los expertos destrozan la reforma de Escrivá: sube el gasto en pensiones y agranda la deuda
Critican que Escrivá haya cambiado la idea de alargar el cálculo de las pensiones a 30 años, y ahora deje dos opciones de 25 y 29 años
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. | EP
La última pata de la reforma de las pensiones que el ministro de Seguridad Social dio a conocer este viernes a los agentes sociales –rechazada por las patronales CEOE y Cepyme– no mejora la sostenibilidad de las cuentas públicas, pese a estar consensuada con Unidas Podemos, y a que, según el propio José Luis Escrivá, llega con todos los beneplácitos de Bruselas, pues la recepción de los fondos europeos depende de eso.
Lejos de estar planteada para el ahorro, esta reforma supondrá mayor gasto para las arcas del Estado, porque deja sin arreglar el problema de la deuda de la Seguridad Social.
Así lo explican los expertos consultados por THE OBJECTIVE, quienes desgranan las entretelas de una reforma que, de repente, ha pasado de defender la ampliación del periodo del cálculo de las cotizaciones de los trabajadores –a priori, de 25 a 30 años- a dejar al arbitrio del futuro pensionista la elección de un cálculo de los últimos 25 años, o la de los últimos 29 años, quitando de estos últimos los dos años con menores cotizaciones.
Es una propuesta que ha sido valorada por Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer y miembro de OCOPEN (Organización de Consultores de Pensiones), para quien la propuesta de Escrivá «es una medida cosmética que, a la postre, supondrá un sobrecoste a la Seguridad Social».
La ocurrencia de Escrivá
Con detalle, Méndez Baiges parte de la base de que, para calcular una pensión de la Seguridad Social, hay que coger las bases de cotización de los últimos 25 años, se hace un promedio de las mismas, y de ahí sale la base de cálculo de la pensión. El Gobierno -desarrolla Méndez- «le prometió a Bruselas que ampliaría el periodo de cotizaciones de 25 a 30 años y, que por tanto, ampliaría el cálculo con cinco años más». Y, ¿por qué? «Pues porque como en el comienzo de una carrera laboral se cotiza menos, si se cogen 30 años en lugar de 25, el resultado es que te sale a pagar pensiones más bajas». Y eso-apunta-, «sería un ahorro para el sistema». Por eso -insiste-, «el Gobierno se lo prometió a Bruselas y por eso Bruselas se lo prometió al Gobierno».
«Con esta reforma, el trabajador podrá elegir su cálculo de pensiones, con lo cotizado en los últimos 25 años, o con los últimos 29»
Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer y miembro de Ocopen
Pero hete aquí, resuelve el abogado de Mercer, que «cuando Escrivá presentó esta medida a los sindicatos en un encuentro anterior, les dijo que ese cambio en el periodo de cálculo de 25 a 30 se haría de manera gradual y, además se quitarían los dos peores años. Y los sindicatos dijeron que ni hablar».
La solución que ahora se le ha ocurrido al ministro de la Seguridad Social es -apostilla- que, «en vez subir el periodo de cálculo a 30, sea a 29». Pero -se pregunta-, «¿qué hay de novedoso? Pues que ahora el trabajador podrá elegir su cálculo de pensiones, con lo cotizado en los últimos 25 años, o con los últimos 29. Una operación -sostiene- que contenta a Bruselas porque amplías el cálculo de la base de las cotizaciones cuatro años más, y al mismo tiempo contentas a los sindicatos, porque el que quiera, elegirá 25 años, y seguirá teniendo la misma pensión de antes; pero que el que prefiera 29 años, porque su carrera ha sido al revés, es decir, ganaba más al principio que al final, acabará eligiendo ese periodo de cotización». «¿Y qué conlleva este cambio?», se cuestiona el experto en pensiones. «Pues que la medida introduce un elemento de arbitrariedad y gastaremos más en pensiones; es decir que el cálculo en pensiones será cada vez mayor. De manera que la reforma es absurda, y desde luego no es una medida de ahorro», puntualiza.
«Si aumentamos el número de años en el periodo de cómputo de las pensiones se genera un ahorro. Pero este se reduce o desaparece si luego dejamos a la gente que descarte los años menos favorables»
Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de Fedea
El doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania, Ángel de la Fuente, pone el foco en aspectos propios de nuestro modelo de prestaciones, y así, aclara que «el sistema de pensiones de España es muy generoso. Nuestras pensiones iniciales vienen a ser entre el 70 y el 80% de nuestro último sueldo, frente al 40 o 45% que se lleva un alemán. Y eso es más generoso de lo que podemos pagar ahora mismo. Y la cosa va a ir a peor, salvo gran sorpresa migratoria de gente cualificada o milagro de productividad». Director Ejecutivo de Fedea, De la Fuente da una clave sobre las consecuencias de esta reforma, y es que, en su opinión, «si aumentamos el número de años en el periodo de cómputo de las pensiones se genera un ahorro. Pero este se reduce o desaparece si luego dejamos a la gente que descarte los años menos favorables».
