Bruselas pide al Gobierno aclarar los motivos para cesar al presidente del INE

Eurostat, la oficina de estadística europea, ha recordado al Gobierno en un informe emitido este miércoles que las autoridades españolas deben realizar una revisión legal de cómo se produce el nombramiento y el cese del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) pues no se ha modificado la ley, tal y como pidieron en 2015, y hacen alusión, sin mencionarlo, a los «acontecimientos» que terminaron en la marcha del anterior presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo.

«En consonancia con un comunicado de prensa del Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística, en el que se expresaba preocupación por acontecimientos en el INE, el equipo de revisión por pares considera oportuno revisar aspectos de la Ley de Estadística. Esto debería incluir la exposición y, por tanto, dar relevancia, de las causas de cese del presidente recogidas en los artículos 63 y 64 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (dimisión, pérdida de la nacionalidad española, sanciones disciplinarias e inhabilitación para el desempeño de cualquier puesto de trabajo en el sector público)», expone el informe.

Para estos expertos, esto resulta «especialmente importante», puesto que «en épocas recientes, los cambios de Gobierno han ido seguidos del nombramiento de un nuevo presidente del INE».

Por otra parte, los expertos de Eurostat han recomendado a España que amplíe el abanico de candidatos a la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) para que no sólo los funcionarios puedan acceder a este cargo, sino también académicos de alto nivel de universidades privadas y personas del sector comercial.

En su informe de revisión por pares del sistema estadístico español y el grado de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas europeo, esta exclusión establecida en la Ley de la Función Estadística Pública (LFEP) supone «una excepción innecesaria al principio de competencia abierta».

De acuerdo con esta norma, el presidente del INE es nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de Economía. Su nombramiento conlleva la asunción del cargo de Subsecretario, cargo que, a su vez, debe seleccionarse entre funcionarios de carrera de la escala superior (grupo A1).

«Esto significa que ciertos candidatos potenciales, como los académicos de alto nivel de universidades privadas y personas del sector comercial, no pueden presentarse», exponen los expertos de Eurostat, que denuncian además que la normativa española «no deja claro que los candidatos al puesto de presidente deban tener una formación profesional adecuada», ni los posibles motivos por los que pueda ser cesado.

El equipo de revisión por pares considera que explicitar este requisito en la LFEP pondría de manifiesto que la función del presidente del INE es «única» en el sistema administrativo del país, y enfatizaría el compromiso de que los candidatos al puesto sean «de la más alta categoría profesional».

No es la primera vez que estos expertos recomiendan a España una revisión legal de cómo se produce el nombramiento y también el cese del presidente del INE. Ya en 2015 aconsejaron al Gobierno español promover las modificaciones legislativas necesarias para establecer «disposiciones claras» para el nombramiento y cese de este cargo.

Desde el organismo estadístico español, se ha argumentado a Bruselas que la independencia profesional del INE queda reforzada al restringir a funcionarios la selección de candidatos a presidente, pues entre ellos se encuentran muchos profesores, investigadores y profesionales «con una sólida formación en estadística y análisis de datos».

Estos informes de revisión por pares se llevan a cabo en todos los Estados miembros de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, así como en Eurostat.

Se realizan por equipos de cuatro expertos en estadística, que analizan un cuestionario y documentación adicional remitida por el INE y otras autoridades estadísticas nacionales, y realizan entrevistas a personal del INE y de otras autoridades estadísticas, a usuarios, asociaciones empresariales y sindicales, y a la comunidad científica.

Las autoridades estadísticas nacionales incluidas han sido la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; la Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en materia de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, y la Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas del Ministerio de Transportes.

Como resultado de este ejercicio, los expertos incluyen en sus informes recomendaciones en relación con el cumplimiento de todos los indicadores recogidos en el Código de Buenas Prácticas europeo y otras relacionadas con mejoras, más allá del cumplimiento del mismo.