La deuda pública por persona se ha elevado en 8.000 euros desde que Sánchez gobierna
El endeudamiento de la economía española se agravará con la subida de tipos de interés bancario prevista para julio
Pese a que los indicadores macroeconómicos están experimentando una mejora mayor de la esperada, la tendencia de la deuda pública de España sigue estando en unos niveles muy elevados, tanto que la deuda nacional supera ampliamente los 1,5 billones de euros, lo que nos lleva -analiza el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria-, a que el incremento de la deuda por cada ciudadano haya sido de casi 8.000 euros, que en el caso de los hogares alcanza casi los 20.000 euros. De hecho, ese endeudamiento es preocupante también por la carga de intereses que provoca.
Así, aunque el Tesoro ha realizado bien su trabajo alargando la vida media de la cartera, que minimiza el impacto de potenciales futuras subidas de tipos de interés, esta vida media ha descendido ligeramente, desde los 8,12 años de hace unos meses, a los 8 años, posteriormente y, ahora, a los 7,9 años, todo el endeudamiento nuevo (hasta 2025 se moverá entre los 70.000 millones previstos en su Estrategia de Financiación para 2023 y los cerca de 35.000 millones para 2025) se financiará más caro, como ya está sucediendo en estos momentos.
Eso -mantiene el Observatorio económico de la UFV, en las Perspectivas Económicas del Verano analizadas por THE OBJECTIVE-, nos daría un incremento importante en el coste de la deuda a reflejar en el capítulo III, tomando la deuda actual que refleja el Tesoro en su estadística actual (sólo la del Estado), de 1,292475410 billones de euros, e incrementada por el endeudamiento nuevo de 2023, que la eleva hasta los 1,362 billones a cierre de este ejercicio.
De hecho, el coste medio actual del último año cerrado (2022) es de 1,73% de toda la cartera -casi una décima más que en 2021-, que supone un coste de 23.570,82 millones de euros.
El efecto de los intereses sobre la deuda
El Observatorio Económico de la UFV, que dirige José María Rotellar, ha hecho para este informe un cálculo sobre el efecto que el incremento de los intereses puede tener sobre la deuda pública. De esta manera, y si el coste medio de la cartera subiese hasta los niveles de 2019 (un 2,19%), entonces el coste de la deuda sería de 29.838 millones de euros, 2.000 millones más que lo
que habría supuesto con la cartera media resultante del cierre de 2021 para
semejante cálculo.
Asimismo, y si el coste medio de la cartera subiese al 2,64% (un punto más que el de cierre de 2021), el coste de la deuda sería de 35.969 millones de euros, 3.100 millones más que semejante cálculo con las cifras de deuda de 2021.
Por otra parte, y si el coste medio de la cartera subiese al 3% (coste medio de 2014-2015), el coste de la deuda sería de 40.874 millones de euros, 3.500 millones más que semejante cálculo con las cifras de deuda de 2021.
Así, por cada punto porcentual de subida en el coste de financiación medio de toda la cartera, el incremento del coste de la deuda sería de 13.624,75 millones de euros, casi 1.200 millones de euros más que con los datos de deuda de 2021. Dicho de otra manera, por cada punto básico de subida en el coste de financiación medio de toda la cartera, el incremento del coste de la deuda sería de 136,25 millones de euros millones de euros, 12 millones más que con los datos de deuda de 2021. Además, por cada 100 millones de incremento de deuda y un punto básico de incremento de interés, el coste de la deuda aumenta en 10.000 euros.
Deberes para el próximo Gobierno
Con este escenario de deuda, considerando que el mercado laboral español no ha recuperado el número de horas trabajadas de los niveles precovid, y que el crecimiento de la economía se sustenta sobre un ingente gasto público, que -sostiene el Observatorio de la UFV- «es casi 80.000 millones de euros mayor que en 2018, y eso únicamente en lo referente al techo de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado, sin contar el resto de las administraciones», los economistas de la institución proponen una batería de medidas de carácter económico para cambiar, lo que ellos llaman un quinquenio erróneo, que ha acabado frenando el crecimiento de nuestra economía y generando además muchos desequilibrios estructurales importantes.
Además, con el retorno de las reglas fiscales en 2024 en el seno de la UE el Observatorio propone la realización de reformas profundas en la economía española, que debería aplicar el próximo Gobierno, del signo que sea, para conseguir incrementar el crecimiento potencial, reducir estructuralmente tanto la tasa de desempleo como el déficit, reducir la deuda y, aumentar la seguridad jurídica para atraer inversiones que generen actividad y puestos de trabajo.
Unas recomendaciones que pasan por una reforma profunda de la educación, orientada hacia la demanda empresarial; la eliminación del gasto público improductivo «que ha crecido extraordinariamente durante los últimos cinco años»; la eliminación del mal llamado impuesto a las grandes fortunas.
Finalmente, recomiendan también la alcanzar el equilibrio presupuestario, reformar el actual sistema de pensiones y, reformar la gestión pública para conseguir un verdadero incremento de eficiencia en el sector público.
Las 100 prioridades de la CEOE
También esta semana pasada, la CEOE presentó un documento con 100 propuestas de cara al Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio, entre las que destacan toda una batería de medidas fiscales, como rebajar el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, suprimir el Impuesto de Patrimonio y evitar la creación de nuevas figuras fiscales.
El documento, de unas 30 páginas ratificado por el Comité Ejecutivo de la patronal, hace además una defensa encendida del valor de las empresas como principal garantía para el crecimiento de la economía española, ante las críticas recibidas por los empresarios desde algunos miembros del Gobierno durante esta legislatura. Para CEOE, se trata de «una demanda de respeto a los miles de hombres y mujeres que en España arriesgan sus recursos y ponen en juego sus ahorros para convertirlos en más actividad, más empleo y más ingresos públicos con los que sostener el bienestar de todos».
El documento, titulado ‘100 Prioridades Empresariales’, se articula en torno a siete ejes que CEOE considera esenciales para estructurar las políticas económicas de los próximos años y garantizar el crecimiento de la economía y la creación de empleo.
Uno de esos ejes es el referido a la reducción de la presión fiscal, que pasa por rebajar el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF y por crear un sistema de incentivos fiscales a la inversión para la creación de empleo, la estabilidad y simplicidad de los instrumentos de apoyo a la I+D+i. Asimismo, plantea la reducción de las cuotas de la Seguridad Social, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio o la rebaja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
La patronal de empresarios también demanda «evitar» la creación de nuevos impuestos, en clara referencia a la aprobación esta legislatura de los nuevos tributos a las energéticas, la banca o las grandes fortunas. El texto también destaca el empleo como pilar básico de la competitividad. En este ámbito, CEOE reivindica la negociación colectiva como garantía de la calidad en el empleo, «que debe tener un mayor papel regulador, limitando la función del legislador a lo estrictamente necesario».
Igualmente, solicita una reforma en profundidad de los servicios públicos de empleo que fomente la colaboración público-privada; la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo; o la adecuada integración del nivel asistencial de desempleo con el Ingreso Mínimo Vital y facilitar su compatibilidad con el trabajo.
La patronal también demanda una mayor conexión de políticas educativas y formativas y plantea una Estrategia Global de Cualificación y Formación que racionalice e integre todos los instrumentos relacionados con la gestión del talento.