El juez Moreno se abstuvo del 'caso Plus Ultra' tras comer con un abogado clave de la trama
El magistrado de la Audiencia Nacional se vio en varias ocasiones con Palomero, que habló de torpedear la investigación

José Luis Rodríguez Zapatero e Ismael Moreno. | Imagen generada por IA
Ismael Moreno se abstuvo del caso Plus Ultra por su relación con Miguel Palomero, el abogado de la trama Zapatero. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional transmitió su decisión el 23 octubre de 2024 tras informar de que se había visto en varias ocasiones con el letrado para realizarle unas consultas sobre la venta de unas tierras familiares. Se trata de la misma persona que habló de torpedear la investigación y reconoció a los miembros de la red que «la fiscal jefa es amiga». La investigación recayó entonces en José Luis Calama, que la remitió un juzgado madrileño al considerar que no era competente. Sin embargo, el pasado febrero la juez Esperanza Collazos volvió a enviar la causa a la Audiencia Nacional.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Moreno explica que conoció a Palomero en junio o julio de 2023, en una comida con dos amigos a la que asistió. En ella se encontraba el abogado de la trama Zapatero. A partir de entonces, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional asegura que mantuvo una relación para resolver una cuestión familiar.
«Mis hijos, en esas fechas, estaban valorando la posibilidad de poner fin a un condominio de varias tierras pertenecientes al 50% a su madre y a la hermana de esta, para lo que disponían de los respectivos poderes, solicitándome que averiguara la identidad de algún abogado experto en la materia que pudiera prestar asesoramiento profesional acerca de las alternativas de viabilidad de extinguir dicho condominio, forma de hacerlo, repercusiones fiscales, etc», sostiene Moreno en su escrito.
El rescate de Plus Ultra
El juez que investiga el caso Koldo y las cuentas del PSOE en la Audiencia Nacional señala que ante la petición de sus hijos, en septiembre de 2023 contactó telefónicamente con Palomero para preguntarse si conocía algún profesional experto en la materia «con objeto de someter a su consideración los extremos antes indicados». El abogado de la trama Zapatero le respondió de forma afirmativa y le citó en su despacho profesional, Chevez Ruiz, dedicado a la asesoría legal y fiscal. Él mismo asistió a la reunión.
«Con la finalidad reseñada, tuvieron lugar, según creo recordar y salvo error, otras dos citas en dicho despacho profesional, con los mismos asistentes. Sobre octubre del referido año, el profesional del citado despacho, me trasmitió verbalmente su opinión respecto a la consulta planteada, sin emitir dictamen formal al respecto porque no se interesaba, pues simplemente se pretendía obtener una opinión de persona experta en la materia», insiste Moreno.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional asegura en el auto que solicitó de forma remetida tanto a Palomero como al profesional del despacho que emitió su opinión que le enviaran la factura. «Ante la falta de respuesta, el 12 de diciembre de 2023 remití un mensaje vía WhatsApp a Palomero en el que literalmente le decía no me habéis dicho nada sobre los honorarios». Poco después, el abogado de la trama respondió que no se iba a emitir ninguna factura y que la cuestión quedaba saldada con una invitación a comer.
El almuerzo tuvo lugar el 22 de enero de 2024 en un restaurante de Madrid. Los mensajes intervenidos por Estados Unidos al que fuera dueño de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, revelan que este pidió a Palomero «cortar esto» y el abogado le ofreció la posibilidad de hacer «un Kitchen Gabinet». Según consta en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Recorrido de la investigación
Palomero quedó con el empresario venezolano que preguntaría por la juez que dirigía entonces la causa, Esperanzas Collazos, y le comentó que «la fiscal jefa es amiga». El abogado también manifestó su voluntad de cuidar a jueces y policías. Otro miembro de la trama, Felipe Baca, de origen peruano, le encargó pagar 3.000 euros a una mujer llamada Alejandra y otros 2.000 euros a Jésica Rodríguez, que fue pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, con el que propuso abrir una «vía política» para el rescate de Plus Ultra.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) señala en una sentencia de 22 de febrero de 2022 que la independencia presupone que el órgano judicial esté en condiciones de ejercer sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea la procedencia. El propio Moreno alude a la resolución en su auto.
El origen del caso Plus Ultra se encuentra en una denuncia que la Audiencia Nacional rechazó admitir a trámite por falta de competencia. Este órgano consideró que el competente sería el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea. La Fiscalía denunció el «uso indebido» de los 53 millones del rescate que recibió Plus Ultra. La ayuda fue aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva».
La denuncia se presentó contra varias personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, aunque también se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España. La constituirían, según el auto, «personas extranjeras, nacionalizados españoles y, al menos, un abogado español». La trama estaría «dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados».
