Pymes y autónomos duplican la petición de los créditos ICO de la guerra en solo cuatro meses
Las garantías alcanzan los 1.544 millones a cierre de abril y la financiación conseguida por las empresas roza los 2.000 millones ante las dificultades económicas
Los empresas y autónomos han acelerado la utilización de la línea de créditos con aval del ICO puesto en marcha por el Gobierno a raíz de la guerra de Ucrania. Aunque el año pasado, esta iniciativa contó con poco reclamo por las compañías afectadas por el conflicto bélico y sus consecuencias, a lo largo de 2023 su uso se ha incrementado de manera sustancial.
En concreto, según los datos del ICO recabados por THE OBJECTIVE, el volumen de garantías consumidas se situó a finales de abril en los 1.544 millones de euros, es decir, casi el doble de las destinadas a financiación que a cierre del ejercicio anterior, cuando la cuantía no alcanzaba los 800 millones de euros.
Con estos avales, las empresas y los autónomos han conseguido ya una financiación de 1.993 millones de euros, vital para mantener los negocios a flote. Si bien, pese al mayor ritmo de demanda en los últimos meses, en el año que llevan disponibles estas ayudas impulsadas por el Ejecutivo han tenido una acogida poco significativa. De los 10.000 millones de garantías disponibles, solo el 16% se han concedido.
El aumento de la demanda se explica, según fuentes financieras consultadas por este periódico, porque las empresas, principalmente pymes, están notando ya en sus carnes la crisis de la inflación, con unos gastos desmesurados que les obligan a tener que recurrir a nuevos créditos para poder seguir a flote.
Además, tienen que recurrir a la línea ICO ante las cada vez mayores exigencias de los bancos para obtener financiación normal debido a la subida de los tipos de interés, que se han disparado desde que estallara la guerra en Ucrania.
Casi 11.700 operaciones con los créditos ICO de la invasión
Según las cifras, hasta el momento los avales públicos lanzados por la invasión han facilitado préstamos para 11.310 pymes y autónomos y para 350 compañías de mayor tamaño. Los sectores que han tenido que hacer uso de estas ayudas han sido, por número de operaciones, la construcción, el turismo y el ocio, los bienes de equipo, los servicios empresariales y administrativos y la distribución de alimentos y bebidas.
Los negocios de Cataluña son los que más han accedido a la línea del ICO, con un 20% de la financiación otorgada hasta el momento, seguidos de los de Madrid y Andalucía, respectivamente.
La línea de garantías del ICO por la guerra se iba a cerrar a finales de diciembre del pasado ejercicio, pero el Gobierno ante la escasa demanda decidió ampliar once meses el periodo de vigencia de esta financiación en noviembre con el objetivo de ayudar a los negocios en un momento de elevada inflación y aumento generalizado de los costes.
El aval público máximo que pueden obtener los beneficiarios de estos préstamos ICO tras la guerra es de un 80% y el periodo de carencia que se puede disfrutar por esta financiación es de 12 meses. Los bancos tendrán que mantener abiertas las líneas de circulantes para aquellas empresas que obtengan un crédito por la invasión de Ucrania.
El organismo estatal se ha convertido en uno de los instrumentos clave para el Gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura, ya que aglutina una parte esencial de las promesas electorales y las ayudas lanzadas para combatir los problemas económicos. El ICO fue fundamental para salvar al tejido industrial tras la pandemia, ya que sus garantías sirvieron para que la banca concediera hasta 140.000 millones de euros a las empresas con el fin de evitar su quiebra.
Tras la guerra, el ente presidido por Juan Carlos García Quevedo se convirtió también en fundamental para el plan de choque de Sánchez, ya que los nuevos avales fueron la principal partida de las iniciativas aprobadas por el Consejo de Ministros.
En la actualidad, el ICO también está siendo utilizado por el Gobierno. Hace unos días, Moncloa aprobó la línea de avales para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda a través de la compra y la firma de una hipoteca. Una medida, eso sí, que desde el Banco de España ha sido calificada como un parque, debido a que no permitirá terminar con las dificultades para que la juventud pueda emanciparse y disponer de un piso propio.