El sector porcino dice que sus ingresos caerán un 11% por la burocracia sobre bienestar animal
El nuevo decreto español y la norma que prepara la UE supondrán cambios importantes en las granjas de varios sectores
Los ganaderos piden ampliar el plazo de adaptación del decreto de bienestar animal. | Diego Casillas (Europa Press)
Los ganaderos llevan tiempo denunciando la cantidad de burocracia necesaria para cumplir con las distintas normativas de bienestar animal que se han aprobado en España y se espera que se aprueben en la Unión Europea. Ahora, el sector porcino denuncia que en concreto en su caso, los cambios que implica «la acumulación de normas europeas y estatales» supondrá una reducción de ingresos de un 11% para las granjas de este tipo, según los cálculos hechos por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
La organización denuncia un «aluvión de normativas estatales y europeas en materia de bienestar animal» que está «provocando un desconcierto y la incertidumbre entre los ganaderos de porcino». Una situación en materia legal que supone un aumento muy notable de la burocracia necesaria para adaptarse a la normativa.
Preocupa sobre todo la normativa en relación a la densidad máxima de animales en las granjas, una condición incluida en el real decreto que entró en vigor en marzo que las granjas existentes tendrán que adoptar, como máximo, en los próximos dos años.
Este decreto establece unas medidas mínimas que debe tener el espacio destinado a cada animal, dependiendo de su peso, superiores a las que marcaba la antigua normativa, lo que supone que las granjas deberán o reducir el número de animales que albergan o ampliar su espacio.
Es aquí donde entra la primera traba burocrática, según explica en una conversación con THE OBJECTIVE Jaume Bernis, responsable estatal del sector porcino de COAG. «Toda legislación de bienestar animal que implique que se tengan que hacer reformas, tienes que pedir los permisos de obras», dice el ganadero, que insiste en que estos permisos no están garantizados, pues dependerá del municipio donde se presenten y las normativas que hayan cambiado desde la creación de la granja para que la petición sea aceptada o no.
«Puede que no quieran dar permisos de ampliación, que hay algunos municipios en España donde ya está pasando. Entonces, automáticamente a ti te han reducido este 11-14% de ingresos y de capacidad de la granja», añade Bernis.
Además, desde COAG denuncian que estos trámites burocráticos «son imposibles de afrontar con el periodo transitorio de dos años que se ha concedido». Por tanto, en muchos casos será más viable la opción de reducir la cantidad de cerdos en la granja, con una densidad entre un 7% y un 12% menor a la actual. Según sus cuentas, esto supondrá un 11% menos de ingresos.
A la espera de la normativa europea
Sin embargo, el principal problema no es ni la ampliación de las granjas ni la burocracia que lleva asociada, sino que, según denuncian los ganaderos, es el hecho de que no se haya esperado para crear la normativa española a conocer la europea, lo que puede suponer que a corto plazo la industria tenga que acometer nuevas reformas y cambios en distintos ámbitos.
«Lo más preocupante es que en Europa se está trabajando para una actualización de la normativa de bienestar animal y aquí en España lo que han hecho es cambiar el real decreto que ya estaba hecho», dice Bernis. Por tanto, la «inquietud» se debe a la posibilidad de que una vez que se apruebe la norma europea, esta actualice o contradiga algunas de las condiciones impuestas por la española y, por tanto, obligue a hacer nuevas inversiones y reformas.
«Lo que pedimos es que si se está trabajando la norma europea, que esperen a que salga, porque igual, como ya ha pasado otras veces, aquí decimos blanco y luego es negro», añade Bernis.
Por eso, la organización está pidiendo una moratoria de la aplicación del real decreto de bienestar animal que entró en vigor hace tres meses. «COAG reclama un periodo transitorio superior a dos años para que las normativas nacionales y europeas no se solapen», dice la organización ganadera, que denuncia además que el corto periodo de tiempo que se da entre las actualizaciones de las leyes y decretos «no deja tiempo al ganadero para amortizar inversiones».
La legislación de la Unión Europea está todavía en fase de preparación y se espera que el borrador esté listo este mismo año. Abarcará distintos sectores dentro de la ganadería e incluso acuicultura y regulará ámbitos como el transporte de animales vivos, el espacio dedicado a los animales y la alimentación, entre otros.
La producción ya está bajando
Estos cambios en el decreto de bienestar animal llegan en un contexto en el que la producción de carne de porcino ya sigue una tendencia a la baja. En 2022, cayó un 2,2%, una cifra que aumenta hasta el 6,84% en el primer trimestre de 2023, según los datos que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
«La tendencia a futuro marca una bajada de producción», admite Bernis, que reconoce que esto podría afectar al consumidor con una subida de precios. «Si hay menos producción, normalmente lo que hace el mercado es subir el valor de lo que se produce», dice, aunque señala que no se puede predecir si se incrementará el precio finalmente.
