El Gobierno pide a Bruselas que la fusión de Orange y MásMóvil se decida en España

El Gobierno está moviendo ficha en la Comisión Europea para que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la entidad que decida la fusión de Orange y MásMóvil, que en los próximos días se rubricará definitivamente. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que desde el Ejecutivo se considera que es una operación que afecta exclusivamente al mercado local y que son las autoridades nacionales las que deben decidir al respecto.

Como ya ha informado este diario, Orange y MásMóvil ultiman los detalles para firmar el acuerdo definitivo de la fusión de sus negocios en España, después de que esta semana se desbloquearan las negociaciones. Para ello ha sido fundamental la concesión del crédito de 6.600 millones para financiar la operación con una veintena de bancos, una de las últimas condiciones que faltaba para avanzar en los detalles finales del pacto.

Ahora solo queda elevar el acuerdo a los respectivos equipos directivos de las dos operadoras y enviar el caso a las autoridades reguladoras, probablemente en septiembre u octubre. Hasta ahora el sector -y los propios afectados- asumía que el expediente debía ir directamente a Bruselas, que históricamente ha decidido en situaciones similares como el caso de la integración de Orange y Jazztel en 2016.

‘Joint venture’ de Orange y MásMóvil

Sin embargo, el Gobierno de España considera que debe ser la autoridad reguladora local -la CNMC– la que debe tramitar el expediente o, al menos, colaborar en su análisis para supervisar la marcha de un proceso que podría tardar al menos un año. La CNMC o Bruselas deben decidir si la compañía resultante debe deshacerse (o no) de activos para no incurrir en desequilibrios en el mercado de la competencia.

Estos son los llamados remedies que, de ser muy elevados, podrían poner en riesgo la joint venture entre Orange España y MásMóvil, valorada en 20.000 millones de euros y que aspira a discutirle el primer lugar a Telefónica en España. La nueva compañía tendría más clientes móviles que el actual líder y se quedaría muy cerca en líneas de banda ancha fija.

Hace un mes -el 24 de junio-fue la propia presidenta de la CNMC, Cani Fernández, la que reivindicó la presencia de la autoridad local en la operación. Fernández recordó que la CNMC es regulador de este mercado y dijo que no descartaba reclamar el reenvío de esta operación para poder supervisar el proceso y tener la última palabra sobre la misma. En cualquier caso, Fernández recordó que, hasta ahora, todas las operaciones de concentración de gran volumen las ha decidido Bruselas que, en todo caso, debe coordinarse con los reguladores nacionales durante todo el proceso.

Decisión sobre los ‘remedies’

Las fuentes consultadas indican que la CNMC ya ha decidido pedir el expediente. Es por ello que Orange y MásMóvil deberán enviar el caso a Bruselas, que es donde debe decidirse según la ley comunitaria y, en ese momento, las autoridades de la competencia de la Unión Europea deben decidir si se inhiben en favor de la CNMC española o si solo deciden compartir el expediente y reservarse la resolución definitiva.

Este matiz es muy importante, ya que si finalmente es la CNMC la que tiene la última decisión, serán ellos los que podrán imponer los remedies. Como ya se ha explicado, si hay demasiados remedies o obligación de desprenderse de carteras de clientes o un gran porcentaje de su infraestructura, la operación no sería rentable.

Con todo, parece difícil que el equipo de la comisaria y vicepresidenta, Margrethe Vestager, ceda el expediente a una autoridad local, en especial porque estamos ante un caso clave en el futuro de las consolidaciones europeas. Por otro lado, es imposible saber si la CNMC o Bruselas serían más o menos restrictivos en el proceso, pero sí está claro que quien tenga el poder de realizar el dictamen definitivo decidirá en gran medida el futuro de un sector que está pendiente de esta resolución.

Nuevos operadores

Los reguladores también deberán decidir en qué condiciones se venden estos activos y quiénes podrían comprarlos. Este diario ya advirtió hace unas semanas que un puñado de fondos de inversión prepara un gran proyecto a nivel nacional para construir la tercera red de infraestructuras de fibra óptica de nuestro país. Estos movimientos podrían empezar a cuajar a partir de finales de este año, pero cristalizarían durante el año 2023 y comienzos de 2024, cuando se reconfigure el mapa de operadoras españolas tras la fusión de Orange y MásMóvil.

El primer paso sería la compra de los activos de red fija de Vodafone en España, una operación por la que la operadora británica espera ingresar unos 4.000 millones; y que se complementaría con la adquisición de los remedies que Bruselas o la CNMC pudiese imponer a Orange y MásMóvil tras autorizar su fusión en algún momento del próximo año.

En todo caso, la entidad resultante de la fusión tendrá unos ingresos combinados de 7.500 millones de euros y Ebitda de 2.200 millones, dando servicio a 7,1 millones de clientes de fijo (de los cuales 5,6 son convergentes), 20,2 millones de clientes de móvil postpago y casi 1,5 millones de clientes de televisión.

Liberalización de la fibra

Tanto Orange como MásMóvil llevan meses sosteniendo públicamente que el pacto solo busca aumentar la capacidad de inversión de la compañía resultante y que el sector español mantendrá intacto su nivel de competitividad. Una opinión que no es del todo compartida en Bruselas, ni en el regulador español, que prevén -antes de conocer el expediente- que esta operación debería tener como mínimo, unos condicionantes básicos.

En el caso de la CNMC, después de la fusión de Orange y MásMóvil debe emprender otro gran desafío regulatorio y es definir la posición de Telefónica en el nuevo ecosistema tras la irrupción de la nueva entidad. En principio, en octubre de 2024 se debería revisar el mercado mayorista de fibra óptica aunque con la fusión este dictamen se podría adelantar. Los expertos consultados por este medio indican que el regulador debería liberalizar el mercado español de fibra y quitar a Telefónica el cartel de operador dominante, pero en Competencia prefieren no pronunciarse por el momento.