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Dimite el presidente del INE tras las críticas del Gobierno a sus cálculos económicos

Este fin de semana hubo reuniones al más alto nivel en el instituto para tratar la incertidumbre que había en torno a la presidencia

Dimite el presidente del INE tras las críticas del Gobierno a sus cálculos económicos

Juan Rodríguez Poo. | Europa Press

El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Rodríguez Poo, ha anunciado este lunes su dimisión como jefe del organismo alegando motivos personales, tal y como le ha trasladado por mail a su equipo directivo.

Según adelanta ABC, este fin de semana hubo reuniones al más alto nivel en el instituto para tratar la incertidumbre que había en torno a la presidencia. El instituto de estadística se encuentra inmerso en una crisis interna debido a las continuas críticas que el Ejecutivo ha realizado sobre el organismo por su forma de calcular el Producto Interior Bruto (PIB) y el Índice de Precios del Consumo (IPC), ya que las cifras que ofrece el INE no se corresponderían a la realidad según el Gobierno.

«En las circunstancias actuales, un eventual cese del presidente del INE podría ser interpretado por la sociedad como un ataque a la independencia del instituto, motivado por el hecho de que las cifras publicadas por el INE de algunas estadísticas relevantes no están en sintonía con las previsiones económicas del Gobierno», ha afirmado la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (Aese), tal y como lo recoge el citado diario.

Las maniobras del Gobierno para cesar a Rodríguez Poo

Antes de que se produjera esta dimisión, el Gobierno de Pedro Sánchez había maniobrado para cesar al presidente del INE a petición de Nadia Calviño debido a la forma por la cual el instituto obtiene las cifras del PIB e IPC. El sustituto elegido para dirigir el organismo sería, Israel Arroyo, el cual presentó la semana pasada su dimisión como secretario de Estado de Seguridad Social, desatando una crisis en la cartera de José Luis Escrivá.

Los funcionarios del instituto señalaban, además, que el ecuador del año es un momento crucial para el organismo desde el punto de vista estadístico, por las nuevas características que han incluido en las mediciones de la pandemia y la crisis energética. A su vez, hay preocupación porque el INE caiga en un descrédito similar al de otras instituciones del Estado que, debido a la injerencia política, han perdido la confianza de la población, como es el caso del CIS.

Cambios para poder acortar el mandato del presidente de la CNMV

La salida de Poo llega además en el mismo día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley del mercado de valores y de los servicios de inversión, que amplía el mandato en la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de cuatro a seis años, pero elimina la posibilidad de renovar el cargo.

Este cambio llega después de que el Gobierno y el líder de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, hayan tenido importantes desacuerdos en la forma en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está gestionando la toma de control de la empresa Indra. Ahora, tanto Buenaventura como su vicepresidenta, Montserrat Martínez Parera, podrán ser reelegidos por un periodo adicional de dos años, hasta sumar un máximo de seis años en sus puestos, y no ocho como hasta ahora.

A pesar de esta coincidencia temporal, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha explicado que la reforma de la ley del mercado de valores, que incluye tres reales decretos de desarrollo, busca homologar la CNMV con las principales instituciones europeas y domésticas, como el Banco de España o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El nuevo proyecto de ley incluye una disposición transitoria segunda que detalla que los actuales presidente, vicepresidente y consejeros de la CNMV que se encuentren en su primer periodo de mandato (como es el caso de Buenaventura y Martínez Parera, que fueron nombrados presidente y vicepresidenta del organismo en diciembre de 2020) podrán ser renovados al término de sus mandatos una única vez y por un periodo total que, incluyendo el tiempo transcurrido con antelación a la entrada en vigor de esta ley, no podrá exceda el plazo de seis años previsto, frente al máximo de ocho años del que pudieron disfrutar sus antecesores.

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