El BEI da 2.000 millones a bancos y empresas españolas para lanzar proyectos sostenibles

El Banco Europeo de Inversiones ha movilizado 2.100 millones de euros en el mes de junio para empresas y bancos españoles con el objetivo de impulsar proyectos sostenibles. Un plan que, según apuntan, «contribuye a la consecución de los objetivos de la Unión Europea». Así, el Grupo Cajamar -que aglutina a varios millones de clientes a través de 19 entidades de crédito-, el Instituto Capital de Finanzas y la energética Iberdrola han sido seleccionados por el brazo financiero de la Unión Europea para desplegar diferentes proyectos verdes.

El pasado 8 de junio se conoció que el BEI y el Grupo Cajamar habían firmado un acuerdo de compra de un título hipotecario por valor de 350 millones de euros que permitirá a Cajamar movilizar hasta 784 millones de euros para apoyar la inversión en proyectos de pymes y empresas de mediana capitalización (conocidos en la jerga como mid-caps), especialmente aquellas que tienen su negocio en zonas rurales y vinculadas al sector agroalimentario, y hasta 196 millones de euros para acelerar la transición verde.

«Contribuiremos a dar un nuevo impulso al desarrollo sostenible del tejido empresarial, clave para el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos, y con ello, seguir generando un impacto económico, social y medioambiental positivo en nuestro ámbito de actuación», aseguró el presidente del Grupo Cajamar, Luis Rodríguez.

Hace escasos días, el 21 de junio, se publicó que el BEI iba a conceder al Instituto Capital de Finanzas (ICF) un préstamo de 100 millones de euros para financiar a pymes en Cataluña, que incluía un servicio de asesoría para proyectos sostenibles. El ICF es la banca pública de promoción de Cataluña y su principal misión es impulsar el crecimiento de empresas y entidades.

El préstamo, según apuntaron, tiene como objetivo principal incrementar la competitividad y apoyar la transición verde de las pymes y mid-caps catalanas, poniendo un especial énfasis en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, la mejora de la eficiencia energética y la mitigación de los efectos del cambio climático. Por otro lado, se pretende facilitar la financiación en gran medida de proyectos sostenibles de hasta 25 millones de euros, que estén vinculados con la mejora de la eficiencia energética de edificios, la reducción de emisiones derivados del transporte de personas o mercancías o la producción de energía renovable entre otros.

Por último, a mediados de mes, Iberdrola y el Banco Europeo de Inversiones oficializaron su apuesta por el desarrollo verde. El acuerdo de financiación tiene un valor de 1.000 millones para acelerar la transición energética en Europa mediante la construcción de una amplia cartera de unas 19 plantas fotovoltaicas y tres eólicas en tierra en España, Portugal y Alemania. Además, la construcción de estas plantas movilizará una inversión conjunta superior a los 1.700 millones de euros y su capacidad total instalada será de 2,2 gigavatios. «El proyecto contribuirá a acelerar la transición energética, la seguridad del abastecimiento de energía, la acción por el clima y la cohesión social en Europa», comentan.

Desarrollo de proyectos atascados

Pese a este despliegue inédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por desarrollar planes verdes, hoy en España hay cientos de proyectos de energías renovables sumidos en la mayor de las incertidumbres. Así, tienen como fecha límite el próximo 25 de julio para conseguir las licencias definitivas de obra. Esta situación, que preocupa al sector privado y a la oposición, ha empujado al Gobierno a anunciar que está «valorando» la ampliación de los plazos para los hitos fijados.

El nuevo hito administrativo se tiene que cumplir dos días después de las elecciones generales, que están convocadas para el próximo 23 de julio, y, al igual que sucedió en enero, ha inundado de dudas a los empresarios ante el hecho de que será complicado cumplirlo en esos plazos. Ya que los promotores deben aceptar las adaptaciones de los proyectos de las DIA (declaración de impacto medioambiental) y pasarlas nuevamente a información pública para conseguir la autorización administrativa de construcción. El pasado 25 de enero se vivió una situación parecida cuando finalmente se aprobó a última hora por el Ministerio de Ribera un total de 202 expedientes de proyectos de energías renovables al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el 100% de los que debían obtener la DIA.