Ribera obligará a las pymes vinculadas a la gran empresa a reducir la huella de carbono en 2024

El objetivo de reducir la huella de carbono va a irrumpir poco a poco en el tejido empresarial español. De momento, el 0,2% de las compañías cumplen con este requisito verde. Aunque las grandes empresas ya habían asimilado esta exigencia, y muchas de ellas habían registrado incluso sus planes para reducir el CO2 que generan, las pequeñas y medianas empresas aún atisbaban con lejanía y cierto desinterés dicho compromiso. Sin embargo, el proyecto de ley que prepara el Gobierno obligará a aquellas pymes que forman parte de la cadena de valor de una gran empresa a reducir también su huella de carbono. Un escenario que rompe con la idea de que la medida será voluntaria para las pymes.

El proyecto de ley que busca modificar Real Decreto 163/2014 se cocina a fuego lento. La ley del Cambio Climático, que recibió luz verde en primavera de 2021 en el Congreso, contemplaba la modificación de este real decreto en el plazo de un año desde su entrada en vigor (aproximadamente a finales de mayo de 2022). Además, el plan anual normativo para 2022 aprobado por el Gobierno daba por hecho que el proyecto de ley se aprobaría este año. No obstante, todo se ha retrasado. El trámite para recabar información pública concluyó el pasado 13 de diciembre, y ahora se analizan las aportaciones recibidas. Aunque se espera que el proyecto de ley se apruebe en el primer semestre de 2023, «no está sujeto un plazo máximo».

Aunque el artículo 11.1 del proyecto sostiene que la obligación de calcular anualmente la huella de carbono se refiere a las grandes empresas, el plan hace obligatorio la inscripción de las emisiones de ‘alcance 3’ en el caso de las grandes empresas. Las emisiones de ‘alcance 3’ son aquellas que provienen de la cadena de valor de una compañía y no están bajo el control de esta. Por lo que se incluyen a todos los proveedores -ya sean pymes o no- de una gran empresa. Por otro lado, el proyecto de ley introduce un nuevo artículo 11.5 en el Real Decreto 163/2014 para precisar que esta obligación entrará en vigor el 1 de enero de 2025, «pero en relación con la huella de carbono del año 2024«.

Un estudio elaborado por la consultora Grant Thornton hace menos de un mes asegura que «un tercio de las medianas empresas en España reconocen que todavía no informan sobre ninguno de los aspectos relacionados con sus emisiones de efecto invernadero, mientras que el 12% afirma que no tiene por el momento un plan establecido para informar».

Por otro lado, «el 65% de los empresarios en España aseguran que informan de algún parámetro relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero». Desde la consultora son tajantes: «Es necesario tomarnos la información sobre las emisiones tan en serio como el daño que ocasionan, ya que de lo contrario no conseguiremos avances significativos en la lucha contra el cambio climático».

Desde la consultora PwC afirman que las actividades de una organización que están fuera de su control (es decir, las que hacen referencia al alcance 3) representan entre el 65% y el 95% del impacto del carbono de la mayoría de las compañías. «En una empresa pública vimos cómo sólo 20 proveedores eran responsables del 94% de sus emisiones de Alcance 3. O, lo que es igual, era posible reducir a la mitad las emisiones centrándose en esos 20 proveedores», afirman.

A la hora de calcular una huella de carbono, la compañía en cuestión deberá tener en cuenta una serie de recibos: facturas de electricidad y de gas del año completo y facturas de combustibles del año completo de sus vehículos, grupos electrógenos o maquinaria. Hace un mes, una consulta del Pacto Mundial de la ONU en España publicó los resultados de una encuesta sobre los compromisos de las empresas españolas de reducir sus emisiones de CO2. Así, solo cuatro de cada 10 empresas en nuestro país apostaban por este objetivo.

Entre las empresas que han llevado a cabo la publicación de su huella de carbono, destacan algunas conocidas por la opinión pública. Entre las energéticas, cabe mencionar a Endesa (que la presentó en 2015),Iberdrola (2017), Cepsa (2019), Naturgy (2020) o Enagás (2020). También aparecen registrados los bancos, como Santander o Bankinter; empresas relacionadas con la cervecería, como Mahou; constructoras, como OHL, FCC o Ferrovial; otras vinculadas con la recogida de residuos, como Urbaser, y también algunas con capital público, como la tecnológica Indra.