Ribera prepara un decreto que exime al sector privado de publicar su huella de carbono
El proyecto acabó su fase de información pública en diciembre. Entre sus novedades se encuentra reportar el plan para reducir el efecto invernadero
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera sigue preparando de forma minuciosa un real decreto —que modifica algunos aspectos de otro real decreto del año 2014— cuya fase de información pública terminó el 13 de diciembre de 2022. La principal novedad de este decreto, según fuentes jurídicas, es «la obligación del cálculo de la huella de carbono, el establecimiento de un plan de reducción y su publicación y reporte para un determinado grupo de empresas e instituciones».
Sin embargo, aunque entre estas empresas e instituciones se encontraban tanto las compañías públicas como las privadas del país, este periódico ha podido comprobar que a estas últimas se les exime de una de las obligaciones que se estipula en el decreto: la publicación de los resultados por dicha huella de carbono.
De esta forma, en el apartado cuatro del nuevo artículo 11 del real decreto 163/2014 se afirma que «solo los sujetos de derecho público» deben «poner a disposición del público, de forma gratuita y de manera accesible en el sitio web, la huella de carbono y plan de reducción». Por otro lado, en los apartados uno, dos y tres del mismo artículo se sostiene que los sujetos de derecho público y privado tienen que «calcular de manera anual la huella de carbono de su organización» y «elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un horizonte temporal de cinco años».
Un escenario que, según fuentes jurídicas, «parece limitar a las entidades de derecho privado las obligaciones a calcular de manera anual la huella de carbono y elaborar el plan de reducción de emisiones». Todo ello sin atender a la ley del cambio climático (que recibió luz verde en primavera de 2021 en el Congreso y que contemplaba la modificación de este real decreto en el plazo de un año desde su entrada en vigor) y donde se incluía la obligación de publicar la huella de carbono.
No obstante, no todas las empresas públicas o privadas se encuentran salpicadas por este decreto. Deben cumplir una serie de requisitos: que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el ejercicio sea superior a 500 o que tengan consideración de entidades de interés público. Por último, también están afectadas aquellas compañías que durante al menos dos ejercicios consecutivos cumplan dos de las siguientes características: que el total de su activo consolidado sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40 millones y que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior 250.
En el año 2014, España lanzó un real decreto sobre el registro de la huella de carbono. El objetivo era claro: acelerar la reducción de la contaminación. Un compromiso que, según los gobernantes del PP por entonces, «apreciaban cada vez más en el sector público y privado». Para ello, se estableció una serie de medidas destinadas a facilitar y fomentar el cálculo de la huella de carbono, su reducción y compensación mediante absorciones de gases de efecto invernadero.
Los derechos de emisión
Otro de los mecanismos que ayudan a la reducción de los efectos de gases de efecto invernadero son los conocidos como los derechos de emisión. Los expertos lo definen como un instrumento de mercado mediante el cual se crea un incentivo o desincentivo económico que persigue un beneficio medioambiental. Por ejemplo, que un conjunto de plantas industriales reduzcan colectivamente las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
Este mecanismo se ha ido regulando con los años. Así, la directiva 2003/87 fue modificada posteriormente por la directiva 2018/410, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. En España se regula de forma interna a través de la ley 1/2005 por el que se establece el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En 2021 entró en vigor la fase 4 (de 2021 a 2030). Esta fase se caracteriza por tener la subasta como método principal de asignación de los derechos, sin perjuicio de que determinados sectores continúen recibiendo asignación gratuita de derechos de manera transitoria.
