Ribera desafía a Berlín para que las eléctricas paguen el tope a los precios en época de crisis
Alemania quiere que las intervenciones de los precios las asuman los gobiernos a través de los presupuestos anuales
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
La reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea (UE) está anclada. No hay movimientos para el entendimiento entre los países miembros y, de momento, no hay rastro de que exista un leve ápice de esperanza para el acuerdo. Los suecos cierran así su presidencia al frente del Consejo de la UE sin conseguir este gran objetivo y dejan la puerta abierta para que sea España la encargada de llevarla a cabo. Precisamente, nuestro país, capitaneado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está desafiando a los alemanes para que cuando haya futuras intervenciones de los precios por hipotéticos escenarios de crisis sean las energéticas -y no el Estado (vía presupuestos) como defiende Alemania- las que asuman dicha carga.
El método con el que se quiere llevar a cabo no es otro que imitando el actual Real Decreto-ley 17/2021, con el que se aminoran los ingresos extraordinarios de las hidroeléctricas, renovables y nuclear al vender estas a precio de gas. Una normativa muy polémica en España que está siendo estudiada por los despachos jurídicos de las eléctricas por haberse aprobado un año antes de que Bruselas le diese el visto bueno y cuyo final estaba programado para este mes de junio.
Las fuentes financieras remarcan a este periódico «cómo se está desvirtuando el discurso sobre la reforma del mercado eléctrico europeo y cómo los países están primando sus intereses particulares. Estamos planteando en esta reforma aspectos que se tienen que dar en una situación de crisis«.
La Unión Europea está volviendo al modelo de establecer precios máximos en momentos de crisis. Una medida que puede ser razonable pero que, sin embargo, las fuentes consultadas ponen en cuestión. «Alemania lo que está diciendo es que si se llega a ese momento lo que hay que hacer es que cada gobierno, de su propio bolsillo, compense las facturas de los consumidores. Una posición distinta a la de España, que plantea que sea a través de las eléctricas, por medio de la limitación de los ingresos, la forma con la que el Gobierno recaude el dinero para pagar el recibo».
La discusión en torno a los precios máximos ha dividido a los países del norte con los del sur (sobre todo España y Portugal). Nuestro país, que tiene menos recursos que otros territorios, lo que busca es tener la flexibilidad de sacar estos recursos con el precio de mercado. «Si mañana se necesita poner el precio de las tecnologías a 67 euros el megavatio, recaudo todo lo que esté por encima y se lo quito a las empresas para pagar la factura», sentencian los expertos, que advierten: «España puede ser la gran perjudicada porque si dejamos que cada país haga lo que quiera, los alemanes tendrán más recursos y los españoles pondrán ese límite a las compañías, que se lo acabarán recurriendo«.
Normas temporales para intereses propios
El contrato por diferencia (que son acuerdos de compraventa de energía donde el vendedor paga al comprador la diferencia entre el precio del mercado y el fijado por un gobierno) es otro de los grandes frentes de la reforma del mercado. Los franceses quieren usar estos contratos para su nuclear y cerrar las tarifas con sus industriales, los alemanes lo mismo, pero con el carbón y los españoles tratan con este mecanismo de intervenir el mercado desarrollando las nuevas potencias tecnológicas y subastando la capacidad existente inframarginal. De esta forma, cada territorio ha convertido esta medida en un instrumento regulatorio para sus propios intereses cuando, en principio, se creó como apoyo en determinadas circunstancias para incentivar la entrada de nueva generación.
Las mismas fuentes financieras comentan que esto se extiende también a los mecanismos de capacidad, es decir, las remuneraciones que los estados conceden a los operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad. «Los alemanes defienden que el carbón tiene que estar incluido, los franceses opinan lo mismo, pero con la nuclear, y nuestro país quería que este instrumento solo fuera para nueva potencia limpia en carbono, dejando fuera a la nuclear, la hidráulica y estudiando también la exclusión de los ciclos combinados«.
Este último frente afecta de forma directa a la industria de nuestro país. Pedro González, director general de la patronal de los electrointensivos (AEGE), asegura a este periódico que «otros países maximizan las opciones para ayudar a su industria y le buscan fórmulas que les garantice su funcionamiento y su continuidad ofreciéndoles precios competitivos». Señalan que no reciben estas fórmulas equivalentes y que están sufriendo una desventaja competitiva.
