El Gobierno no logró dar en 2022 ni un solo euro de los fondos UE para proyectos energéticos
La ejecución presupuestaria del año pasado, recogida por la IGAE, demuestra que el ministerio de Ribera apenas desplegó pagos de los fondos Next Generation en lo relativo a las actuaciones del IADE
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno | Europa Press
En plena crisis energética, con Rusia todavía ocupando parte de Ucrania, y en medio de la polémica del uso del Falcon en actuaciones que no corresponden al jefe del Ejecutivo, en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez destinó cero euros al desarrollo de energías renovables, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia.
Así lo atestigua el último informe público de ejecución presupuestaria de diciembre de 2022, correspondiente a la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE), que ha sido analizado por THE OBJECTIVE. Un estudio donde se comprueba que, al menos cinco epígrafes de la actuación del Instituto para la Diversificación y la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigido por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no recibieron ni un solo euro en 2022.
Se trata de programas tan relevantes como los destinados al Desarrollo las comunidades energéticas, Despliegue del almacenamiento energético; Nuevos modelos de negocio de Transición Energética, Hidrógeno renovable: un proyecto de país y, Energía sostenible de las islas. Cinco programas que suman 1.550.253 euros en total.
Pese al nulo desembolso que aparece en la columna de pagos realizados, el resto de columnas están asignadas y en concreto, están al 100% la de gastos comprometidos y obligaciones netas.
Un pago de programas muy bajo
Fuera de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia, pero también en lo que afecta a la actividad del IDAE, el apartado para el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables tiene la casilla de las obligaciones reconocidas vacía, pese a un crédito definitivo de 204 millones de euros.
Por otra parte, entre los grandes ministerios protagonistas de los fondos europeos, el de Transportes apenas retribuyó las actuaciones de mejora de calidad y fiabilidad en Cercanías, con un presupuesto total de 615 millones, de los que solo se reconoce el pago de 114 millones de euros.
En el caso del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, uno de los más beneficiados de los fondos Next Generation, con el volumen de Pertes más relevante, en el apartado de Programas con Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial, con 1.326 millones asignados, solo reconoce el pago de tres millones; es decir, del 0,3% del total.
La lentitud de los Pertes
Esta semana, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reprochó al Gobierno que los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Pertes) industriales se están convocando «de manera lenta». «O no se convocan», añadió al reclamar un «cambio de modelo» en la gestión de los fondos Next Generation industriales.
«Si no existe el riesgo cierto de dejar pasar esa oportunidad», señaló también al aludir a la «financiación necesaria» para «proyectos punteros» en Galicia y en referencia a las demandas de las empresas en este ámbito.
Ya en el contexto nacional, sumó «el problema de la incertidumbre política con cambios regulatorios a veces inesperados» que, ha añadido, generan, «inseguridad jurídica».
Tres años más para ejecutar los fondos
Según una ronda de expertos realizada por THE OBJECTIVE, España va a necesitar entre dos y tres años más para aplicar los fondos Next Generation para que su impacto sobre la economía sea transformador y se desarrollen las grandes inversiones. Los retrasos en la gestión -como constatan los últimos datos de ejecución presupuestaria-, parece dejar en el aire los grandes proyectos e inversiones. Y es que la agenda límite prefijada por la Comisión Europea en su momento, en 2026, hoy parece insuficiente.
Así, para el economista Javier Santacruz, «tiene sentido que el despliegue de los fondos se extienda al menos hasta 2029, sobre todo por la parte de la industria automovilística, naval y el tema de los microchips».
Por su parte, Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), mantiene que España necesitaría «un par de años, y desde luego, uno», a todas luces. En opinión del economista y científico, nuestro país, hasta ahora, «está teniendo dificultades para ejecutarlos en los plazos previstos. Y es que nos encontramos con exceso de trámites, problemas con las pymes, plazos ajustados, problemas con los avales y restricciones excesivas».
Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, también es de las voces autorizadas que opinaron para TO que, dados los resultados de ejecución actuales, «es evidente que hay que ampliar años y, como mínimo, hasta 2029», porque, entre otras razones, «hay fondos comprometidos, pero no han llegado aún ni a empresas ni autónomos».