«No soluciona nada en absoluto»
Para el economista y director de Tressis, Daniel Lacalle, la propuesta de Escrivá es simple y llanamente la típica patada hacia delante y no soluciona nada en absoluto. Observa Lacalle que, además, «deja un gigantesco déficit en la Seguridad Social y vuelve a poner presión sobre los actuales contribuyentes, ya que significa, literalmente, que vamos a pagar más, a recibir menos, y durante menos tiempo».
Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente y socio de la consultora Freemarket, opina que esta nueva reforma «es un disparate que no sirve para reducir el peso de las pensiones en el gasto, sino para aumentarle». Y es que -mantiene-, que «la cuota de solidaridad encarece aun más la cotización de los trabajadores en los niveles mas altos que ya se habían elevado con la eliminación de topes y, además, la propuesta no respeta la contributividad del sistema de pensiones». Es decir, «la elevación de las no contributivas, hasta los umbrales descritos, es gasto publico en vena».
«El destope de los salarios más altos tendrá consecuencias en las pensiones de los implicados»
Miguel Ángel Bernal, socio de Bernal & Sanz Bujanda
Miguel Ángel Bernal, del despacho patrimonial-personal Bernal & Sanz Bujanda, indica que, «sin conocer perfectamente la propuesta, sí se puede comentar ya una de las reformas avanzadas, y que, desde mi punto de vista no garantiza la sostenibilidad a futuro de nuestro sistema». Sostiene Bernal que «esta no es la reforma que se debería haber realizado ni la que se necesita realmente, ya que hay una subida de las pensiones a futuro que sigue referenciadas al IPC, más prestaciones para las mujeres por la brecha de género, y además a futuro, el destope de los salarios más altos tendrá consecuencias en las pensiones de los implicados».
Por tanto, añade, «la reforma recoge un aumento de cotizaciones para sueldos elevados que habrá que ver si CEOE, admite y la variación del RETA. Luego si unimos estas dos cuestiones, lo que tenemos es que en un primer instante aumenta la recaudación, pero a largo plazo, tendremos unas prestaciones por pensiones más altas». Con otro punto, y es que «esta reforma deja de lado las perspectivas demográficas del fuerte envejecimiento de nuestra población y la llegada de los boomers como pasivos».
La reforma hace el sistema más asistencial que contributivo
Para el profesor de Economía en la Universidad Francisco de Vitoria, Jose María Rotellar, la reforma propuesta por el Gobierno «es una auténtica barbaridad, porque no garantiza la viabilidad con el aumento de la vida laboral, y porque da a elegir entre dos periodos y uno de ellos es el mantenimiento del actual, con lo cual sólo puede incrementar el coste, no reducirlo».
«La reforma no garantiza la viabilidad. Es más, introduce elementos que hacen más insostenible el sistema. Es una auténtica aberración»
José María Rotellar, profesor de Economía de la Universidad de Francisco Vitoria y director del Observatorio Económico de la UFV
Por otra parte, analiza, «el conjunto de medidas contenidas en la propuesta incrementa los costes de las empresas, disminuye la renta disponible de los trabajadores, convierte el sistema en más asistencial que contributivo -al subir las cotizaciones máximas pero no acompañarlo de incremento en las pensiones máximas, bajo el señuelo de cuota de solidaridad-. Y esto lo que hace es mermar la competitividad de las empresas españolas e incrementar el incentivo a algo tan negativo para la economía como es la economía sumergida».
José María Rotellar es, desde esta semana, director del Observatorio Económico de la Universidad de Francisco de Vitoria, formado por expertos como el catedrático de Economía, Pedro Schwartz; Francisco Cabrillo (catedrático de Economía), Jaime García Legaz (exsecretario de Estado de Comercio) y Gregorio Izquierdo (director del Instituto de Estudios Económicos, IEE, y expresidente del Instituto Nacional de Estadística). A juicio de Rotellar, la reforma de José Luis Escrivá «propone incrementar las pensiones no contributivas hasta el 60 % de la renta mediana, lo cual además de un disparate en el gasto, es un desincentivo claro a trabajar y a cotizar». Y añade: «La reforma no garantiza la viabilidad. Es más, introduce elementos que hacen más insostenible el sistema. Es una auténtica aberración».
Un impuesto más al trabajo
Por parte del Partido Popular, y previo al encuentro con del ministro Escrivá con sindicatos y patronal, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, afirmó que lo poco que se ha conocido de la reforma de pensiones, a través de los medios de comunicación, introduce «un impuesto más al trabajo cuando España es poco competitiva y tiene las cotizaciones más altas de la media de la OCDE».
Desde las filas del Grupo Popular en el Congreso, el encargado de toda el área económica, el diputado gallego Jaime de Olano, afirmó a THE OBJECTIVE que la propuesta de Escrivá «va a subir las cotizaciones y las bases máximas subirán mucho». Además, aventura De Olano, subirá el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) y subirá lo que afecta a todos los trabajadores, de manera que, subirán las máximas y habrá recargo sobre las pensiones más altas». Eso sí, según advierte el dirigente popular, «con el nuevo periodo de cálculo, sube el gasto en pensión y además suben los costes laborales y perjudica la creación de empleo».
