La CNMC queda fuera de la fusión de Orange y MásMóvil pese a las presiones del Gobierno

La fusión entre Orange y MásMóvil se decidirá finalmente en Bruselas, pese a los intentos del Gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de que se tramitase en España. El consejo del organismo regulador decidió hace 10 días pedir formalmente el expediente a la Comisión Europea y la respuesta formal debería conocerse en los próximos días, aunque las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE apuntan a que será negativa.

El pasado 14 de febrero las dos compañías presentaron la notificación formal de su integración ante la Unión Europea, ante lo que Europa se dio hasta el 20 de marzo para aprobarla o ir a una fase 2, que implicaría un análisis en profundidad. Sin embargo, ante la petición de la CNMC española, la Comisión amplió este plazo hasta el 3 de abril, antes del que dará su respuesta definitiva al regulador local y decidirá cuáles serán los siguientes plazos del expediente.

Reuters publicó, citando fuentes comunitarias, que Bruselas llevaría a una fase de estudio en profundidad la fusión y que además rechazaría la petición de la CNMC española de quedarse con el expediente. Si es que Bruselas considerase que es un caso que debe resolverse en España se debería inhibir, algo que es casi imposible que se produzca, según también ha podido confirmar también este periódico. Del mismo modo, fuentes del sector agregan que nunca se ha decido una operación de estas características y de este tamaño (19.200 millones de euros) fuera de las instituciones comunitarias.

Colaboración con la CNMC

En este sentido, estas mismas fuentes agregan que la labor de la CNMC, presidida por Cani Fernández, era pedir el expediente (siempre lo hacen los organismos reguladores locales) y que, pese a su convencimiento de que es un procedimiento que podían llevar ellos en solitario, la realidad indica que incluso dentro del regulador español se sabe que es muy improbable que la Comisión Europea se inhiba.

Este diario publicó en julio del año pasado que el Gobierno estaba moviendo ficha en la Comisión Europea para que fuese la CMMC la entidad que decidiera la fusión de Orange y MásMóvil. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que desde el Ejecutivo se consideraba que era una operación que afectaba exclusivamente al mercado local y que debían ser las autoridades nacionales las que tendrían que decidir al respecto. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos estos movimientos pueden ser infructuosos.

También se publicó que parecía difícil que el equipo de la comisaria y vicepresidenta, Margrethe Vestager, cediera el expediente a una autoridad local, en especial porque estamos ante un caso clave en el futuro de las consolidaciones europeas. Con todo, dentro de Bruselas existe un ánimo colaborativo y pese a que no cederán el expediente, lo cierto es que sí pueden involucrar al regulador local, pidiendo opiniones técnicas, datos sobre el mercado o dar su sentir respecto de la operación. Sería, en cualquier caso, una participación no vinculante en la que las CNMC actuaría solo como consultor y no como regulador.

Posibles condiciones

En cualquier caso, este movimiento favorece a las compañías involucradas, y no por el carácter que podría tener un eventual fallo de la CNMC, sino que simplemente porque simplifica el proceso y hace más corta una autorización que lleva estudiándose desde el pasado mes de octubre. Orange y MásMóvil presentaron la pre-notificación en esas fechas y desde entonces están en contacto con Bruselas para presentar los miles de folios pedidos a las dos partes. De esta manera, si todo volviese a empezar en España, el proceso podría retrasarse varios meses.

Pese a ello, lo que más quita el sueño a las dos operadoras es saber si se aprobara la integración en primera instancia o si se irá a una fase de análisis más profundo. El 3 de abril se conocerá este primer fallo, aunque todos creen -incluyendo a las propias Orange y MásMóvil- que se irá a una fase 2, que podría implicar el establecimiento de remedies o condiciones para aprobar la integración. Oficialmente, las dos compañías sostienen que no serían necesarias.

De esta manera, la verdadera lucha estará en intentar que estos remedies sean lo menos duros posibles para garantizar que la operación se pueda ejecutar en los términos planteados. Condiciones, según ha informado este periódico, que van desde la venta de activos o la cesión de redes a precios bajos hasta la venta de marcas y bases de clientes. Es verdad que ir a fase 2 no obliga a que se establezcan remedies, pero también es cierto que hay muy pocas operaciones que al llegar a este punto salen indemnes y no parece que la operación de Orange y MásMóvil vaya a ser la excepción.

La clave está en que los remedies que se impongan no perjudiquen demasiado a la joint venture y que tampoco engorden demasiado a un nuevo operador que pueda seguir haciendo sombra a los tres grandes y obligándoles a competir con agresivas tarifas y reduciendo sus márgenes. Las operadoras de mayor tamaño -entre las que también se encuentran Telefónica y Vodafone- quieren evitar el nacimiento de un cuarto actor que pueda engordar su red con activos a precio de saldo, que luego utilice para seguir arrebatándole clientes.